De impuestos y tenencia

Muchas cosas se dicen de los ciudadanos y del gobierno, pero en concentro, los derechos y sobre todo, las obligaciones nos dicen más de ambos en una democracia. A los ciudadanos nos gustan los derechos, ¡y a quién no! Pero cuando se trata de obligaciones parecemos rehuir. Algo así como ciudadanos a medias. Para recibir estamos atentos, para aportar nos vemos más tarde...
A nadie le gusta pagar impuestos, pero indudablemente, es una condición mínima para el orden del Estado y las instituciones. Mucho o poco, los impuestos, son el dinero público detrás de la mayoría de las obras, los espacios comunes, e inversiones. En ese sentido, hay toda una discusión acerca de la legitimidad de los impuestos, pero en lo que no hay duda, es en la inevitabilidad de los mismos. De acuerdo o no, la obligación de los impuestos es una condición de los ciudadanos. ¿O cómo pensar que se hace el gobierno?

Es cierto, hay unos impuestos más odiosos que otros. Por ejemplo la tenencia, que de unos años para acá se ha puesto de moda quitarla en algunos estados de la República: Querétaro, Durango, Chiapas, Morelos, Puebla, Guanajuato y Jalisco. En otros estados, como en Sonora la promesa no cumplida del gobernador Guillermo Padrés, originó un escandaloso movimiento por la no tenencia. Con menos fuerza, en Coahuila también han surgido grupos en contra de la tenencia. Nada más en Torreón, 18 mil automovilistas han “presentado” amparos contra el impuesto, según declaró Sergio Nava, dirigente de “Sociedad Civil Organizada”.

Uno de los argumentos que dan los quejosos, es la promesa incumplida del gobernador Rubén Moreira, pero aún y cuando la promesa se firme ante notario, ésta no tienen validez para obligar al gobernante. Por lo tanto, es un argumento improcedente.
El líder automovilista da también un argumento económico: “Hemos promovido alrededor de 18 mil demandas de amparo, que equivalen a vehículos que no podemos pagar el alto y excesivo impuesto de control vehicular”. Pero curiosamente entre los amparos están autos de lujo y modelos un tanto recientes. ¿En verdad no pueden o no quieren pagar los impuestos? Regresamos al punto. Derecho: sí queremos usar autos. Obligación: no queremos pagar impuestos por el uso.

Otra curiosidad del argumento económico, supone que es “alto y excesivo impuesto”, pero tener un auto, cuesta anualmente, según el vehículo entre 15 mil y 45 mil pesos nada más en gasolina. Por mucho, varias veces más que la misma tenencia. ¿En verdad no pueden o no quieren pagar el impuesto? A nadie le gusta pagar impuestos, y más con los gobierno que nos cargamos, pero independientemente del gusto, es una obligación del ciudadano. Y si no, ¿con qué cara reclamar luego? Hay quienes han encontrado la salida para evadir impuestos a través del amparo. Pero en el fondo, los supuestos 18 mil amparados, lo que están evitando no es el pago de los derechos vehiculares y la tenencia, sino la corresponsabilidad que implica la ciudadanía. Como su pares, los ciudadanos Onapaffa, lo que promueven los supuestos amparados son versiones de ilegalidad y evasión de impuestos. Tanto gusto encontraron, que hasta se indignan cuando se les cuestiona. En pocas palabras, nada más truhán que promover la evasión con miles de firmas bajo el pretexto de “sociedad civil”.

24 de abril 2013
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9178659

Charolas, amparos y otras historias de impunidad

Charola, dulce, charola...

¡Nada como la charola para librarla! Charola: dícese de una pequeña identificación de metal o papel, para librarse de la ley, la justicia o el alcoholímetro. Sirve también para identificar al funcionario público, al diputado o al senador. Utilícese en caso de emergencia y no se deje al alcance de los niños. Es efectiva para mayores de 18 años y tiene mayor peso, si su cargo es de representación popular. Nota importante: no olvide salir sin ella.

