Zoon politikon

Fauna política.

Encuestas

Por fin se publican las primeras encuestas. El PRI, siempre más presto y sofisticado que el PAN lleva la delantera no sólo en contratar estudios de opinión, sino en el terreno donde se dispurán las elecciones del próximo 19 de octubre.

¿A dónde va el petróleo?

Pago por obras no ejecutadas; trabajos cuya ejecución fue deficiente; registros contables mal elaborados; inconsistencias en la información presupuestal, contable y fiscal; adjudicación de contratos con dictámenes sin fundamento ni motivación. La historia suena conocida y en varios sentidos se parece a nuestro recién desaparecido DVR, sin embargo, no estoy describiendo la triste y célebre obra de la corrupción, sino el estado actual que guardan los recursos “públicos” generados por el petróleo mexicano.

La pregunta adecuada no es, ¿dónde está el petróleo?, más bien ¿a dónde va?, y sobre todo, dónde y cómo se aplican los recursos producidos. Y esas son justamente las preguntas que hay detrás del informe, que el pasado 29 de julio dio el contador Arturo González de Aragón, como representante de la Auditoría Superior de la Federación.
Expuesto en el marco del Foro Nacional sobre la reforma energética, particularmente en la mesa relativa a los excedentes de petroleros en los estados, el auditor señaló cifras y resultados alarmantes. No obstante, su alarma no proviene de la crisis energética, la escasez, los altos precios y toda esta tendencia de que el tesoro se agota. Se refirió a un ámbito no menos importante: la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos provenientes del “sacrosanto” petróleo.

Actualmente el Estado Mexicano y su enorme burocracia dependen notablemente de lo recursos que genera el “oro negro”. Entre el periodo 2000 a 2007 el petróleo contribuyó a generar el 35% de los ingresos públicos y los fabulosos presupuestos que conllevan, pero también representa casi el 40% de los recursos del gasto federal. Para bien y para mal el Gobierno Federal y los Estados dependen de manera importante del recurso generado por PEMEX. Como nunca, en los últimos años el gobierno mexicano ha tenido ingresos multimillonarios y jugosos excedentes para los estados y municipios, estos dos últimos con una bolsa de 367 mil millones para el periodo 2000 a 2006.

Pero al mismo tiempo podemos decir que como nunca, las entidades federativas, incluyendo Coahuila, habían ejercido tantos recursos públicos con tanta discrecionalidad y opacidad. Y ya sabemos que un deficiente sistema de alumbrado incentiva la corrupción y la malversación del erario. A todo esto, alarman las bien fundamentadas y autorizadas palabras de González de Aragón: no podemos seguir perdiendo todos los días y a cada instante el patrimonio público que pertenece a todos los mexicanos.

Otra vez la pregunta, ¿a dónde va el dinero del petróleo? ¿Por qué tantos golpes de pecho con la soberanía y la privatización si lo recursos son frecuentemente malversados? Después de siete años a partir del 2000, la conclusión acerca de los beneficios del petróleo es lapidaria. El importante monto de recursos excedentes transferidos a las entidades federativas, contrasta con el bajo incremento que las mismas han observado en su infraestructura física patrimonial, con la finalidad de impulsar mayores oportunidades de desarrollo para la sociedad. ¿Y dónde quedó el multicitado desarrollo que los políticos nos venden en nombre de PEMEX?

Hay un aspecto fundamental en todo esto del petróleo y a lo cual no valen las propuestas del ejecutivo federal y el PAN, ni tampoco las del PRI (el PRD aún sigue pensando). Me refiero a que una buena de los recursos que tiene el gobierno -desde el federal hasta el municipal- terminan destinándose al gasto corriente. Ni inversión, ni desarrollo, ni largo plazo. Recuerdo con envidia el caso de Irlanda. Un país pobre en la década de los ochentas del siglo pasado, es decir, la década en la nuestro país también hizo reformas económicas similares. Los irlandeses hicieron una reforma económica que generó los suficientes recursos para promover el desarrollo, pero no el gasto corriente de la burocracia gubernamental. Ese fue el compromiso que los políticos irlandeses respetaron como parte del futuro que estaban construyendo. Hoy por hoy, el presente de Irlanda supera con mucho el desarrollo de las mejores economías europeas.

