De tapados y bloqueos

Al principio, el bloqueo parecía una cosa normal, una protesta más de la que suelen aparecer en el país, sin embargo, la continuidad, la organización y los días fueron revelando otra cosa. No se trataba de una protesta más, ni tampoco de un simple reclamo, más bien, en los hechos, se asemejó a las formas que suele emplear un partido político a la hora de movilizar gente para su causa. Más tardó en reaccionar el gobierno, más tardó en entender la ciudadanía de qué se trataba, por qué se protestaba, en que los propios bloqueos se multiplicaran en distintos puntos y ciudades. La frontera en Ciudad Juárez, Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, pero también al interior del país, en ciudades como Victoria, Veracruz y Monterrey.

¿De qué se trata? ¿Por qué el malestar? Tras los días, la autoridad fue confirmando las suposiciones: detrás de las movilizaciones “ciudadanas”, del conjunto de “tapados” está el narco. Jugando con los medios y fines, utilizaron lo mismo jóvenes que niños, señoras que ancianos, para bloquear las avenidas, con la finalidad de exigir la salida del ejército de las colonias, el retiro de las operaciones militares contra el narcotráfico. No se trató de un demanda contra las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el ejército, como afirmaban los mensajes de los bloqueos, tampoco de una lucha civil para restablecer un servicio o exigir un beneficio social, sino de la utilización, previo beneficio económico, de la población de escasos recursos para los fines del narco. ¿Cómo explicar esto? ¿Por qué un sector de la sociedad está dispuesto a colaborar con el narco? ¿Qué beneficio les genera, más allá de los 200 o 500 pesos y una mochila con útiles escolares? Pasamos de las narcomantas a las narcoprotestas.

En 1995, el afamado politólogo y sociólogo norteamericano, Robert Putnam, publicó un influyente e innovador ensayo para explicar por qué unos pueblos son exitosos y otros no. Putnam utilizó el concepto de “capital social” para entender un conjunto de redes sociales, normas y confianza que posibilitan alcanzar beneficios sociales e incluso económicos para favorecer el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, la construcción del capital social, requiere de condiciones propicias y valores que le permiten a los grupos de la sociedad cooperar y asociarse para el beneficio mutuo (una comunidad cívica). En este sentido, el concepto de capital social es una útil herramienta para explicar una crisis social como la que vivimos con el crimen organizado. A diferencia de las sociedades exitosas, lo que estamos padeciendo en México, es el lado oscuro del capital social que se promueve desde dos vías: la ausencia de un estado de derecho (la impunidad) y un gobierno ineficaz.

El crimen organizado, por ejemplo, también teje redes de confianza y lealtad, que en ante el incentivo de esas dos vías, sustituye e implanta sus propias reglas. Piénsese en la Mafia. Por otro lado, existe una realidad lacerante entre los mexicanos: no confiamos entre nosotros, lo cual mina claramente el sentido de una comunidad cívica. Menciono un dato para dimensionar la afirmación: 6 de cada 10 mexicanos confían poco en las demás personas (ENCUP, 2005). El asunto de los tapados, los bloqueos y las protestas contra el ejército, son apenas la superficie de una distorsión. Desde hace buen tiempo, el ejército es una de las instituciones públicas que mantiene amplios niveles de confianza y credibilidad entre los mexicanos. En la más reciente encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica realizada en Monterrey (GCE, 18 de febrero), se demuestra que 8 de cada 10 está a favor de la presencia y el reforzamiento del ejército. Otra encuesta, hecha por El Norte (13 de febrero), demuestra que 93% de los regiomontanos, aprueban la presencia del ejército. Entonces, ¿dónde quedaron las protestas?