Ese día, Jorge Emilio González, alias el “Niño verde”, salió sin charola. Ya en la fiesta la pasó bien y unos tequilas animaron la noche. De regreso topó con los inconvenientes de la autoridad. La prueba del alcoholímetro no la libró y fue detenido. Para colmo, declaró otro nombre, pero el hambre y el frío traicionaron su identidad. Una más del político por excelencia en México. Al fin, si la charola se olvida en casa, todavía tiene otro recurso para la impunidad: el amparo. Recuerde bien que si olvida la preciada identificación, siempre habrá un amparo bajo la manga. Otros usos de la charola: utilícese como placa de auto. Hombre práctico, el diputado federal José Rangel Espinosa, se ahorró los trámites por derechos vehiculares y tenencia. Ya en el cargo, mandó hacer una versión de la charola como placa de un flamante auto. Así acudía a la Cámara, hasta que un compañero lo exhibió en Twitter. Chabacano e impune, el diputado ofendido por la exhibida en las redes sociales y los medios, amenazó al tuitero. Eso sí, luego hablo de diplomacia y relaciones políticas…

Charola al volante. Con menos presupuesto, el alcalde priista de Mazatlán, Chiapas, Encarnación Martínez Victorio (el nombre no es broma), utiliza una charola prestada, por supuesto, de un diputado federal. Para andar seguro por la calles, porta la charola en el tablero de su coche. Justo ahí, donde todos pueden verla, no vaya a ser que alguna autoridad se atreva aplicar la ley.

Pero estas historias de charolas e impunidad no son simples anécdotas, ni casos extraordinarios, sino una relación generalizada en el país. En ese sentido, no hay duda de que uno de los impedimentos que tiene nuestro país para dar el salto, es su relación la ley y la paupérrima cultura de la legalidad. Hay un desprecio por la legalidad en los ciudadanos, pero también lo hay en muchos políticos. Son las reglas del juego que repetimos. No respondemos y ni podemos responder a otro comportamiento mientras tengamos instituciones débiles, poco consistentes. Una muestra pequeña es el uso de la llamada charola. Se ve como normal, se usa como si fuera el derecho de los unos sobre los otros. En realidad, lo que reflejan estas historias son un vacío enorme en eso que llamamos legalidad y justicia. 

A cambio se llena con la ilegalidad y la justicia del más impune. Esa impunidad es la alienta, permite y reproduce el estado mexicano. Por lo mismo, es una consecuencia lógica “charolear”, violar la ley desde algún cargo de autoridad. Pero lo más grave no es el funcionario que se brinca la ley, el senador que se ampara después de la juerga o el diputado que anda sin placas, sino el poderoso mensaje que mandan a los ciudadanos. “Ustedes también pueden hacer lo mismo”. Y esa es precisamente la ciudadanía que después cosechamos. Y tú ¿te sorprendes, te indignas o te reconoces?

20 de febrero 2013 
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9172944

Ciudadanos ¿quiénes son?

Mal y de malas decimos sobre nuestros gobiernos, pero pocas veces reparamos que si algo reflejan los gobiernos que tanto criticamos, es a los ciudadanos. Entonces, ahí la cosa cambia. Ya no nos gusta tanto señalar, incluso no excusamos con el desinterés o la descalificación en automático: “allá la política, yo me dedico a lo mío”. Hacia el último tercio del siglo XIX, cuando al fin logramos estabilizar un gobierno y dar contenido al estado en México, se idealizó al ciudadano. Incluso, ingenuamente creímos que las leyes escritas como las mejores del mundo, harían al fin, un idílico ciudadano. Ni una cosa ni otra. No fuimos lo que imaginamos. Al respecto, busquen el fascinante libro de Fernando Escalante, Ciudadanos imaginarios, Colegio de México).

Fuente: Encup 2012

Sin embargo, lo que interesa es lo actual. ¿Cómo somos los ciudadanos en el México de hoy? ¿Cuál es nuestra expectativa sobre la política? ¿En quién confiamos? Desde hace varios años, la Secretaría de Gobernación promueve un amplio estudio sobre las prácticas, habilidades y hábitos políticos de la ciudadanía. Se trata de la Encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas, con ediciones para los años 2001, 2003, 2005, 2008 y 2012. La más reciente, con una muestra de 3, 750 casos, fue recién publicada en diciembre del año pasado. Retomo algunos datos.

Para la mitad de los ciudadanos en nuestro país, la política es un asunto muy complicado. Tanto, que a la gran mayoría, 65%, le interesa poco. En otras palabras, para bien o para mal, lo que suceda en la política que impacte sus vidas, ¡no le interesa! Por lo mismo, tenemos políticos tan cómodos que canalizan a su favor ese desinterés. Al contario, sólo 16% le interesa mucho la política. Prácticamente una minoría. Paradójicamente la democracia es un gobierno de mayorías, pero entre nosotros, nada más 18% tienen un conocimiento amplio de lo que sucede constantemente en el país.