¿Y en México, cuándo nos alcanzará el desarrollo? Así como están las cosas, no obstante la reforma fiscal aprobada el año pasado, donde refuerza el control de los recursos petroleros transferidos a los estados, la tendencia no parece cambiar y el panorama no es alentador. Cualquier monto de recursos -advierte el auditor-, que se transfiera a las entidades federativas proveniente de los excedentes del petróleo, resultará ineficaz si no se garantiza su aplicación hacia programas de desarrollo estatal, y si no se transparenta mediante una apropiada rendición de cuentas y evaluación de su destino.

Si bien, la debilidad de la Auditoría Superior de la Federación radica en carecer de dientes para fincar sanciones y responsabilidades, no deja de advertir que debemos cerrar los espacios al uso inadecuado de los recursos excedentes que se generan, a la opacidad con la que se manejan y a la discrecionalidad con la que se aplican. Los muros de la opacidad y de los intereses patrimoniales distorsionan la correcta aplicación de los fondos públicos. En esto, más allá de las ideologías, se nos va el petróleo.
2 de agosto 2008

El Siglo de Torreón

425 mil

Se acercan las onerosas campañas electorales del 19 de octubre. Como parte de la reforma electoral, las pautas publicitarias no podrán ser contratadas directamente por los partidos políticos, ni tampoco por los particulares. Esto con la finalidad de transferir el monopolio de los medios a los partidos. Por lo pronto, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila (IEPC) en colaboración con el IFE, acordaron la distribución de la pequeña suma de 425 mil 831 spots por espacio aproximado de 30 segundos durante la programación de 91 estaciones de radio y 36 canales de televisión en Coahuila.

Consulta

Como siempre, en México llegamos tarde y mal a muchas de las innovaciones y cambios que viven otros países en condiciones parecidas a las nuestras. Ya sea en economía, en ciencia o en política, el atraso es palpable. Por estos días a causado gran revuelo el asunto de la reforma energética y especialmente la estrategia del PRD para organizar un consulta ciudadana, en un tema que resulta más técnico que político.

No es difícil anticipar el resultado de la consulta convocada por Marcelo Ebrard, sobre todo por la inducción misma de las dos preguntas -ya lo confirmó con loable autocrítica Ruth Zavaleta-, a realizarse el próximo domingo 27 en el DF.

Tan sólo hace unos días, acá en Torreón, el propio Carlos Mota, preguntó al público lagunero sus posturas sobre PEMEX y la privatización. Las opiniones fueron divididas entre quienes piensan que debe privatizarse y quienes opinan que no. Sin embargo, y a pesar de todas las críticas realizadas a la consulta perredista, el tema de las consultas ciudadanas es algo bien establecido en los países con democracias avanzadas.
Aunque el PRD y su ala radical buscan llevar tendenciosamente agua a su molino y “legitimar” su sistemático rechazo a todo lo que suene a inversión privada, la consulta despierta un gran interés por incorporar a los ciudadanos en las decisiones públicas.

Este método de participación plantea una relación más abierta entre gobierno y sociedad, sobre todo, si pensamos en la extendida crisis de representación que viven muchos gobiernos. En nuestro país el esquema político de las instituciones está diseñado para elegir representantes que asumen el poder por las mayorías. Pero en los últimos años, 17 entidades federativas, entre las que se encuentra el DF y Coahuila, han adoptado en sus leyes formas de participación más cercanas a la democracia directa que a la democracia representativa. Figuras como la consulta popular, la audiencia pública y los todavía controvertidos referendo y plebiscito, forman parte de los medios ciudadanos para influir en las decisiones públicas.