En el fondo, lo que sí está bien arraigado, es esa cultura de ilegalidad que ha tejido con fuerza sus propias redes sociales, su confianza y solidaridad, ante la ausencia de autoridad. En otras palabras, implanta sus propias reglas con base a un capital social negativo.
Ante la amenaza que impone el narco, ante el poderoso mensaje que manda la violencia, ante las dificultades que implica esta lucha entre gobiernos y entre los propios grupos del crimen organizado, no podemos creer que el problema es sólo de restricciones y mercados, como han propuesto recientemente diversos exmandatarios; ni tampoco es meramente un problema de corrupción e impunidad arrastrada por el gobierno. A lo que me quiero referir, es que todo esto está inmerso en la sociedad, es decir, proviene de ahí, y de las reglas del juego que lo han permitido, que lo han impulsado, pero también que lo han tolerado.

El problema no viene de fuera de la sociedad, ni se originó de algo muy lejano, ajeno a la sociedad misma. Y en este punto, no podemos ignorar la relación que guardan gobierno y sociedad, por dos razones, porque el poder emana o se legitima a través de los ciudadanos, pero también, porque las personas que dan vida al gobierno, provienen de ahí. Entonces, no tenemos el gobierno que nos merecemos, sino el que se nos parece. De la misma manera, el medio millón de “ciudadanos” que el gobierno federal afirma que es parte del narco, proviene de esa sociedad. Lo paradójico del caso, es que cuando se le pregunta a la gente, qué tan responsable es la propia sociedad en la solución del problema, ésta piensa que es el gobierno, el presidente, la policía, los jueces, y casi al final, los ciudadanos (GCE, 2008). Un cambio profundo en la cultura y las instituciones, diría Putnam, requiere tiempo y lentitud.

Sindicalismo trasnochado

Del optimismo presidencial al catastrofismo del empresario, nuestro país sufre en cadena los efectos de la crisis mundial: despidos masivos en las empresas, depreciación de la moneda, caída de las ventas en el mercado interno, contracción de la exportaciones, aumento en los precios y finalmente el riesgo que implica no ver la luz al final del túnel. Es cierto que en México no se generó esta crisis como tanto insiste el Gobierno Federal; y también es cierto, que ahora, las finanzas públicas están mejor preparadas que en la catástrofe irresponsable de 1994, cuando la economía mexicana se colapsó.

Sin embargo, también hay que señalar que en muchos sentidos, nuestro país, sigue siendo frágil por una serie de rezagos históricos que han impedido sistemáticamente el crecimiento y desarrollo, o en el mejor de los casos, sólo han privilegiado el crecimiento de unos pocos, en detrimento de la mayoría. Por eso resultan incompletas las declaraciones de Carlos Slim cuando le exige apertura y competencia al gobierno de Felipe Calderón, siendo que el mismo controla una industria con servicios caros y poco competitivos, como bien lo demuestra en sus informes mundiales la OCDE.

Por otro lado, la presencia del Estado Mexicano para regular lo que sí puede y debe regular, ha sido débil e irrelevante, o para decirlo de otra manera: no ha generado la condiciones para una economía competitiva, pero tampoco una economía lo suficientemente dinámica para beneficiar a la mayoría de la población. Revisemos un ejemplo actual, donde claramente la herencia del pasado resulta un obstáculo para el desarrollo, pero al mismo tiempo evidencia las tareas pendientes y básicas que no ha producido el Estado, esa enorme institución, ahora señalada por algunos como “fallida”. Desde el domingo pasado, la Sección 64 del Sindicato Nacional Minero está en huelga al interior de una de las empresas más importantes de la región, Met Mex Peñoles. El asunto parecería trivial y la exigencia de aumentos por parte del Sindicato, en 9% directo al salario y 4% más en prestaciones, se mantiene en el estira y afloja de las negociaciones.

