De alguna manera u otra, políticos y funcionarios han logrado sacarle la vuelta a la transparencia con diferentes artilugios, por no decir mañas.
Los ejercicios realizados, tanto lo propios, como los que han hecho otros al pedir información invocando la Ley de Transparencia, llegan muchas veces al mismo punto: la negación de información, la opacidad. Poco a poco se hizo en los gobiernos la costumbre resistente a la transparencia como una fortaleza que los hace inmunes a las cuentas claras. Más aun, a muchos de nuestros políticos más cercanos, la transparencia les genera urticaria.
Derivado de la experiencia con cientos de solicitudes de información para el caso de Coahuila, se puede establecer un predecible patrón de comportamiento que termina en opacidad. Son al menos seis las “excusas” para no dar la información:
1) La información no se encuentra en el archivo.
2) La información es reservada o confidencial sin importar que no lo sea.
3) La entidad gubernamental presenta un prórroga que extiende los plazo de entrega, sólo para terminar negando la información.
4) Se entrega a medias la información con la pretensión de contestar adecuadamente.
5) Las entidades turnan a otra dependencia o área la búsqueda de información porque no es de su competencia.
6) La información no se responde vía electrónica, obligando al usuario a recogerla directamente, sin importar que el ciudadano se encuentre a cientos de kilómetros de distancia.
En este sentido, los seis obstáculos camino a la transparencia pueden ser claramente identificados por cualquier ciudadano a través del sitio Infomex en la Internet (infocoahuila.org.mx). El sistema tiene la sana virtud de permitir ver las preguntas y respuestas que otros han hecho a las diferentes entidades del gobierno.
De esa manera, podemos establecer con la evidencia documental en la mano -generada por todos esos ciudadanos que han decidido asumir el compromiso para ejercer la transparencia-, una descripción que nos permite situar cómo anda la transparencia en los gobiernos de Coahuila. Por efectos de espacio, me limitaré a describir tres estampas para el caso del Gobierno Estatal, encabezado por el profesor Humberto Moreira. Posteriormente y en otra editorial abordaré el caso del Ayuntamiento de Torreón, dirigido por José Ángel Pérez.
Primera estampa: las Farmacias de la Gente.
El gasto social destinado a los más pobres del Estado, es uno de los sellos más loables y uno de los logros importantes del gobierno de Moreira. El programa de Farmacias de la Gente busca proporcionar, por medio de 300 farmacias en diversos puntos de la entidad, medicamentos a un precio de 10 pesos por pieza, lo cual beneficia sin lugar a dudas a muchas familias que no pueden adquirir esos productos para su salud. ¿Pero, cuánto le cuesta a los contribuyentes un programa cómo este? ¿A cuánto ascienden los contratos para operar las farmacias y a quién se le asignan? ¿Cuál es el plan operativo que sustenta el proyecto?
La respuesta oficial de la Secretaría de Finanzas a estas preguntas, que no son secreto de Estado, ni tampoco ponen en riesgo la seguridad pública fue sencilla: “la totalidad de la información contenida en el expediente Farmacias de la Gente” se clasifica reservada por dos años. Claramente estamos en el patrón número dos de la opacidad.
Segunda estampa: Secretaría de Desarrollo Regional para La Laguna.
La impugnada y controvertida Secretaría manejada por Eduardo Olmos, fue creada en marzo del 2007 con la finalidad de atender la dinámica regional en dos grandes campos: obra pública y desarrollo social. Desde entonces la Secretaría ha manejado un presupuesto millonario. El 4 de abril, una nota de El Siglo de Torreón daba cuenta de un presupuesto de 1200 millones de pesos, equiparándose al recurso del Ayuntamiento de Torreón. El presupuesto de egresos programado para 2008, fue de 313.503 millones de pesos. Lo menos que un ciudadano debe conocer es el plan de trabajo, el desglose presupuestal, su estructura administrativa, los sueldos que se erogan, los programas que se manejan, el avance de las obras. Las sorprendentes respuestas que se dieron en abril de 2007 y nuevamente en mayo del presente año fueron las siguientes: a) “No es posible dar la respuesta debido a la carga de trabajo de esta dependencia”, b) “No es posible acceder a su petición debido a que la información no se tiene sistematizada”.
Tercera estampa: el Estadio del Santos.
Como lo prometió en campaña el gobernador, una millonaria inversión que asciende a los 100 millones de pesos, será sumada al nuevo estadio del Santos impulsado por el Grupo Modelo. La Ley de Transparencia obliga a mostrar documentos, así que se solicitó a la Secretaría de Finanzas una copia del cheque que respalda la inversión estatal. El resultado: “En los archivos de esta dependencia no se cuenta con la documentación requerida”. Al final, nadie sabe, nadie supo. Así el estado de la transparencia.
¿Tiene sentido exigir la transparencia a pesar de la cerrazón? Por su puesto que sí, y por lo tanto, no podemos los ciudadanos dejar de vigilar al vigilante.
Hace unos días, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), anunció importantes reformas para fortalecer la transparencia y evitar casos como los antes descritos. Entre las novedades del proyecto de reforma, están los “impactos a favor de la transparencia”. Por ejemplo se pretenden sanciones a funcionarios por incumplimiento de la Ley. También se podrá solicitar la defensa del derecho a la información a través del Infomex. Sin embargo, de concentrarse estas reformas, no tendremos transparencia en automático, más bien habrá que ponerla a prueba, cuestionarla, evaluarla y sobre todo divulgar los resultados.
¿Son estos obstáculos a la transparencia exclusivos del Gobierno Estatal? Lamentablemente no. En los primeros días de junio El Universal reveló que el gobierno del Estado de Veracruz, encabezado por Fidel Herrera, decidió clasificar como reservada y confidencial la información relativa a los gastos de promoción y publicidad institucional, índices delictivos, datos sobre las pensiones alimentarias, viáticos, sueldos y prestaciones de servidores públicos. Incluso la información fue reservada hasta por seis años, con opción a prórroga, por aquello de no dudar de la opacidad de un gobierno.
Finalmente, sea en Veracruz o Coahuila, las resistencias a la transparencia siguen en marcha y nos muestran que la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos es una cultura bien arraigada. Quizá la transparencia no cambie del todo las cosas, pero su uso limita gobiernos.
