Hay, lo que sea su voluntad...

Protestar es una profesión que requiere tiempo, dinero y pulmón. Las causas son muchas y cuando no las hay se inventan. Porque lo de menos es ahorcar el tránsito, impedir que otros pasen. Lo que vale es protestar. No hay más. Además, si alguien osara cuestionar el derecho a la protesta, falta con restregar la Constitución: ese libro sagrado de nuestra historia.

La protesta es un medio que si no existiera, habría que inventarlo. 


Y si no, hay que ver los logros educativos que consiguen los maestros. Como reloj, cada año aprietan la tuerca. Para los maestros las protestas son un peregrinar que tienen como basílica a la ciudad de México. El mecanismo es sencillo. Los maestros sacrifican las clases de sus alumnos por un logro más noble: el Sindicato. La educación es lo de menos. Lo que importa es la protesta, la toma de las calles, los gritos y la presión a las autoridades. Aquí no queremos evaluación. 


En el arte de la protesta, hay tradiciones notables: Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán. Su preocupación no es ocupar los peores lugares en las evaluaciones porque la educación es el medio y no el fin. El fin es el sindicato. En tiempos de alternancia y poder desmedido de los gobernadores, un Gabino Cué o un Fausto Vallejo son poca cosa frente al poder de los maestros.

Muchos maestros de este país no serán buenos educadores, pero sí son expertos en marchas. El sindicato de la educación, no importa cuál, es un proveedor inagotable de protestas. Hay puntualidad, organización y sobre todo, conquistas sindicales. ¡Hasta un partido político tienen!

Ser maestro es una conquista, un patrimonio heredable para la protesta. Desde su formación se educan para las calles, y las marchas son el indicador para el avance. No se preocupan por Enlace y la Evaluación Universal, lo más importante es la autoevaluación. Ahí, cada maestro da lo que sea su voluntad. Si esto no fuera suficiente, la autoevaluación propuesta por el CENTE se basará en una asamblea. ¡Mejor no podía ser!

Por eso, bajo la métrica del manifestódromo, de nada sirve que el presidente les diga: “Ya estuvo bueno de eso”. A estas alturas su declaración sólo la registran los periódicos. El tiempo para exigir que se cumpla la ley se le agotó. En el ocaso del poder hasta La Maestra lo apoya. Mientras tanto, nuestra principal institución educativa prepara a nuestros maestros como profesionales de la protesta. Tal vez pronto nos den un merecido reconocimiento.


6 de junio 2012
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9149589

Charrismo mexicano

Las noticias que se han ventilado sobre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y su infaltable líder esta semana, no son novedad. Más aún forman parte de un largo y certero diagnóstico sobre los problemas nacionales. Dicho de otra manera, el problema de los sindicatos es tan sólo uno de los capítulos que aquejan la vida nacional, pero también, es un asunto que expone a todas luces el subdesarrollo del país. Pero aclaro de una vez mi postura antes de entrar en materia. No estoy en contra de los sindicatos ni mucho menos de su existencia y su razón de ser. Más bien considero que son derecho ganado con mucho esfuerzo por las sociedades que nos antecedieron.

En ocasiones ese derecho llevó trágicamente un desenlace violento que les costó la vida a muchos trabajadores. Sin embargo, como ha sucedido con otros logros en el país, los sindicatos se distorsionaron, perdieron el rumbo y ahora, en vez de ser una defensa de los agremiados, son la palanca para riquezas personales, liderazgos perversos, chantajes nacionales. En realidad esta situación que marca lo mismo al sindicato de la educación, el petrolero, el minero y nuevamente el electricista, es producto de un marco institucional que alienta, cobija, tolera, reproduce y hasta respalda legalmente.

En buena medida, los excesos que conocemos son parte de ese arreglo institucional que impera en el país. Se trata de un esquema presente tan vivo como en el pasado. Algunos ejemplos como las partidas millonarias que transfiere el gobierno, eso sí, con cargo a los contribuyentes, para las privilegiadas dirigencias sindicales. Una vez ahí, no importa cuál es su destino, ni tampoco conocer en qué se gasta. Mucho menos pensar en rendir cuentas. Y justamente ese el significado de “autonomía” para los sindicatos gubernamentales.