No obstante, resulta irrazonable la petición del sindicato ante los efectos de la propia crisis. Mientras miles de trabajadores en la industria automotriz mundial, la cual también afecta directamente a Coahuila, están sufriendo recortes en su planta laboral, algunos parece que viven en otra realidad, una ajena a los colapsos financieros y las contracciones del mercado. Tal es el caso del Sindicato minero, que lejos de valorar su plaza laboral, ante el paro técnico de sus compañeros en otras industrias, rompen toda lógica, o al menos cordura en el mercado. Y ya sabemos que la huelga no sólo es un asunto interno de una empresa, sino que el hecho desencadena una serie efectos negativos en la economía regional. Y esa es justamente unas de las relaciones obsoletas entre las empresas y los trabajadores. Si lo pensamos en el Estado, la situación es mayor y peor entre la institución y los sindicatos. Y este es sin lugar a dudas, uno de los temas que nos llevan al retraso y que en algún momento nuestros honorables legisladores tendrán que tratar en el Congreso de la Unión.

Actualmente, nuestro país se rige bajo una Ley Federal del Trabajo emitida en 1970, cuando el país vivía otras circunstancias y condiciones hace 39 años. Y no es que lo diga el Secretario de Trabajo, Javier Lozano, en el foro “México ante la crisis ¿Qué hacer para crecer?”, sino se trata de una reforma que los gobiernos mexicanos han dejado legislatura tras legislatura. En el fondo se aspira a modernizar al país y dotarlo de un marco institucional adecuado a las necesidades. Ahí están como muestra, los privilegios perpetuos y las plazas hereditarias del Sindicato de la Educación, o qué decir, de los petróleos y su seguro e inamovible líder corrupto. Cada año el gobierno transfiere miles de millones para mantenerlos tranquilos y apaciguados.

El sindicato minero y su líder virtual no se quedan atrás, al fin que la tecnología facilita las labores de un cacique que nadie puede llamar a cuentas.
Mientras tanto, la crisis no distingue los entusiasmos y los discursos, requiere ante todo acciones inteligentes y duraderas, y si este momento difícil para muchos, no nos lleva a revisar y replantear, a responder y renovar, difícilmente saldremos del atraso en el que llevamos atorados desde mucho tiempo atrás, pero no por la crisis, sino por la pobreza institucional, esa suerte de progreso improductivo que generan los gobiernos.

Nuestros legisladores tienen la palabra, pero la más de las veces, guardan silencio, o simplemente no les importa porque están al servicio de otros intereses que no son los públicos. Si no es esta legislatura, no veo cuándo, pero la reforma laboral no puede esperar más, mientras otros países, incluyendo nuestros vecinos del sur, han presentado mejores condiciones jurídicas para favorecer inversiones, y consecuentemente el empleo, el país mantiene condiciones obsoletas y contraproducentes como la caduca relación que guardan las empresas e instituciones con los sindicatos. ¿Vendrá la reforma que necesita el país, o nos saldrán con la excusa de que aprobaron lo posible a sabiendas de lo deseable?

Prueba de fuego

Más aburridos que los juegos del futbol de la liga mexicana, resultaron sin lugar a dudas, los famosos spots políticos que veremos repetirse ad nauseam o por millones, que es lo mismo. El inicio del proceso electoral para elegir “representantes” populares en la Cámara de Diputados, estrena la reforma electoral aprobada en el 2007 tras la crisis de la elección presidencial en el 2006. Una de las supuestas bondades que el nuevo código electoral promovía, era hacer campañas menos caras y dispendiosas, pero también quitar las transferencias millonarias de dinero público a las dos principales televisoras, que durante años habían gozado.

Ahora sabemos que en realidad las campañas no nos salen sustancialmente más baratas, sino que siguen costando varios miles de millones no obstante los efectos de la crisis mundial. ¿Dónde quedó el ahorro? ¿Dónde el beneficio para los ciudadanos? Y si bien, el dinero de los contribuyentes no pasó a carretadas hacia las televisoras, los spots tan preciados por la clase política, se multiplicaron entre 2006 y 2009 más de tres veces, hasta acumular la insensata suma de 24 millones con el derecho de los tiempos oficiales. Lo particular del asunto, a pocos días de iniciadas las precampañas, fue la actitud de las dos principales y omnipresentes televisoras ante las nuevas reglas electorales.

