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| Fiscal: fuente Zocalo |
De manera cíclica regresamos al mismo punto, pero con un grado más de deterioro. Tampoco hay nada en el ambiente que asegure que no se puede degradar más la situación. Así, no hay sector en la sociedad lagunera libre de los embates de la criminalidad durante los últimos años.
El aberrante episodio ocurrido hace unos días, volvió a conmocionar a la ciudad y ahora el reclamo de un grupo de empresarios repartió las responsabilidades a los tres ámbitos de gobierno. Pidieron la cabeza del Fiscal del Estado, Jesús Torres Charles, y exigieron una solución expedita del crimen. De no cumplirse las exigencias, advierten en un desplegado publicado en la prensa, se tomarán las “medidas pertinentes”. Una de esas medidas es la de suspender el pago de impuestos y contribuciones al gobierno.
Pero vamos a suponer, el gobierno del estado accede a la demanda de los empresarios y corre al fiscal. ¿Eso resuelve la eficiencia de las policías en las calles? O acaso el despido fiscal ¿va a generar una disminución de los asesinatos en las calles? Más que la persona al mando, está el entramado que sostiene a la institución de seguridad. Poco vamos a ganar si despiden al fiscal, porque al fin el acto no resuelve los problemas en las calles. ¿O acaso un nuevo fiscal haría la diferencia? ¿Por qué no se demanda una depuración en el sistema de justicia?
La exigencia de seguridad por parte de los empresarios no es interés de un sector de la sociedad, porque la criminalidad ha demostrado a un precio muy alto, que no respeta clases sociales, ni poder económico o influencias políticas. Por un momento dejemos de lado esas diferencias. Al final el riesgo de perder la vida es para cualquiera. Hay pocos que tiene nombre y entonces, la tragedia se personaliza y detona en la opinión pública. Pero ¿qué sucede con los anónimos que sin medios ni recursos se diluyen en la horrorosa cifra de 35 mil asesinatos?
Están los muertos y también los desaparecidos que se cuentan por miles. El hecho es tan grave, que el Senado acaba de aprobar un dictamen de una iniciativa para conformar un registro nacional de desaparecidos.
Por estos días hay acusaciones y divisiones entre grupos, culpabilidades y propuestas desesperadas, pero lo que no encuentro es una unidad clara en relación a preservar la vida de las personas. ¿Cuánto más necesitamos para reconocer esto?
Milenio 29 de abril 2011
