Es lugar común reconocer que las leyes por si mismas no generan costumbres, de la misma manera que un bueno gobierno no se construye con reglamentos. Bien decía Salvador Novo: sería como abolir el hambre por decreto. En México, vamos por un lento tránsito de inventar leyes a cumplirlas, de pasar de la ley como accesorio al difícil imperio de las mismas. Uno de los mayores costos sociales y económicos del Estado mexicano en la actualidad, es la paupérrima cultura de seguir las leyes, y sobre todo la incapacidad crónica para establecer un estado de derecho consistente, capaz de generar certeza, confianza. 6 de cada 10 mexicanos, según la ENCUP 2005, confían poco en las demás personas.
A pesar de esta situación, donde la población parte de la desconfianza, el diseño de un buen marco normativo puede ayudar a hacer la diferencia.
En este sentido, el ayuntamiento de Torreón aprobó en sesión de cabildo el pasado mes de abril, el reglamento de Buen gobierno. ¿En qué consiste este reglamento? ¿Para qué sirve? ¿Cuál será su impacto en los torreonenses de a pie? ¿No se corre el riesgo de sumar un accesorio más a la colección normativa que tenemos?
El espíritu del nuevo reglamento -aunque sofisticado para la precaria ciudadanía que vivimos-, se basa en cuatro vertientes esenciales para fortalecer la cultura democrática: transparencia, legalidad, rendición de cuentas y mejora regulatoria. La exposición de motivos seguida por el ayuntamiento, plantea que “no basta con la legitimidad electoral, con ser honesto, con ser transparente. Hoy en día, ese es el mínimo de un gobierno, son las características básicas que un ciudadano debe esperar y exigir de sus gobernantes, pero de ninguna manera implican el tener un buen gobierno”.
La dudad salta a la vista cuando leemos esto, y no sin razón Salvador Hernández Vélez criticó en su columna de Palabra “las buenas intenciones” del reglamento:
“Hasta el momento en México no hemos abordado con seriedad el asunto de reformar el poder. Se gobierna con los mismos instrumentos del viejo régimen, con los que se gobernaba en la época del partido único. La alternancia, las elecciones más democráticas y competitivas no han construido por si solas las nuevas reglas.Esta falta de nuevos instrumentos se presenta principalmente en el nivel municipal. En los ayuntamientos las fuerzas políticas que pierden, quedan subrepresentadas, el partido ganador obtiene automáticamente la mayoría en el cabildo, independientemente del porcentaje con el que gana”.
Sin embargo, el meollo del asunto no es electoral, ni de colores de partido como piensa Vélez, más bien se trata de la eficiencia y eficacia de los resultados que brinda un gobierno, no importa si es del PRI o PAN, (el PRD a penas si existe). En el viejo régimen la legitimidad se limitaba a los votos, pero ahora los papeles han cambiado. No basta con ganar elecciones, es necesario ofrecer un gobierno de calidad que también pueda ser llamado a cuentas y que al mismo tiempo brinde los espacios propicios para generar políticas públicas entre ciudadanos y autoridades.
Ante la crisis de legitimidad que viven los gobiernos, en parte consecuencia de funcionarios que representan todo, menos los intereses ciudadanos, se ha retomado el valor de la democracia directa como complemento de la democracia representativa. El fracaso de la representación, bien puede ser abordado desde el espacio local, dado que es el espacio más próximo a la población. Me explico, los cambios profundos no van a venir del centro y mucho menos del ombligo del gobierno nacional. Las reformas profundas encuentran tierra fértil en la base que lo conforma: los municipios. Por eso el influyente politólogo Enrique Cabrero los ha llamado “eslabones del desarrollo”.
Hoy por hoy, las posibilidades del cambio social, están en los espacios locales, en los municipios. La fórmula se a invertido, ya no se trata tanto de partir de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba.
La aportación más valiosa del reglamento no es la figura ciudadana de nombre kafkiano, Instituto Ciudadano para el Buen Gobierno. Lo realmente valioso y novedoso son los indicadores de calidad y desempeño que tendrán que generarse para su publicación (actualmente el ayuntamiento, a través de su página de Internet, muestra una lista de frecuencias y descripciones, que en sentido estricto no forman un indicador).
Los indicadores, se vuelven así en una pieza necesaria y fundamental de la rendición de cuentas. Una máxima conocida por las buenas empresas nos dice: si no lo puedes medir, no lo puede evaluar y si queremos mejorar hay que medirlo.
¿Cuántas dependencias, direcciones y subdirecciones, áreas y departamentos del ayuntamiento se encuentran en esa cómoda posición de no medir, ni ser medidas?
El artículo tres del reglamento define los indicadores como “instrumento para la rendición de cuentas que consiste en un conjunto sistematizado de reportes, parámetros, índices, comparativos o cualquier otro medio que sirva para evaluar la eficiencia, eficacia y calidad de los servicios públicos y el ejercicio de las funciones del gobierno municipal, así como los procedimientos, fórmulas y mecanismos para obtener resultados”.
Probablemente desde el presente no veamos las ventajas y los alcances del reglamento, pero lo mismo se pensó en el 2002, cuando el senado aprobó la ley federal de transparencia, que para algunos gobiernos es un perpetuo dolor de cabeza y para otros una excelente herramienta de legitimidad ante los ciudadanos.