La oportunidad para probar las nuevas reglas, se materializaron ante la mirada de quienes observaban los juegos deportivos. Una leyenda interrumpió la trasmisión del Ajusco: “lamentamos esta interrupción, su programación favorita se reanudará en dos minutos. A continuación damos paso a mensajes políticos trasmitidos por orden del IFE, en cumplimiento de las disposiciones del COFIPE aprobadas por el Congreso y promovidas Gobierno Federal y los tres principales partidos políticos “. De esa manera, las televisoras buscaron molestar a los televidentes y pasarle la factura al instituto y de paso a los partidos. Al día siguiente, el conflicto entre IFE y las televisoras llevó al desacuerdo con la disposición de los tiempos oficiales dedicados a las campañas políticas.

Los consejeros del IFE plantearon iniciar un procedimiento administrativo para sancionar a las empresas Televisa y TV Azteca por presuntas violaciones a la ley durante la transmisión de spots, porque técnicamente no siguieron los acuerdos dispuestos. De ser así, aunque no lo aseguro, la próxima semana podríamos ver una sanción clara y contundente contra las intocables televisoras, y entonces, tras el conflicto y las irregularidades, estaríamos conociendo la calidad y capacidad de autonomía y sanción del árbitro electoral, tan urgido de fuerza y legitimidad después de la complicada elección de hace tres años, donde el IFE perdió lo que había ganado en independencia. Hasta hace días, los consejeros del IFE analizaban un estudio técnico y jurídico en el cual encontraron argumentos para sancionar a las televisoras que manipularon y modificaron la pauta de los spots electorales transmitidos el sábado, domingo y lunes pasados.

El monitoreo del instituto ha mostrado que mientras la televisión abierta transmitió en bloques de hasta seis minutos los spots de los partidos políticos y el IFE, la televisión por cable sustituyó ese tiempo aire con anuncios de Televisión Azteca, de sus telenovelas o anuncios promocionales de leche. Los consejeros analizaron dos posibles violaciones manifiestas: la que señala que las televisoras de paga no pueden modificar la pauta que reciban de las televisoras con señal abierta, y la que establece que los concesionarios no pueden comercializar los tiempos que, por ley, deben destinar a los spots de los partidos políticos. De esta manera, la relevancia del conflicto, le abre al IFE y a sus consejeros, la posibilidad de enviar un mensaje poderoso a los diferentes actores que participan en las elecciones, pero sobre todo, un mensaje de confianza al ciudadano.

Se trata de una prueba decisiva, una prueba de fuego para nuestro árbitro electoral, que hasta hace no mucho, fue asaltado por una clase política afectada por sus decisiones. En una democracia funcional, esta historia abierta la semana pasada, estaría acompañada de sanciones inmediatas y ejemplares, y justamente esa es la vulnerabilidad de las instituciones que conforman el Estado, ahora tan puesto en duda por propios y extraños como “Estado fallido”. Sin embargo, y aunque todavía no comparto esa tesis del “Estado fallido”, sí pienso que las actuales condiciones hacen un Estado vulnerable a los imposición de los intereses particulares sobre los públicos. Sin mucha dificultad, un interés creado, un poder fáctico puede sobreponer su interés por encima del bien general y así lo demostraron las televisoras al tratar de imponer una ley de radio y televisión a su medida. El otro escenario posible, lo cual no es ninguna buena noticia, es un IFE nuevamente acorralado y vulnerado por los poderes fácticos.
7 de febrero 2009
El Siglo de Torreón

