Fujimori sí, ¿y Echeverría?

A veces cuando hablamos de democracia, solemos compararnos injustamente con las grandes tradiciones democráticas de países europeos o norteamericanos como Estados Unidos y Canadá, sin embargo, con todas sus dificultades y retrasos históricos, algunos países latinoamericanos han cultivado con mejores resultados aspectos de la democracia que en el México simplemente no pintan. Ahora Perú nos da una lección. Mientras en México se exoneró a Luis Echeverría, por estas mismas fechas, la justicia peruana condenó a Alberto Fujimori a 25 años de cárcel por diversos asesinatos.

Crónica de la campaña

A diferencia de las elecciones locales realizadas el año pasado, estos próximos comicios federales para renovar la Cámara Baja del Congreso, no pintan tan aburridos. Al menos así se ha mostrado el cierre de esta primera parte del proceso que fue de las precampañas en enero, a la tregua de Semana Santa, donde hasta los políticos “descansan”.

A principios de año, en enero, el PRI parecía dominar la contienda de manera casi absoluta, al menos así lo presentaban todas las encuestas nacionales, donde el tricolor lideraba las posiciones hasta por 20 puntos de diferencia en varias circunscripciones. A la par de las encuestas y los comentarios sobre la tendencia arrolladora del PRI, el IFE y los partidos nos recetaron varios cientos de miles de anuncios. Y si bien, los del IFE informaron sobre el proceso de credencialización y la fecha para ir a votar el 5 de julio, los partidos en general, nos prodigaron sus fórmulas para la felicidad, sin importar siquiera que sean medianamente realizables. Sin embargo, a pesar de la impunidad declarativa con la que asechan a los electores, creo que pocos recordamos, o en el mejor de los casos, ni siquiera interesa, la información repetida hasta la nausea que nos impusieron los partidos.

Pasaron los meses y las cosas parecían inmejorables para el PRI, pero una campaña planeada y administrada desde las trincheras nacionales del PAN, metió en la pelea a ese partido. El principal pugilista, Germán Martínez, logró que el PAN empatara en las preferencias electorales al PRI, lo que se tradujo en una caída de las preferencias tricolores, aunado a la campaña negra que hábilmente administró el líder del PAN. Entre otras cosas, Martínez acorraló al PRI por la tardanza con que aprobaron las leyes antinarco en el Senado, como la extinción de dominio, pero al mismo tiempo un par de candidatos priistas, uno a gobernador de Colima y otro más en ciudad Juárez, aparecieron con nexos cercanos al crimen organizado, lo que ensombreció más al PRI. La actitud combativa de Martínez y su mensaje dominical en video desde la página de Internet del PAN, terminaron por sacar de sus casillas al más templado y colmilludo priista: de Manlio Fabio Beltrones a Emilio Gamboa, de Beatriz Paredes a Jesús Murillo Karam.

Quien dijera que el “muchacho pendenciero” (Gamboa dixit), iba ser quien marcara la pauta de esta primera fase de la campaña y que por lo tanto, regresara al PAN a la pelea.
Si ha habido un protagonista de esta primera fase, ese ha sido Germán Martínez con la sal y pimienta que agregó al proceso electoral, aún con todo y la (barata) multa que el IFE aplicó al PAN por recurrir a las campañas negativas. Y es que a Martínez y su partido, no le queda de otra más que arrojarse y sacar combativamente la campaña, porque es ahora o nunca, para un partido blanquiazul que simplemente ha perdido más del 90% de las elecciones convocadas.
Y como muestra de ese arrojo, el PAN de manera pragmática, le ganó al PRI, a Valdemar Gutiérrez Fragoso, dirigente del sindicato del IMSS, y quien hace unos días, el PRI lo tenía por seguro para una diputación plurinominal.

Por lo pronto, esta pelea por el poder no se termina y todavía faltan dos combates más: la campaña abierta de los candidatos que inicia en mayo, donde vamos a ver las preferencias más cercanas a la realidad y finalmente, el día de la elección. Entonces sabremos, si el reposicionamiento del PAN se sostiene o la pelea del PRI lo regresa a la primera fuerza. Seguiremos atentos a las tendencias, y por lo pronto, les deseo a los lectores días de paz y reflexión, propias de la Semana Santa.

