Entre Vargas y Calderón

Fin de sexenio. Fin de los privilegios. Dijo, me dijeron. Exhibo, me exhiben. Son ellos, no nosotros. El escándalo de MVS, la concesión, la periodista y todo lo demás, no podía darse en mejor tiempo político. Mejor tiempo sin duda porque el presidente Felipe Calderón ya no pagará ningún costo político por el conflicto. Al fin su partido ya está en el tercer lugar. Él ya se va y por más que se grite y se denuncie, su tiempo ya pasó. ¿Para qué molestarse en contestar personalmente los desplantes de Joaquín Vargas? Dirá: que vayan los segundos al mando, para eso se les paga. La respuesta de la vocera presidencial, Alejandra Sota, situó el lugar de Carmen Aristegui: “es Joaquín Vargas y no el gobierno federal quien atenta contra la libertad de expresión de sus comunicadores”. ¿Se vale todo para mantener la concesión?

Tomado así no sólo parece un favor para La Televisora, sino ciertas facilidades para el próximo presidente: lidiar con el espinoso trámite de quitar una concesión. Desde luego, ya no será él quien pague las críticas, los reclamos, los dimes y diretes. En poco tiempo eso será cosa del pasado. ¡Menos mal que el poder es temporal!
Pero más allá de la superioridad moral que en estos casos suelen presentar los medios, la disputa entre el gobierno y la empresa ha mostrado la naturaleza político-empresarial del conflicto. No es Vargas el primero que se dice víctima de la voluntad del presidente. En 2006, después de la contienda presidencial, José Gutiérrez Vivó, a razón de periodista-empresario, se dijo víctima del veto presidencial y el boicot comercial.

Mientras esta disputa y otras se dan en un reducidísimo número de actores, el resto de los ciudadanos carece de un mercado auténticamente competitivo en telecomunicaciones. Mientras uno le recrimina a otro, el fondo es un Estado mexicano preocupantemente acotado por otros poderes, y no precisamente de interés público.

24 de agosto 2012 

Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9156852