Millonarias campañas

En plena crisis, cuando muchos de los líderes mundiales que participan en el Foro Económico Mundial en Davos, reconocen que no saben cuándo terminarán los efectos negativos en la economía mundial, ni tampoco cuándo tocará fondo, en México la política parece ir en otro sentido. A partir de hoy, se inicia un nuevo proceso electoral con las precampañas para renovar la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión. El IFE reveló esta semana, la cantidad millonaria, financiada con dinero de los contribuyentes, que ejercerán los partidos para su operación anual y un extra para las elecciones. La friolera suma de 3633 millones será lo que les tocará a los partidos en pleno año de la crisis mundial. Dicho en otras palabras, los partidos, esas instituciones de auténticos privilegios, dignos de primera clase, tendrán casi, 10 millones de pesos diarios si dividimos ese presupuesto, por 365 días.

Como si estuviéramos en tiempos de jauja, de bonanza desbordante, el IFE destinará 2731 millones para las actividades ordinarias de los partidos y 819 millones para gastos de campaña. El PAN será el que más reciba dinero: 1009 millones; mientras que el PRI recibirá 706 y el PRD, 607. Le siguen en la lista, el Verde con 304, el PT con 287. El partido de la maestra Elba Esther, tendrá la modesta suma de 255 millones y finalmente, el conflictivo Socialdemócrata con 189.

No cabe duda, que en eso de la política no hay crisis financiera ni local ni mundial, ni nada que se le parezca. Al mismo tiempo, grandes empresas en el mundo, con influencia en muchos países, incluyendo México, han anunciado miles de recortes de empleos. Tan sólo fueron anunciados 70 mil despidos por estos días, en diversos países. En nuestro país, el IMSS reportó 413 mil despidos, así como el cierre de 5188 empresas, tan sólo el año pasado. Por otro lado, la Secretaría de Hacienda volvió a reajustar sus expectativas económicas para el presente año, y por su parte, el Banco de México, anunció un decremento de -1.8% también estimó que podrían perderse hasta 340 mil empleos. Si bien, no se trata de ser fatalista, y anunciar lo peor como recién declaró el presidente Calderón, no puede uno menos que preguntarse: ¿Es necesario ese gasto millonario en un momento como este? ¿Estamos condenados los contribuyentes, a cargar por siempre con el pesado gasto de los partidos? ¿No es tiempo de ajustar también el dinero en la política? ¿No sería mejor destinar ese dinero a una actividad productiva?

La crisis se agudiza, pero también abre posibilidades de cambios y reconversión en las economías mundiales, así como en los diferentes sectores productivos. Lo preocupante en México es que nuestra política es monolítica e inamovible. En el país, mantenemos un financiamiento público de primera con resultados poco claros para el avance y fortalecimiento de la vida pública. Por el contrario, estamos ante una política insensible, anacrónica y poco adaptada a las circunstancias reales de la mayoría de los mexicanos. Se trata de una política que está blindada de los horrores del desempleo y los vaivenes del mercado. Mientras las percepciones económicas de la mayoría de los mexicanos se contrajo, los dineros de la política aumentan. Y si la reforma electoral significó un “ahorro”, como tanto lo han aclamado los políticos, en el gasto que tradicionalmente se destinaba a publicidad y medios de comunicación, ese “ahorro” no necesariamente se traduce en una política más eficiente, una política de resultados, ni tampoco impacta en ejercicios presupuestales más acordes a las circunstancias. Vale preguntarse si la democracia mexicana, con su actual modelo de financiamiento público millonario, ha producido mayores beneficios a los ciudadanos. La respuesta es un rotundo no. Y es que en realidad uno no se opondría al financiamiento, si este se reflejara en instituciones de calidad o inversiones públicas razonables. En el foro de “propuestas y compromisos” convocado por el Senado, “México ante la crisis: ¿Qué hacer para crecer?”, ni siquiera se plantea la necesidad de reducir sustancialmente el gasto de los partidos, y mucho menos se proponen acciones de austeridad y reasignación de recursos para áreas de inversión pública.