Tomando Torreón

Desde hace días que las balaceras no cesan por el poniente de la ciudad. Como zona de guerra, el estruendo de los fusiles, los estallidos de granadas, las ráfagas de metralleta, la movilización de personas armadas, la presencia del Ejército, las muertes violentas.

La espiral de violencia no parece acabar y ya se ha convertido en un suceso "normal", no nada más para los colonos de San Joaquín, la Durangueña, La Constancia y La Alianza, con los cerros convertidos en trincheras donde se concentran los enfrentamientos, sino para el resto de los habitantes de la Comarca donde viven temor, incertidumbre, desconfianza.

Es una guerra que lleva ya tres años y que se ha sentido particularmente en Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, Matamoros, Tlahualilo, San Pedro. La importancia geográfica y estratégica de Torreón en el árido noreste mexicano vuelve a La Laguna una plaza para tomar a toda costa, a todo fuego. El último episodio de violencia empezó el 20 de marzo, en Tlahualilo, con grupos bien armados, recién reforzados con material de Estados Unidos, que avanzaban rumbo a Torreón.

En las dos semanas siguientes La Laguna vivió una batalla sangrienta entre el Ejército federal y los grupos armados. Los cañonazos sonaban por todo el centro, las balas volaban de y hacia los cerros. Cuando se asentó el polvo, el 3 de abril, había miles de muertos y miles de heridos. Era 1914 y Francisco Villa había tomado Torreón por tercera vez.

Aniversario

Esta semana se cumplieron 95 años de la tercera toma de Torreón, que con 5 mil muertos ha sido, de lejos, el momento más violento en la historia de la Comarca Lagunera.
La coincidencia de la ola de violencia que azota a La Laguna con el aniversario de la tercera, última y más sangrienta toma de Torreón, invita a recordar la violencia de otra guerra, de la Revolución, y su impacto en la región. Era otra guerra, con otros objetivos y frentes de batalla más borrosos. No es ni remotamente comparable a la actual ola de violencia, pues no son comparables los bandos que pelean ahora, como tampoco son comparables las aspiraciones ni las líneas entre el bien y el mal. Hoy, a diferencia de hace un siglo, están perfectamente marcadas.
Pero la violencia es la misma, el desorden es el mismo y su marca en la vida cotidiana es la misma. Y, no es casualidad, los principales frentes de batalla son los mismos. El centro y el poniente de Torreón, con sus cerros protectores, y los cruces con Gómez Palacio y Lerdo eran antes, como ahora, los escenarios de los hechos más violentos.

Los primeros choques

Tras la primera toma de Torreón, el 15 de mayo de 1911, la caída de Porfirio Díaz fue inminente. Pero en Torreón, esa primera toma dejó auténticas horas de anarquía. Las huestes maderistas saquearon comercios y, en pleno acto de sevicia, masacraron a más de 300 chinos laguneros, en uno de los episodios más tristes de nuestra historia. Vendría luego la segunda toma de Torreón, en 1913, realizada por el mítico Francisco Villa. Torreón estaba defendida por unos 5 mil hombres al mando del general Eutiquio Munguía, y apoyados en el terreno por el fiero lagunero Benjamín Argumedo. Para combatirlos, la División de Norte desplegó poco más de 4 mil hombres que tomaron Lerdo, Gómez Palacio, San Pedro y finalmente Torreón, por la ruta del cañón del Huarache. La ofensiva empezó el 29 de septiembre y en tres días, para el primero de octubre, Villa había tomado Torreón. La estrategia consistió en realizar ataques nocturnos e irse apoderando, cerro tras cerro, de los cañones federales.

El saldo de la batalla, según el informe oficial de Villa a Venustiano Carranza, terminó con la vida de 467 federales y 38 rebeldes. Hubo 71 heridos. La cifra resulta increíble para la magnitud de la batalla, pero finalmente refleja el interés de la información oficial de un bando.
Otro resultado fue la confiscación al Ejército federal de considerable armamento, entre ellos dos cañones blindados -el Niño y el Chavalillo-, 300 granadas, 532 rifles calibre 7 mm. con 1.5 millones de cartuchos, ametralladoras y máquinas de ferrocarril.

A diferencia de 1911, el saqueo no se generalizó en Torreón y Villa impuso, como lo atestiguó el cónsul norteamericano, George Carothers, un "espléndido orden".
¿Por qué La Laguna, y en particular Torreón, resultaban tan peleadas, tan codiciadas por los ejércitos revolucionarios y federales? Esta es una de claves para entender los conflictos armados. La región era el nudo ferroviario entre Chihuahua y Monterrey, eslabón de capitales e inversiones, a la par del acceso a rutas con El Paso y Piedras Negras.

