Hace unos días, el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Jorge Torres López, anunció la contratación de una deuda por 3,500 millones de pesos, con la finalidad de aplicarlos a obras de infraestructura urbana e industrial, construcción de hospitales y la de un par de teatros en las regiones Norte y Carbonífera. Hasta ahí, nada que suene anormal o sospechoso.
Actualmente, el gobierno de Coahuila es unos de los pocos estados con finanzas públicas sanas. La tendencia es corroborada por la prestigiosa calificadora Standard & Poor’s que sitúa al estado en la categoría “AA”, en otras palabras, lo califica como un Estado con notable fortaleza financiera. En este sentido, la emisión de la deuda en la Bolsa Mexicana de Valores, le permitiría al estado, según la óptica el funcionario, acelerar las inversiones.
Pero nada más sensible en la administración pública, que el manejo de los dineros. Nada más deseable en tiempos de la transparencia, que un buen alumbrado en la administración. Sin embargo, uno se cuestiona la pertinencia de la deuda: ¿Es necesaria, o simplemente se busca hacer obras? ¿Por qué pagar intereses, si tarde que temprano el gobierno estatal recibirá los millonarios beneficios de la reforma fiscal? ¿No sería mejor aplicar un programa que reduzca el elevadísimo gasto corriente que lleva el Estado?
Actualmente, el presupuesto de egresos del Estado nada más destina un 43% del total de sus recursos a sueldos. Una investigación del periodista Jesús Castro publicada en el mes de octubre del 2007, situó a Coahuila como el segundo estado de la República Mexicana que más gasta en el pago de la nómina a funcionarios públicos.
Ahora bien, dos aspectos concretos me hacen dudar con seriedad de la anunciada bursatilización de la deuda: la primera tiene que ver con el resultado de la auditoría realizada al Gobierno Estatal y que fue publicada el pasado 27 de marzo por la Auditoría Superior de la Federación. La segunda proviene de la divulgación, a mediados de abril, del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno por parte del organismo civil Transparencia Mexicana. Ambos casos evidencian claramente la otra cara de la moneda del erario, es decir, uno nos demuestra las irregularidades y la precariedad del manejo de los dineros públicos. El otro caso nos muestra la caída estrepitosa del lugar nueve al deshonroso veinte, que ha experimentado Coahuila -incluyendo municipios y federación en la entidad- en tan sólo dos años.
Al revisar a detalle las 36 páginas que resultaron de la auditoría realizada a la cuenta pública del 2006, ejercida por el gobierno del profesor Humberto Moreira, vemos con una mezcla de asombro e indignación que los recursos públicos fueron manejados con claras irregularidades. La Auditoría Superior revisó dos entidades claves: la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social, a través de la aplicación del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE).
Cito dos ejemplos. Para el programa “Pinta tu Casa”, se detectó que el expediente de la obra no quedó debidamente integrado, ya que no se localizaron documentos del proceso licitatorio como la convocatoria y sus bases. Asimismo no se encontró la documentación comprobatoria que ampara la adquisición de brochas y accesorios.
Otro programa que revisó la Auditoría, fue “Mano con Mano en la Nutrición”, donde encontró irregularidades en la aplicación y reintegración de recursos e intereses generados en una cuenta manejada por la Secretaría de Finanzas. El reporte concluye que desconoce el destino de medio millón de pesos y los respectivos intereses. Tampoco extraña en tales prácticas, que la Auditoría promoviera diez sanciones administrativas, además diversas recomendaciones.
La bandera del actual Gobierno de la Gente tiene como principal lucha las causas sociales y la ayuda a los más pobres del estado, sin embargo, la evidencia mostrada por la Auditoría comprobó que no necesariamente la aplicación de esos recursos impacta con claridad a los grupos más vulnerados. Transcribo unas líneas del dictamen: “Se determinaron algunas debilidades en el control interno, en virtud de que no se cuenta con un mecanismo de planeación para garantizar que el total de los recursos del FISE se orienten a los grupos más pobres o no se asignen a rubros no previstos en la Ley de Coordinación Fiscal”.
La Auditoría Superior de la Federación consideró que en “términos generales el Gobierno del Estado de Coahuila no cumplió con el marco normativo aplicable a la planeación, adjudicación, control, destino y cumplimiento de metas y objetivos, de las operaciones examinadas”
Sí completamos el cuadro de la administración, con la geografía de la corrupción percibida en Coahuila, veremos que estos resultados no son casuales. Mientras que en el año 2005 Coahuila ocupaba el lugar 9 en el Índice de Corrupción entre 32 entidades federativas, para el 2007 caímos libremente al lugar 20.
La duda no es gratuita, ni tampoco la deuda. Al final del día, la verdadera deuda del estado de Coahuila no será con la Bolsa de Valores, sino con los coahuilenses. Actualmente la legitimidad de un gobierno ante los ciudadanos no proviene de cuánto puede regalar. Hablamos entonces de la capacidad y la calidad de los resultados.
No obstante, lo “público” continúa siendo un recurrente eufemismo entre los gobiernos.
¿Qué tiene de “público” el resultado de la cuenta pública del 2007 para que no se revele entre los comunes mortales el documento?