Es hora de revisar a fondo el tema del financiamiento de la política, un país pobre como México, no puede continuar con este improductivo, pero muy adinerado sistema de partidos. ¿Será la crisis la palanca que empuje el necesario cambio o simplemente quedaremos igual, con una política millonaria y poco productiva?

31 de febrero 2009

El Siglo de Torreón

Los ladrones viejos

En los estantes del video club, me topé con "Los ladrones viejos, las leyendas del artegio", una película documental de Everardo González, 2007. Se trata de auténtica pieza que describe las costumbres de los ladrones viejos entre los 60 y 70, esos que aun siguen en la cárcel y que forman parte de una "biblioteca" del crimen olvidada. Resulta sorprendente escuchar, ver en este documental por momentos nostáligico, pero finalemente triste, las reglas tácitas de los profesionales del crimen. Compilo dos:
1) Los ladrones de ahora no son como los de antes, pues había respeto por la persona. Ahora reina la violencia, comenta un legendario ladrón, casi genial.
2) No deja de haber un toque de ironía que dimensiona las latitudes del crimen, pero que al final nos conduce a una especie de justicia, cuando se rememora que Efraín Alcaraz Montes de Oca, alias el Carrizos, conocido como “El Rey de los Zorreros”, robó lo mismo a Luis Echeverría que José López Portillo, ambos en funciones como presidentes. Según declara en el film: robé a ese ratero, me lo chingué y me lo volví a chingar.

¿34 mil idiotas?

Constantemente en México, hablamos de la ley, e incluso, cuando hay que celebrar, decimos que tenemos la mejor constitución del mundo, aunque por lo general, con una aplicación ambigua y poco productiva para el bien común. En otros artículos de esta columna he abordado el tema de la legalidad y también el de la legitimidad. ¿Qué es lo legal? ¿Es la ley y sus actos justa, legítima? ¿Hasta qué punto la legalidad es legitimidad? Ambos conceptos van de la mano, porque uno lleva al otro, sin embargo, esto no siempre es así, porque hay puntos donde la legalidad contradice la legitimidad, pero también, donde la legitimidad resulta ilegal. Mientras la legalidad se refiere a un marco jurídico, a unas reglas del juego establecidas, la legitimidad se pregunta sobre el fundamento de la ley, las acciones que genera y las consecuencias de aplicarla o no. El problema de la legalidad y la legitimidad ha sido abordado frecuentemente por filósofos, juristas y politólogos. Un ejemplo actual lo encontramos en las lecturas clásicas del filósofo Norberto Bobbio, y otro en el jurista, Michelangelo Bovero.

Un caso paradigmático de nuestra vida pública y que bien sirve para ejemplificar esta situación, lo encontramos en Eduardo Olmos Castro. Recientemente se comprobó lo que ya se venía anunciando, el diputado local electo, tomó posesión en el cargo, para inmediatamente renunciar, o como dicen en el argot político, “pedir licencia”. Aquí lo “motivos personales” justifican todo, porque lo fines políticos así lo disponen. El antier polémico Secretario de Desarrollo Regional, dejó su cargo para competir por una curul el 19 de octubre. El resultado de esa elección fue contundente, Olmos Castro consiguió la votación más alta de todo el Estado, 34 mil 923 electores votaron por él, y ahora que por fin llega, no alcanzó a calentar siquiera, la tan deseada curul. Uno podría pensar que Olmos Castro es un político investido de una clara legitimidad, sin embargo, al recordar su historia política, no puede uno menos que pensar en una carrera política enigmática, para la cual no es fácil ofrecer calificativos, ya que si bien, todo ha empezado: diputado federal, secretario de Obras Públicas, secretario de Desarrollo Regional, diputado local; nada ha terminado. Olmos Castro es el ejemplo palpable en lo local, del político que todo empieza, pero nada concluye.