La tercera toma

Los federales fueron capaces de recuperar Torreón, pero Villa regresó en los primeros meses de 1914. Para entonces, la región estaba bastante fortalecida por el Ejército federal, a cargo de uno de los mejores generales, José Refugio Velasco, con alrededor de 10 mil militares atrincherados en Torreón. La primera acción de Villa y su ejército de más de 10 mil soldados que venían de Chihuahua por ferrocarril, fue tomar el pueblo de Tlahualilo el 20 de marzo de 1914. Los villistas venían bien armados, por las recientes compras realizadas en los Estados Unidos. Ya posicionados en la estación Bermejillo, el general Felipe Ángeles habló por teléfono a Torreón con el general Velasco, a fin de pedirle la plaza y evitar así el derramamiento de sangre, pero la negociación no llegó a nada, después de que Villa tomó el teléfono.

Velasco, con los cerros de La Pila, Santa Rosa, La Cruz, Calabazas, Polvorera, Las Noas y el cañón del Huarache fuertemente artillados, estaba seguro de proteger la plaza. Al paso de los siguientes 14 días, la cruenta batalla por Torreón dejó casi 5 mil muertos, y más de 5 mil heridos.
A Velasco no le fueron suficientes las 1,700 granadas detonadas y el millón y medio de cartuchos disparados. El 2 de abril, antes del anochecer se levantó una formidable tolvanera. A media mañana del día 3, Villa era jefe de la plaza.

5 de abril 2009
El Siglo de Torreón

Auditar la seguridad

De una u otra manera todos, o casi todos, los caminos no llevan al tema de la seguridad, pero más allá del rumor, el temor y la psicosis, debemos preguntarnos sobre aquello en lo que sí pueden incidir los ciudadanos, y sobre todo, exigir a los gobiernos. Sin embargo, poco se valora en las conversaciones cotidianas, los datos duros, las cifras que despejan exageradas opiniones o fantasiosas especulaciones. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Cómo exigir cuentas en materia de seguridad? Una dimensión poco explotada tiene que ver con la información oportuna y veraz para la toma de decisiones. Si aplicamos esto al tema de la seguridad en nuestro entorno inmediato, para no perdernos en el ámbito nacional, habría que empezar por exigir los números concretos que refleja la (in)seguridad. Partamos de unas preguntas tan simples como urgentes: ¿Cómo medir la calidad de la seguridad pública en Coahuila? ¿Cuál es el índice delictivo que marca nuestro Estado? ¿Cuál es el costo-beneficio para los ciudadanos del dinero invertido en Seguridad? ¿Cuáles son los resultados?

En este momento, uno de los pocos informes bien fundamentado y minucioso sobre la seguridad en Coahuila, pero sobre todo, de dominio público, es el trabajo realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar la Cuenta Pública 2007, en el renglón de seguridad Estatal. El órgano fiscalizador, revisó dos fondos presupuestales aportados por el Gobierno Federal al Estado, que tienen que ver con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP); y el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las áreas del gobierno estatal revisadas fueron cuatro: La Procuraduría de Justicia, ahora flamante Fiscalía; la Secretaría de Seguridad Pública; el Centro de Comando, Control y Cómputo (C4); y Protección Ciudadana.
El objetivo de la auditoría consistió en evaluar la calidad de la gestión gubernamental, así como la efectividad de los procedimientos, políticas y sistemas aplicados para identificar y administrar los principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento de la seguridad pública en el Estado. El otro punto relevante que revisó la ASF fueron los índices delictivos y su relación con la eficacia y eficiencia de los recursos públicos. En este sentido, el resultado de la investigación no es nada alentador para los coahuilenses y revela al mismo tiempo, carencias y disfuncionalidades operativas.

