Un frenesí legislativo marcó el paso de los primeros 100 días del gobernador Rubén Moreira. Reformas, leyes, decretos y acuerdos en el Congreso local apuntan el estilo personal de Moreira II. Hay un evidente interés por lo jurídico. Así, la nueva legislatura reproduce las propuestas del gobernador a pies juntillas. Reformas a la constitución del estado. Reformas a la ley de educación, turismo, desarrollo y asistencia social. Reformas al código penal, al sistema de seguridad pública, a la procuraduría y a la ley orgánica del Congreso. Además hay que sumar una sucesión de leyes sobre la venta y consumo de alcohol; prevención social y delincuencia; planeación para el desarrollo; asistencia social.
En realidad, el actual ritmo legislativo lleva un continuo con la legislatura anterior, sobre todo, los últimos meses donde se lanzó la nueva ley de deuda pública (con la cual se legalizó el colosal fraude); una ley para el desarrollo de la juventud; una más sobre bebidas alcohólicas (¿cuál es la obsesión moral con el alcohol?); una ley para distribuir las participaciones federales a los municipios; y sobre todo, la ley orgánica de la administración pública.
Sin ánimo de compilar la actividad legislativa, conviene concentrarnos en dos puntos: las finanzas estatales y la seguridad. En esos dos ámbitos, Rubén deshizo las instituciones que promovió Humberto, entonces Moreira I. El SATEC, que habría de blindar la administración de Humberto por no sé cuántos años, se coronó con la salida y luego “misteriosa” desaparición de Javier Villarreal. Hoy esa institución fue derogada por Rubén. Pero los cambios no son muchos. Sí hay un nuevo nombre, “Administración Fiscal General”, a cargo precisamente de Ismael Ramos, aquél funcionario que desde la Función Pública nunca vio nada, y mucho menos advirtió irregularidades con el desfalco de la deuda.
El segundo punto es más grave por tratarse no sólo de los impuestos, sino de la seguridad de los coahuilenses. El gobierno de Moreira II acaba de derogar el marco de la Fiscalía instaurada por Moreira I. La finalidad es retornar al esquema anterior de Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública. No quedó de otra, sobre todo por las detenciones de funcionarios y las acusaciones formales de nexos con el crimen organizado. Ahí, “misteriosamente” desapareció el célebre hermano del anterior fiscal.
Sin embargo, a pesar de los cambios legales, está latente la corrupción en esas dos áreas. Por lo mismo, la derogación de aquellas instituciones no limpia la mancha que dejaron aquéllas. Cambian los nombres, ¿también las mañas?
Si bien, es significativo que Rubén cambie el rumbo que estableció Humberto, la hermandad todavía deja en vilo la justicia, la verdad sobre la deuda y el llamado a cuentas sobre los responsables de los dineros públicos y la seguridad. Ahí, para colmo de males, no hay Rubén contra Humberto.
16 de marzo 2012
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9130187