La reciente licencia que solicitó al Congreso de Coahuila, no sólo es un insulto a la inteligencia de su electorado, sino también un claro ejemplo de cómo los cargos públicos son meros medios y no fines. De esta manera, el político priísta deja “colgados” a sus electores, porque en realidad está demostrando su poca seriedad, pero al mismo tiempo, vuelve a evidenciar la inutilidad de las elecciones, porque al final, la elección termina en manos de una grupo político familiar, lo cual desplaza a diestra y siniestra el sentido popular de una elección. ¿De qué valieron esos votos, sino fue entonces para el juego político? ¿Votaron 34 mil idiotas por Olmos Castro? ¿Volverán a votar por él?

Después de Ulises Ruiz y Mario Marín, dos de los mejores exponentes del PRI, no tengo la menor duda de que sí vuelvan a votar, en buena medida, por esa desconcertante nostalgia del pasado que hoy retorna al PRI, a los primeros lugares en prácticamente todas las elecciones del país.
Tienen razón los priístas cuando afirman que el ayer diputado no está haciendo nada ilegal, sin embargo, bien vale preguntarse si en este caso, lo legal es legítimo. El malogrado exalcalde de Saltillo, Fernando de las Fuentes, ahora Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, afirmó que Olmos “no está haciendo nada indebido”, y que no hay “no hay decepción de los electores, porque se votó por un partido”. La explicación es la salida fácil y predecible que hace referencia a la ley. Como la ley no lo prohíbe, entonces está permitido. Estamos ante la lógica del engaño, porque se atiende a la letra legal, incluso para contradecir el espíritu de la misma. Lo hemos visto recientemente con la ficticia aplicación del artículo 134 constitucional, donde se prohíbe expresamente a los funcionarios y políticos, hacer propaganda, pero más tardaron en publicar la reforma constitucional, que en contradecirla, a través de los vacíos que deja la ley, porque al fin y al cabo, no se expresa directamente, ni tampoco se enuncia tal cual. Por eso seguimos viendo el gasto millonario en publicidad, que al final nadie recordará y que termina, como lo demuestran las campaña electorales, en basura.

Al final, lo que sostiene a nuestro sistema político mexicano, es el incentivo a la mediocridad. Por una parte, no existen otras vías para hacer carrera política, como el tema de la reelección de diputados y alcaldes. Por otro, y esto resulta grave, se carece de una rendición de cuentas, con la cual, se pueda apremiar o castigar carreras políticas con base a resultados. Mientras tanto, seguiremos teniendo una vida pública sustentada en muchos o pocos votos, pero carente de legitimidad, porque sencillamente es incapaz de ofrecer resultados.

Contra el Museo Arocena

Indudablemente, una de las mejores obras del Ayuntamiento de Torreón tiene que ver con el rescate del Centro Histórico. Durante años el abandono en calles, edificios, comercios y paseos, se arraigó por todos los rincones. Administraciones municipales fueron y vinieron, pero el problema del Centro seguía ahí, incluído el siempre complicado y espinoso comercio informal. Algunos gobiernos intentaron hacer algo, otros simplemente no les interesó. Por eso resulta loable el logro del alcalde José Ángel Pérez Hernández de retirar a los ambulantes, pero también de iniciar una serie de remodelaciones al espacio urbano por excelencia.



En lo personal apoyo y apruebo el desarrollo del proyecto, incluso hace algunos meses escribía en esta misma columna sobre los beneficios de la dignificación de nuestro espacio público (6-V-08). Sin embargo, hay algo en lo particular que no armoniza con el espíruto del proyecto, y que lejos de dignificar la imagen urbana, la contradice, la niega. Se trata de la instalación de seis módulos con espacio para 18 comerciantes informales en la calle Cepeda, entre las avenidas Hidalgo y Juárez. Justo en el corredor del inmueble cultural más relevante de la ciudad: el Museo Arocena.