Si hoy vemos una y otra vez los abusos como en los viejos tiempos del monopolio partidista, es porque las antiguas estructuras nunca se desmontaron. Son los resabios del autoritarismo. Esto significa que seguimos jugando con las mismas reglas del juego, luego entonces, los resultados no tendrían que ser de otra manera sino los mismos. Los desastres que ya conocemos: empresa pobre, sindicato rico.

En medio de la crisis económica, el presidente Felipe Calderón bien pude impulsar la revisión de este añejo problema, sobre todo ante la urgencia y el carácter inaplazable con el asunto del SME. Una posible hipótesis sugiere, tras negarle la “toma de nota” al líder de los electricistas de Luz y Fuerza, Martín Esparza, que ahora sí se hará algo de fondo con el problema que se viene arrastrando desde hace varios sexenios. A principio de su gobierno, Calderón no recurrió al “golpe de timón” para deponer a líderes sindicales corruptos. Le apostó al gradualismo, incluso a negativa la alianza con la maestra Elba Esther. Ahora que las cosas se han vuelto más complicadas, se abre una valiosa oportunidad de retomar el problema a fin de recomponer el rumbo. ¿Qué pasa con otros líderes sindicales? ¿Por qué siguen impunes?

Bien dicen que en la política no hay casualidades, y ojalá así lo sea con la orden de aprehensión que le espera al líder virtual de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia. También, esta semana surgió una oposición al sindicato de Petróleos Mexicanos, en particular para que su líder Carlos Romero Deschamps −el mismo que presume a los reporteros exclusivos relojes−, no se reelija como de costumbre.
¿Esto nos indica que hay una estrategia trazada por el Gobierno Federal? De ser así, son buenas noticias, porque en muchos años, los gobernantes toleraron la corrupción. Por el contrario, si en estos conflictos el Gobierno termina cediendo al chantaje, a la extorsión, el intento por resolver el problema quedará como un discurso de buenas intenciones.

A todo esto ¿qué tienen qué decir y hacer nuestros productivos, visionarios legisladores? La legislatura anterior nos presumió de sus avances y logros, pero no fue capaz de construir las condiciones para el largo plazo. Prestos a apagar el fuego con reformas pequeñas, porque era “lo posible”, renunciaron al futuro por atender el corto plazo. La legislatura anterior dejó el tema de la reforma laboral guardado. No quiso asumir el complicado asunto en materia de trabajo, incluyendo el espinoso caso de los sindicatos. En este sentido, la responsabilidad ahora la tiene el Congreso, en especial el PRI, aunque no le guste, aunque e no lo quiera reconocer. Una razonable reforma laboral puede cerrar la pinza con el problema de los sindicatos que carga el Estado y paga la sociedad.

La solución no está en propinar un “golpe de timón” a estos poderosos personajes de nuestra débil democracia, pero cómo ayudaría, sobre todo, sí necesariamente va acompañado el golpe con cambio radical en las reglas del juego. ¿Le entrarán los legisladores? ¿El PRI nos mostrará su compromiso?

Sindicalismo trasnochado

Del optimismo presidencial al catastrofismo del empresario, nuestro país sufre en cadena los efectos de la crisis mundial: despidos masivos en las empresas, depreciación de la moneda, caída de las ventas en el mercado interno, contracción de la exportaciones, aumento en los precios y finalmente el riesgo que implica no ver la luz al final del túnel. Es cierto que en México no se generó esta crisis como tanto insiste el Gobierno Federal; y también es cierto, que ahora, las finanzas públicas están mejor preparadas que en la catástrofe irresponsable de 1994, cuando la economía mexicana se colapsó.

Sin embargo, también hay que señalar que en muchos sentidos, nuestro país, sigue siendo frágil por una serie de rezagos históricos que han impedido sistemáticamente el crecimiento y desarrollo, o en el mejor de los casos, sólo han privilegiado el crecimiento de unos pocos, en detrimento de la mayoría. Por eso resultan incompletas las declaraciones de Carlos Slim cuando le exige apertura y competencia al gobierno de Felipe Calderón, siendo que el mismo controla una industria con servicios caros y poco competitivos, como bien lo demuestra en sus informes mundiales la OCDE.

