Las más de las veces, los cambios en las sociedades son lentos. Tan paulatinos que resultan imperceptibles desde el presente. También hay atajos para el cambio: las revoluciones, los pactos fundacionales, las crisis. Desde nuestro presente, sobre todo los últimos diez años, el ritmo de la democracia mexicana nos desespera por sus raquíticos logros, nos decepciona por la calidad de los resultados. No obstante, hay cambios que no debemos perder de vista ni menospreciar.
Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ratificó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al fuero de los militares y la obligación de ser juzgados por instancias civiles.
Se trata de una pequeña, pero profunda victoria a favor de los derechos humanos y la acotación del poder.
De alguna manera se desmontan los resabios del autoritarismo. Por lo mismo, detrás de la positiva sentencia está un caso paradigmático de la llamada “Guerra sucia”. Rosendo Radilla fue desaparecido en 1974 en Guerrero por militares. Aparentemente el asuntó quedó sepultado en el pasado, pero la extraordinaria lucha su familia movió al Estado Mexicano. Un caso, una familia, provocó un cambio. ¿Qué vendrá en el futuro para el país por los desaparecidos de la “guerra contra el narco”?
El caso Radilla enlaza el pasado con nuestro presente. Tras años de violencia desatada por los cárteles en el México del siglo XXI, el ejército, una institución que goza de confianza y credibilidad frente a los mexicanos, ha enfrentado la crisis de seguridad en el país. En su paso se ha enfrentado con casos de abusos y asesinatos de civiles. De los estudiantes del Tecnológico de Monterrey a la familia de Tamaulipas, de los jóvenes de Sinaloa al chico de Cuernavaca. ¿Necesitamos más ejemplos?
La sentencia de la Suprema Corte abre el camino para que los abusos de militares contra civiles sean juzgados por instancias civiles y no bajo la opacidad de la justicia militar. Esto implica un profundo cambio entre la relación de las autoridades militares y la sociedad. Desde luego que no les ha gustado a los militares, pero no hay marcha para atrás.
Recuerdo aquí cómo recientemente en España, una mujer embarazada rompió el paradigma del ministerio de Defensa. Carme Chacón asumió el cargo estando embarazada. Al final, la sociedad española había asumido un profundo cambio con sus autoridades militares.
En nuestro país, a pesar de la oposición que ha encontrado la propuesta de la ley de seguridad nacional entre los círculos políticos y militares, tendrá que incluir necesariamente esta nueva relación.
15 de julio 2011