Desde su inauguración en agosto de 2006, el Museo se ha convertido en un auténtico catalizador de la cultura en la región, las actividades que ahí se desarrollan, el espacio que ofrece a los laguneros, la calidad e importancia de sus obras, le han aportado a Torreón una gran riqueza inusitada por estas latitudes. Incluso, gracias al Arocena la ciudad, la región cuenta con un espacio digno de cualquier metrópoli. El Museo no sólo no ha retornado a los laguneros al Centro, sino además ha dado a la ciudad una referencia nacional e internacional. Tan sólo en dos años de actividad, ha recibido más de 200 mil visitantes, entre ellos, miles de niños. Por mal cálculo, falta de planeación o pésimo gusto, el Ayuntamiento está a unos pasos de desvirtuar una de las zonas más simbólicas de la ciudad.



¿Se imagina ustedes unos tabaretes a las afueras del Metropolitan o del Museo de Arte Moderno en Nueva York? Ya no nos comparemos con Francia y su fenomal Louvre, simplemente veamos el rescate del Centro en la Ciudad de México. Ni siquiera en la “ciudad de la esperanza”, terreno fértil para informales y multitudinarias marchas por el petróleo, se ha tenido el mal gusto de permitir la instalación de comerciantes informales en los principales museos y patrimonios culturales como el Museo Nacional de Arte, el Palacio de Minería, el Palacio de Bellas Artes, San Ildefonso.



Hay que tener respeto por la historia y lo que materialemente nos queda de ella a través de sus edificios, es lo que tenemos y debemos ciudarlo. En la esquina de Hidalgo y Cepeda está uno de los edificios más bellos y elegantes de La Laguna: el Edificio Arocena. Fue construido hacia 1920, y es una verdadera joya arquitectónica, que hasta conserva, como fiel testigo, su propio elevador. Hacia la Juárez se encuentra otro emblema histórico, el antiguo Banco de La Laguna, un edificio construido con acero y cantera, signo de la modernidad y la bonanza algodonera hacia 1912.



A lo que quiero llegar es a plantear una pregunta que no resulta trivial: ¿Qué clase de ciudad queremos y de qué manera la vamos a proyectar? ¿Porqué así y no de otra manera? No me opongo a la remodelación, ni tampoco a sus fines, pero sí debemos de cuestionar con crítica, con honestidad, la pertinencia de colocar ahí los módulos para los informales, ahora convertidos en vendedores de dulces y artesanías por el Director de Obras Públicas, Aniceto Izaguirre. Quizá el funcionario esté inaugurando una “nueva tendecia urbanística” para nuestra ciudad, porque la tendencia en las ciudades mexicanas, en el mundo es otra. Mientras las cosas van para un lado, nosotros vamos para otro. ¿Nos sería mejor aceptar el error y cambiar de opinión? ¿Acaso nos es de sabios reconsiderar? ¿No estará comprando un nuevo pleito, en pleno año electoral el Ayuntamiento? A todo esto, es fecha de que no sé de la defensa, aunque sea indirecta, del INAH, ni tampoco del INBA y mucho menos de la gris Dirección Municipal de Cultura. ¿Dónde está también la opinión de Ruth Idalia Ysais Antuna, presidenta de la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Cabildo? Se trata, como dijera uno de mis maestros en la universidad, Jesús Silva Herzog Márquez, de la negación de la belleza pública. “El problema, escribe acertadamente el crítico, no es lamentación de decoradores. La fealdad que nos hemos empeñado en promover es un problema urbano, cívico. La belleza no es un lujo, un reclamo superficial que no debe distraernos de lo verdaderamente importante. ¿No tenemos algún recurso frente a la imposición de la fealdad?”



Esta columna apoya y se solidariza con la directora del Museo, Rosario Ramos, quien no ha dudado en manifestar su oposición, pero también su preocupación y apertura por alcanzar un acuerdo donde se beneficien las partes.