Por otro lado, la presencia del Estado Mexicano para regular lo que sí puede y debe regular, ha sido débil e irrelevante, o para decirlo de otra manera: no ha generado la condiciones para una economía competitiva, pero tampoco una economía lo suficientemente dinámica para beneficiar a la mayoría de la población. Revisemos un ejemplo actual, donde claramente la herencia del pasado resulta un obstáculo para el desarrollo, pero al mismo tiempo evidencia las tareas pendientes y básicas que no ha producido el Estado, esa enorme institución, ahora señalada por algunos como “fallida”. Desde el domingo pasado, la Sección 64 del Sindicato Nacional Minero está en huelga al interior de una de las empresas más importantes de la región, Met Mex Peñoles. El asunto parecería trivial y la exigencia de aumentos por parte del Sindicato, en 9% directo al salario y 4% más en prestaciones, se mantiene en el estira y afloja de las negociaciones.

No obstante, resulta irrazonable la petición del sindicato ante los efectos de la propia crisis. Mientras miles de trabajadores en la industria automotriz mundial, la cual también afecta directamente a Coahuila, están sufriendo recortes en su planta laboral, algunos parece que viven en otra realidad, una ajena a los colapsos financieros y las contracciones del mercado. Tal es el caso del Sindicato minero, que lejos de valorar su plaza laboral, ante el paro técnico de sus compañeros en otras industrias, rompen toda lógica, o al menos cordura en el mercado. Y ya sabemos que la huelga no sólo es un asunto interno de una empresa, sino que el hecho desencadena una serie efectos negativos en la economía regional. Y esa es justamente unas de las relaciones obsoletas entre las empresas y los trabajadores. Si lo pensamos en el Estado, la situación es mayor y peor entre la institución y los sindicatos. Y este es sin lugar a dudas, uno de los temas que nos llevan al retraso y que en algún momento nuestros honorables legisladores tendrán que tratar en el Congreso de la Unión.

Actualmente, nuestro país se rige bajo una Ley Federal del Trabajo emitida en 1970, cuando el país vivía otras circunstancias y condiciones hace 39 años. Y no es que lo diga el Secretario de Trabajo, Javier Lozano, en el foro “México ante la crisis ¿Qué hacer para crecer?”, sino se trata de una reforma que los gobiernos mexicanos han dejado legislatura tras legislatura. En el fondo se aspira a modernizar al país y dotarlo de un marco institucional adecuado a las necesidades. Ahí están como muestra, los privilegios perpetuos y las plazas hereditarias del Sindicato de la Educación, o qué decir, de los petróleos y su seguro e inamovible líder corrupto. Cada año el gobierno transfiere miles de millones para mantenerlos tranquilos y apaciguados.

El sindicato minero y su líder virtual no se quedan atrás, al fin que la tecnología facilita las labores de un cacique que nadie puede llamar a cuentas.
Mientras tanto, la crisis no distingue los entusiasmos y los discursos, requiere ante todo acciones inteligentes y duraderas, y si este momento difícil para muchos, no nos lleva a revisar y replantear, a responder y renovar, difícilmente saldremos del atraso en el que llevamos atorados desde mucho tiempo atrás, pero no por la crisis, sino por la pobreza institucional, esa suerte de progreso improductivo que generan los gobiernos.

Nuestros legisladores tienen la palabra, pero la más de las veces, guardan silencio, o simplemente no les importa porque están al servicio de otros intereses que no son los públicos. Si no es esta legislatura, no veo cuándo, pero la reforma laboral no puede esperar más, mientras otros países, incluyendo nuestros vecinos del sur, han presentado mejores condiciones jurídicas para favorecer inversiones, y consecuentemente el empleo, el país mantiene condiciones obsoletas y contraproducentes como la caduca relación que guardan las empresas e instituciones con los sindicatos. ¿Vendrá la reforma que necesita el país, o nos saldrán con la excusa de que aprobaron lo posible a sabiendas de lo deseable?