Fuente: Encup 2012

¿Qué piensan los mexicanos de la democracia? 6 de cada 10 ciudadanos prefiere la democracia como forma de gobierno. Aunque a 21% le pareció que en algunas circunstancias es preferible un gobierno autoritario. No obstante, 51% se siente insatisfecho con los resultados democracia. Aun así, ya lo decía un famoso político inglés que le tocó luchar contra el nazismo, es el menos peor de los gobiernos.

Es un lugar común maldecir la política por asociación a la corrupción. Pero de cara al gobierno, 7 de cada 10 mexicanos en el país reconoce que los ciudadanos permiten que haya corrupción. ¿Más claro? El dato no sólo es abrumador, sino ofrece una imagen desnuda de los ciudadanos ante el espejo del gobierno. Otra vez, en una proporción similar, 73% afirma que los gobernantes cumplen poco la ley, pero ¿no será más bien reflejo de los ciudadanos que en esa magnitud también la incumplen? Por supuesto, la autocrítica no nos gusta.

Fuente: Encup 2012

En una escala del 0 al 10, todas las autoridades gubernamentales, desde diputados, jueces, presidentes municipales, gobernadores, partidos políticos y policía, están reprobados con 5 ¡y hasta menos! El descrédito es generalizado, y muchas autoridades han hecho todo lo posible porque así sea.

En cambio, la familia es la institución con más confianza entre los mexicanos (7.8 de calificación). Le siguen los médicos (6.6), los maestros (6.3), la iglesia (6.4) y todavía el ejército (6.1). Por supuesto, el estudio da para más. Les propongo abordar en otro texto, las capacidades cívicas para el cambio social. 

6 de enero 2013

Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9168877

Ciudadanos Onappafa

Hace unos días la autoridades locales de Torreón y Coahuila, anunciaron otro operativo para ir contra los autos sin placas o irregulares. La escena se repite, la conocemos y en consecuencia actuamos. Esa parece ser la premisa detrás de cada operativo para sancionar a los conductores de automóviles irregulares. Como en tantos otros aspectos cotidianos, el asunto de las placas revela en mucho el peso de los valores cívicos en la ciudad. Una obligación tan común para muchos, muestra en dos sentidos, la relación entre ciudadanos y gobierno. Por un lado están los ciudadanos que responden a incentivos. Por otro, el gobierno que emite esos incentivos.

Veámoslo desde el duro tema de la seguridad. Se dice que hay necesidad de orden y legalidad en las placas para contribuir a la seguridad en la ciudad. ¡Y la situación no exige menos! Pero además del operativo del gobierno, ¿cuál es el comportamiento de los ciudadanos? Si bien hay un número bien extendido de ciudadanos cumplidos, hay otro tanto que fija sus propias reglas. Enumero tres: están lo que portan placas piratas de organizaciones Onappafa y compañía. Por cierto, cada vez más son lo que utilizan esas “placas” en autos mexicanos, e incluso para modelos recientes. Luego debemos sumar a los que “astutamente” se amparan contra el impuesto (recomiendo ampliamente ver el texto de Gerardo Esquivel: Elogio de la tenencia y el mito del impuesto vehicular ligado a las Olimpiadas). Y finalmente están lo que ni siquiera portan placas. Para fines prácticos podemos llamarlos ciudadanos onappafa, porque al fin los tres han encontrado la salida para los obligaciones ciudadanas. Han sabido librarse de la ley. ¿Acaso representan la tercera parte de los vehículos en la ciudad o ya son la mitad?

Ante el operativo, uno pensaría que ahora sí el gobierno va meter orden. Sin embargo, bajo la presunción de que se trata de otro operativo más, los ciudadanos onappafa saben bien que siempre habrá forma de darle la vuelta a las obligaciones. Si el gobierno aprieta, entonces las organizaciones presionan hasta hacer de los operativos, un esfuerzo irrelevante. Al mismo tiempo un gobierno que renuncia a sus deberes termina por alimentar el círculo vicioso. Lo grave del asunto es que en la calles siempre habrá, bajo esas reglas del juego, motivos para doblar la ley. Entonces ¿tendríamos que sorprendernos de la inseguridad que nos agobia?

Si como en otras ocasiones las autoridades sólo actúan por unos días, el resultado será la consolidación de los ciudadanos onappafa. Esos que exigen derechos, pero rehúyen obligaciones. Ciudadanos dispuestos a romper la ley, pero exigirla cuando se trata de su problema. Ciudadanos indignados por los impuestos, pero indispuestos a llamar a cuentas a las autoridades. Ciudadanos disfuncionales que reflejan gobiernos disfuncionales.

Insisto. El “detalle” de las placas habla mucho de nuestros valores en la ciudad. De nadie más, más que de nosotros mismos.

7 de septiembre 2012
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9158131