En tiempos de elecciones casi cualquier cosa es válida para avanzar. Por eso no extraña el escándalo de espionaje al Poder Legislativo. Aunque es ilegal, su práctica es común. Pero hay casos emblemáticos que no quedaron impunes; pienso en Watergate y la caída del mismísimo presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, quien no dudó en utilizar ciertas “ventajas” para vencer a sus oponentes electorales.
Regresemos al caso mexicano. Hace algunos años, en 2008, el influyente senador Manlio Fabio Beltrones denunció ante las autoridades el espionaje telefónico del que fue objeto. Al final se dio con un grupo de espías que apuntaron su origen en el Estado de México. Ya se imaginarán. Aunque el escándalo se esfumó, de por medio se detuvo a un ¡ex funcionario! del mismísimo Cisen y otros cómplices que después libraron la cárcel. Así de fácil.
El caso de espionaje telefónico que nuevamente se destapó en la Cámara de Diputados, parece una reedición de aquel momento. Rumbo a las elecciones todo es posible, incluso la ilegalidad. Como la espada de Damocles, otra vez los medios y los fines. No hace falta que los partidos pretendan un “blindaje” contra el dinero y el poder del narco. Sencillamente con la disputa interna entre ellos basta.
Lo grave no es solamente el espionaje, sino que las autoridades contribuyan a la impunidad. Por lo mismo, la práctica sigue intacta y llega hasta al poder legislativo sin que pase nada. O ¿esta vez será la excepción? La protesta de los legisladores fue unánime, a tal grado que emitieron un punto de acuerdo para que la Procuraduría de la República investigue el caso. Pero si la historia se repite y queda impune el espionaje como en otros tantos casos, ¿qué podemos esperar los ciudadanos que no pertenecemos a esa pequeña élite del legisladores?
Rumbo a la contienda presidencial puede esperarse cualquier cosa, con tal de vencer al adversario o de asegurar el triunfo de la grande. En cierto modo es la naturaleza de la política. Así, no sabemos qué escándalos están por venir. Pero sin escándalos de por medio, y sólo con pura deliberación, los candidatos ya escatiman los debates. Por eso, en su afán de no discutir, ya se consulta al IFE sobre lo que se puede hacer y no hacer. Es bien sabida la aversión de nuestros hombres públicos al debate, a pesar de que la comisión del órgano electoral les diga en los próximos días que sí son factibles los debates. Ojalá que en ese punto, la contienda presidencial no nos defraude.
27 de enero 2012