¿Tiene sentido la consulta que plantea el PRD para el caso la Reforma Energética? ¿De verdad estas formas de participación directa tienen capacidad de influir en la vida nacional? Quizá resulte decepcionante, pero la respuesta es no. Explico las razones. No guste o no, los mexicanos estamos sujetos a la constitución general, y ahí no existe ninguna de estas figuras de democracia directa, por lo tanto, lo que hagan o deshagan las entidades federativas no puede influir en el rumbo general país. No obstante, el PRD al conseguir un “no” generalizado, estará reforzando políticamente su postura y minando la propuesta del gobierno federal.

Por otro lado, los ciudadanos que quisieran influir en las decisiones públicas a través de las leyes de participación, se toparán con una serie de obstáculos antes de lograr cambiar las decisiones gubernamentales. Si pensamos por ejemplo, en lo que tenemos en Coahuila, llegaríamos a la misma conclusión. Desde el año 2001 Coahuila cuenta con una pomposa Ley de Participación Ciudadana, ahí se establece el objetivo de “fomentar, promover y salvaguardar el derecho de los ciudadanos y habitantes coahuilenses, para participar en la vida pública”. La Ley enumera al menos seis medios de participación directa como: plebiscito (aprobar o rechazar las decisiones del gobernador y los presidentes municipales), referendo (rechazar o ratificar una ley), la iniciativa y la consulta popular, la colaboración comunitaria y finalmente, la audiencia pública.

¿Con estos instrumentos de participación, los coahuilenses pueden verdaderamente incidir en el rumbo de los gobiernos? Otra vez, la respuesta es no. Veamos los ámbitos del plebiscito y referendo. Tan sólo para que los ciudadanos pudieran convocar una de estas flamantes figuras, tendrían que reunir al menos el 5% del total de los electores coahuilenses registrados en último padrón electoral. Dicho en números, un ciudadano o un conjunto de ciudadanos que deseara participar, tendría que reunir los suficientes recursos económicos para convocar al menos 80 000 electores coahuilenses con sus nombres, firmas y números de credencial de elector. ¡Una labor titánica! Participar en Coahuila bajo estos esquemas es caro, impráctico y con ganas de que nadie lo haga. Seguramente por eso nadie invoca estas figuras.

Regresando al planteamiento inicial, la incorporación de la participación directa de los ciudadanos en las decisiones del gobierno, es un beneficio que en México no podemos ejercer los ciudadanos, no sólo porque la leyes estatales son absurdas, también porque la constitución no lo estipula. La consulta, el referendo y el plebiscito son medios para complementar la tan desgastada democracia representativa.

¿Acaso alguien cree en sus diputados?
26 de julio, El Siglo de Torreón

Durango

Por fin el Congreso local de Durango hizo las reformas pertinentes para reforzar la Ley estatal de Transparencia, como parte de las adecuaciones al artículo sexto constitucional. Los beneficios de esta reforma implican mayores niveles de transparencia obligatoria, pero también la incorporación del sistema de solicitud de información electrónica (INFOMEX), lo que significa que los duranguenses podrán hacer solicitudes por Internet. Al mismo tiempo, la ciudad vecina de Gómez Palacio, al mando de Ricardo Rebollo, tendrá que montarse lo antes posible a reforzar la transparencia, si no quiere seguir haciendo el ridículo, al ocultar la nómina municipal por temor a “envidias”. No sobra recordar que son obligaciones.

"Cochinero"

El partido más barroco en México, el PRD, el mismo que no terminaba por resolver su elección interna, fijó al fin el pasado 19 de julio, la anulación de su proceso interno para la presidencia del partido. ¿Tiene futuro la izquierda? ¿Hay como tal izquierda?
Un excelente trabajo de Roger Bartra responde al respecto: La izquierda ¿en peligro de extinción? (agosto 2007).