En realidad estamos tan lejos de aquella exigencia de Daniel Cosío Villegas: hacer pública la vida pública.
3 de mayo 2008, El Siglo de Torreón
Actualmente, el gobierno de Coahuila es unos de los pocos estados con finanzas públicas sanas. La tendencia es corroborada por la prestigiosa calificadora Standard & Poor’s que sitúa al estado en la categoría “AA”, en otras palabras, lo califica como un Estado con notable fortaleza financiera. En este sentido, la emisión de la deuda en la Bolsa Mexicana de Valores, le permitiría al estado, según la óptica el funcionario, acelerar las inversiones.
Pero nada más sensible en la administración pública, que el manejo de los dineros. Nada más deseable en tiempos de la transparencia, que un buen alumbrado en la administración. Sin embargo, uno se cuestiona la pertinencia de la deuda: ¿Es necesaria, o simplemente se busca hacer obras? ¿Por qué pagar intereses, si tarde que temprano el gobierno estatal recibirá los millonarios beneficios de la reforma fiscal? ¿No sería mejor aplicar un programa que reduzca el elevadísimo gasto corriente que lleva el Estado?
Actualmente, el presupuesto de egresos del Estado nada más destina un 43% del total de sus recursos a sueldos. Una investigación del periodista Jesús Castro publicada en el mes de octubre del 2007, situó a Coahuila como el segundo estado de la República Mexicana que más gasta en el pago de la nómina a funcionarios públicos.
Ahora bien, dos aspectos concretos me hacen dudar con seriedad de la anunciada bursatilización de la deuda: la primera tiene que ver con el resultado de la auditoría realizada al Gobierno Estatal y que fue publicada el pasado 27 de marzo por la Auditoría Superior de la Federación. La segunda proviene de la divulgación, a mediados de abril, del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno por parte del organismo civil Transparencia Mexicana. Ambos casos evidencian claramente la otra cara de la moneda del erario, es decir, uno nos demuestra las irregularidades y la precariedad del manejo de los dineros públicos. El otro caso nos muestra la caída estrepitosa del lugar nueve al deshonroso veinte, que ha experimentado Coahuila -incluyendo municipios y federación en la entidad- en tan sólo dos años.
Al revisar a detalle las 36 páginas que resultaron de la auditoría realizada a la cuenta pública del 2006, ejercida por el gobierno del profesor Humberto Moreira, vemos con una mezcla de asombro e indignación que los recursos públicos fueron manejados con claras irregularidades. La Auditoría Superior revisó dos entidades claves: la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social, a través de la aplicación del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE).
Cito dos ejemplos. Para el programa “Pinta tu Casa”, se detectó que el expediente de la obra no quedó debidamente integrado, ya que no se localizaron documentos del proceso licitatorio como la convocatoria y sus bases. Asimismo no se encontró la documentación comprobatoria que ampara la adquisición de brochas y accesorios.
Otro programa que revisó la Auditoría, fue “Mano con Mano en la Nutrición”, donde encontró irregularidades en la aplicación y reintegración de recursos e intereses generados en una cuenta manejada por la Secretaría de Finanzas. El reporte concluye que desconoce el destino de medio millón de pesos y los respectivos intereses. Tampoco extraña en tales prácticas, que la Auditoría promoviera diez sanciones administrativas, además diversas recomendaciones.
La bandera del actual Gobierno de la Gente tiene como principal lucha las causas sociales y la ayuda a los más pobres del estado, sin embargo, la evidencia mostrada por la Auditoría comprobó que no necesariamente la aplicación de esos recursos impacta con claridad a los grupos más vulnerados. Transcribo unas líneas del dictamen: “Se determinaron algunas debilidades en el control interno, en virtud de que no se cuenta con un mecanismo de planeación para garantizar que el total de los recursos del FISE se orienten a los grupos más pobres o no se asignen a rubros no previstos en la Ley de Coordinación Fiscal”.
La Auditoría Superior de la Federación consideró que en “términos generales el Gobierno del Estado de Coahuila no cumplió con el marco normativo aplicable a la planeación, adjudicación, control, destino y cumplimiento de metas y objetivos, de las operaciones examinadas”
Sí completamos el cuadro de la administración, con la geografía de la corrupción percibida en Coahuila, veremos que estos resultados no son casuales. Mientras que en el año 2005 Coahuila ocupaba el lugar 9 en el Índice de Corrupción entre 32 entidades federativas, para el 2007 caímos libremente al lugar 20.
La duda no es gratuita, ni tampoco la deuda. Al final del día, la verdadera deuda del estado de Coahuila no será con la Bolsa de Valores, sino con los coahuilenses. Actualmente la legitimidad de un gobierno ante los ciudadanos no proviene de cuánto puede regalar. Hablamos entonces de la capacidad y la calidad de los resultados.
No obstante, lo “público” continúa siendo un recurrente eufemismo entre los gobiernos.
¿Qué tiene de “público” el resultado de la cuenta pública del 2007 para que no se revele entre los comunes mortales el documento?
En realidad estamos tan lejos de aquella exigencia de Daniel Cosío Villegas: hacer pública la vida pública.
3 de mayo 2008, El Siglo de Torreón