Más allá de la ambigua y generosa “voluntad política”, el reglamento de Buen gobierno viene a complementar y fortalecer el instrumento ciudadano de acceso a la información pública. Ahora se trata de obligaciones y no de voluntades. La palabra, como en el caso de la ley de transparencia, la tienen los ciudadanos.
31 de mayo de 2008, El Siglo de Torreón
A pesar de esta situación, donde la población parte de la desconfianza, el diseño de un buen marco normativo puede ayudar a hacer la diferencia.
En este sentido, el ayuntamiento de Torreón aprobó en sesión de cabildo el pasado mes de abril, el reglamento de Buen gobierno. ¿En qué consiste este reglamento? ¿Para qué sirve? ¿Cuál será su impacto en los torreonenses de a pie? ¿No se corre el riesgo de sumar un accesorio más a la colección normativa que tenemos?
El espíritu del nuevo reglamento -aunque sofisticado para la precaria ciudadanía que vivimos-, se basa en cuatro vertientes esenciales para fortalecer la cultura democrática: transparencia, legalidad, rendición de cuentas y mejora regulatoria. La exposición de motivos seguida por el ayuntamiento, plantea que “no basta con la legitimidad electoral, con ser honesto, con ser transparente. Hoy en día, ese es el mínimo de un gobierno, son las características básicas que un ciudadano debe esperar y exigir de sus gobernantes, pero de ninguna manera implican el tener un buen gobierno”.
La dudad salta a la vista cuando leemos esto, y no sin razón Salvador Hernández Vélez criticó en su columna de Palabra “las buenas intenciones” del reglamento:
“Hasta el momento en México no hemos abordado con seriedad el asunto de reformar el poder. Se gobierna con los mismos instrumentos del viejo régimen, con los que se gobernaba en la época del partido único. La alternancia, las elecciones más democráticas y competitivas no han construido por si solas las nuevas reglas.Esta falta de nuevos instrumentos se presenta principalmente en el nivel municipal. En los ayuntamientos las fuerzas políticas que pierden, quedan subrepresentadas, el partido ganador obtiene automáticamente la mayoría en el cabildo, independientemente del porcentaje con el que gana”.
Sin embargo, el meollo del asunto no es electoral, ni de colores de partido como piensa Vélez, más bien se trata de la eficiencia y eficacia de los resultados que brinda un gobierno, no importa si es del PRI o PAN, (el PRD a penas si existe). En el viejo régimen la legitimidad se limitaba a los votos, pero ahora los papeles han cambiado. No basta con ganar elecciones, es necesario ofrecer un gobierno de calidad que también pueda ser llamado a cuentas y que al mismo tiempo brinde los espacios propicios para generar políticas públicas entre ciudadanos y autoridades.
Ante la crisis de legitimidad que viven los gobiernos, en parte consecuencia de funcionarios que representan todo, menos los intereses ciudadanos, se ha retomado el valor de la democracia directa como complemento de la democracia representativa. El fracaso de la representación, bien puede ser abordado desde el espacio local, dado que es el espacio más próximo a la población. Me explico, los cambios profundos no van a venir del centro y mucho menos del ombligo del gobierno nacional. Las reformas profundas encuentran tierra fértil en la base que lo conforma: los municipios. Por eso el influyente politólogo Enrique Cabrero los ha llamado “eslabones del desarrollo”.
Hoy por hoy, las posibilidades del cambio social, están en los espacios locales, en los municipios. La fórmula se a invertido, ya no se trata tanto de partir de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba.
La aportación más valiosa del reglamento no es la figura ciudadana de nombre kafkiano, Instituto Ciudadano para el Buen Gobierno. Lo realmente valioso y novedoso son los indicadores de calidad y desempeño que tendrán que generarse para su publicación (actualmente el ayuntamiento, a través de su página de Internet, muestra una lista de frecuencias y descripciones, que en sentido estricto no forman un indicador).
Los indicadores, se vuelven así en una pieza necesaria y fundamental de la rendición de cuentas. Una máxima conocida por las buenas empresas nos dice: si no lo puedes medir, no lo puede evaluar y si queremos mejorar hay que medirlo.
¿Cuántas dependencias, direcciones y subdirecciones, áreas y departamentos del ayuntamiento se encuentran en esa cómoda posición de no medir, ni ser medidas?
El artículo tres del reglamento define los indicadores como “instrumento para la rendición de cuentas que consiste en un conjunto sistematizado de reportes, parámetros, índices, comparativos o cualquier otro medio que sirva para evaluar la eficiencia, eficacia y calidad de los servicios públicos y el ejercicio de las funciones del gobierno municipal, así como los procedimientos, fórmulas y mecanismos para obtener resultados”.
Probablemente desde el presente no veamos las ventajas y los alcances del reglamento, pero lo mismo se pensó en el 2002, cuando el senado aprobó la ley federal de transparencia, que para algunos gobiernos es un perpetuo dolor de cabeza y para otros una excelente herramienta de legitimidad ante los ciudadanos.
Más allá de la ambigua y generosa “voluntad política”, el reglamento de Buen gobierno viene a complementar y fortalecer el instrumento ciudadano de acceso a la información pública. Ahora se trata de obligaciones y no de voluntades. La palabra, como en el caso de la ley de transparencia, la tienen los ciudadanos.
31 de mayo de 2008, El Siglo de Torreón
