fuente: aregional, índice 2011 |
En el camino los candidatos han prometido de todo, incluso han entregado “atractivas” tarjetas. Sin embargo, al “qué” de la oferta política se olvida añadirle el “cómo”, y ya no digamos el “cuánto”. En este sentido, más que declaraciones individuales, hacen falta confrontaciones directas sobre un tema que nos debería ocupar a los contribuyentes: la deuda pública del estado.
En principio que un gobierno contrate deuda no debe alarmar, dado que es un mecanismo normal en la finanzas públicas. Y en ese punto tiene razón Rubén Moreira al hablar de inversión y desarrollo. Lo que en realidad hace ruido es el ritmo abrupto de la deuda que ya ronda los 8 mil millones y quién sabe en cuánto más podría terminar… En su último informe (7 de junio, 2011), Standard & Poor's bajó la calificación de riesgo crediticio por considerar que “la política financiera del estado es poco clara y la difusión de su información financiera es parcial”.
Meses antes (abril 2011), Fitch llegó a una conclusión similar y también bajó la calificación crediticia por “los altos niveles contratados de deuda bancaria de corto y largo plazo tanto del Estado como de sus organismos descentralizados; así como por la falta de claridad en sus políticas y prácticas administrativas en los temas de endeudamiento actual, futuro, y su registro contable”.
En tiempos de transparencia, las resistencias son el pan de cada día. Así, en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas elaborado por la consultora aregional, se mide con regularidad la disponibilidad y calidad de la información fiscal generada por los gobiernos estatales. En vez liderar posiciones, el gobierno estatal se empeña en ocupar lugares mediocres. No sólo hay negligencia ahí, también la falta de contrapesos coloca al estado en una posición muy cómoda.
Durante las últimas semanas las sospechas de corrupción ha generado más dudas sobre el manejo de los dineros públicos en el estado y la defensa de los funcionarios parace limitarse “a los tiempos electorales”. Me temo que estamos ante una historia más de impunidad donde los ciudadanos parecen espectadores.
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26 de junio, 2011