El debate no es nuevo, mucho menos la polémica que toca las fibras más sensibles de la sociedad, las religiones, los partidos políticos. En pocas palabras: las instituciones.
Dos legislaciones estatales, Baja California y San Luis Potosí, prohíben el aborto y por lo tanto, presuponen el derecho a la vida. Igualmente, 16 legislaturas más han impulsado leyes similares en las entidades del país.
La impugnación de las legislaturas a la Suprema Corte reabren uno de los debates más importantes en el país durante los últimos años. Detrás de los argumentos a favor del derecho a la vida desde la concepción, está una certidumbre cuestionable. 468 legisladores de congresos locales han resulto el misterio de la vida que ni filósofos y científicos lograron. Por su parte, el presidente Calderón ha expresado su postura en contra del aborto, e igualmente, asociaciones religiosas han protestaron.
El caso ya lo había tratado la Corte en el año 2008, con motivo de una legislación liberal promovida por Marcelo Ebrard en el Distrito Federal. Ahí se ampliaron los derechos y se descriminalizó a la mujer por casos de aborto. Dicha ley fue impugnada. La Corte convocó a un amplio debate con científicos y especialistas. El resto de la historia ya la conocemos. Así, el máximo órgano de justicia tomó una de las decisiones más relevantes en cuanto a la ampliación de derechos humanos y garantías individuales.
Que un poder como la Suprema Corte resista las presiones del ejecutivo, de los líderes políticos y religiosos, en pro de los derechos ciudadanos, representa un cambio significativo en nuestras instituciones. Impensable en el México del pasado.
28 de septiembre 2011
Milenio http://impreso.milenio.com/node/9033964
