Bajo la máxima churchilleana, la democracia es el menos malo de los sistemas políticos. Lo dijo con claridad un hombre que vivió la guerra y vio cómo un dictador fuera de toda razón aplastó libertades, causó millones de muertes e instauró un Estado Totalitario. A partir de entonces, una oleada de naciones adoptó la democracia como forma de gobierno. Unas sociedades migraron con relativa rapidez y éxito, otras vivieron el desencanto.
Uno de los más brillantes estudiosos del caso mexicano, ahora metido a político con un papel olvidable, ha escrito que la diferencia de la transición en México en relación a otras transiciones en el mundo, es el ritmo. Lento, muy lento se han fraguado cambios importantes, aunque desde el presente los percibimos como normales. Y si no, sólo piense en la credencial de elector, el IFE autónomo, la confianza en las elecciones, el acceso a la información. En esa larga marcha, el árbitro electoral alcanzó su mejor fama a finales de los años noventa del siglo veinte. Después logró resistir la elección más competida de nuestra historia reciente, donde el ganador aventajó por una distancia de ¡0.56 por ciento!
De cara al 2012 llegamos con árbitro cuestionado, obeso por su gasto, y menguado por la mano de los partidos políticos. Es hora que los legisladores, obligados por ley a nombrar a los nuevos consejeros, no lo han hecho. Con todos los adjetivos y las insatisfacciones que se quiera enumerar, el tránsito a la democracia se logró, pero eso por sí solo no ha fortaleció sustancialmente la justicia ni tampoco la rendición de cuentas.
Así, llegaremos otra vez a las elecciones presidenciales más caras de Latinoamérica. En principio, el financiamiento público a los partidos fue necesario y deseable, pero lo que fue una virtud para transitar a la democracia, hoy se ha convertido en abuso. El consejo del IFE ha solicitado más de 15 mil millones de pesos, de los cuales 5 mil irán a los partidos. Muy lejos estamos de la palabra de los legisladores, cuando en 2007 hicieron una reforma bajo el falso supuesto de ahorro al erario.
Al final, los mexicanos sostenemos una ostentosa democracia. Un estudio del CIDE (2010), ha demostrado que “el costo promedio por elector en América Latina es de 0.94 dólares, mientras que en México es de 17.24 dólares, muy por encima de países como Argentina o Brasil, cuyo costo por elector asciende a 0.41 dólares y 0.29 dólares, respectivamente”. Estamos en el laberinto de los partidos con una sociedad que no se decide a fijar otros límites.
27 de julio 2011