Resumo los principales puntos de la Auditoría: a) La mayoría de los delitos desde 2005 a 2007 se incrementó (robo común, patrimonial, lesiones, homicidios). Llama la atención que el secuestro se duplicó entre 2005 y 2007; b) De 158 millones de pesos del Fondo de Seguridad, se dejaron sin ejercer 77 millones, lo que significa un subejercicio de 49%; c) Ni siquiera el 10% de los policías estatales y municipales cuentan con el equipo básico antimotín; d) No se respetó en algunos casos, el destino de los recursos ni su aplicación para lo cual fueron etiquetados previamente; y e) No hubo un manejo claro de las cuentas y reportes financieros, a tal grado que la ASF instruyó tener claridad y transparencia, porque encontró faltantes y saldos negativos en las cuentas. De ahí instó a promover un procedimiento administrativo sancionatorio.

Paradójicamente, desde el año 2006 hasta la fecha, los recursos públicos invertidos en el reglón presupuestal de Procuración de Justicia y Seguridad Pública, aumentaron año con año. El presupuesto creció de 877 millones de pesos a 1,157, que maneja actualmente la recién creada Fiscalía General del Estado, a cargo de Jesús Torres Charles. Si correlacionamos los datos, encontramos dos caminos: el primero nos indica que el presupuesto aumentó, y por lo tanto la seguridad pública ofrecida a los coahuilenses creció, situación que no se ha dado.
El segundo camino nos muestra que el dinero invertido en la seguridad aumentó y por lo tanto, el índice delictivo también, lo cual resulta bastante grave, porque entonces, la inversión pública en seguridad no está ofreciendo resultados útiles. Dicho de otro modo, más dinero invertido en la seguridad, no implica necesariamente, ni tampoco es garantía de que disminuya el delito.

En conclusión, la ASF consideró que, en términos generales el Gobierno del Estado de Coahuila no cumplió con la mayor parte de los objetivos y metas planteados en los diversos Anexos Técnicos que fueron sujetos de revisión y que forman parte del Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública suscrito entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Coahuila (Tomo X, vol. 8, p. 117). Así nuestra Seguridad.

Una buena

Hacia 1950, uno de los grandes politólogos de la Universidad de Chicago, el norteamericano Harold Lasswell, había propuesto una innovadora y creativa forma de hacer política, a partir de una metodología para el tratamiento y resolución de problemas públicos. La técnica, fue bautizada en castellano, aunque de manera inexacta, como políticas públicas. En esencia, el método propuesto por Lasswell, parte de la relación entre el gobierno y los grupos de ciudadanos organizados, como una forma, en donde ambos actores participan de los problemas y las alternativas.
En otras palabras, la técnica busca construir una agenda de gobierno compartida en responsabilidades, porque no es solamente el gobierno quien decide y resuelve problemas, sino que también los ciudadanos, participan en conjunto de las problemáticas y su solución. De cierta manera, se trata de la incorporación de los ciudadanos en el proceso decisorio del gobierno, siempre en campos pequeños y limitados, como la colonia, la comunidad, la escuela, el gobierno local. Pero ¿es aplicable este esquema en México, donde nuestra cultura política es precaria y contradictoria, pobre e incipiente? Más aún, ¿existen casos exitosos o ejemplos de políticas ciudadanas en nuestro entorno inmediato?

Sin caer en entusiasmos y efímeros optimismos, la respuesta es sí. Y casi, habrá que escribirlo con mayúscula, a pesar de las dificultades del entorno, las posibilidades de cambio, están sin lugar a dudas, en los espacios locales. Y para muestra, El Siglo de Torreón (24/03/09), dio cuenta en una de sus notas de la sección local, de qué manera los vecinos de la colonia El Fresno, lograron lo que parecía imposible: incidir en la agenda de gobierno para atender sus problemáticas específicas. El problema de los vecinos provenía de tiempo atrás, derivado de los ruidos generados por los antros que rodean la zona habitacional. Hartos del problema, intentaron por una y otra vía cambiar la situación. Ni los desplegados en la prensa, ni las peticiones al Ayuntamiento rindieron frutos.

Tras los infructuosos intentos, los propios vecinos, representados por Enrique Peña, presidente de la Asociación de Colonos, fueron autocorrigiendo la ruta para resolver el problema. Decidieron recurrir a su representarte popular, el diputado federal Carlos Bracho, a quien expusieron el problema, para luego exigirle en su participación legislativa, que llevara al Congreso la propuesta de actualización de la norma que regula el ruido. Así los vecinos, entendieron que al cambiar las reglas del juego, podrían entonces, incidir en el bienestar de su comunidad inmediata. La propuesta ciudadana para actualizar la obsoleta Norma Oficial Mexicana 081 (aprobada en 1994), se refiere a la regulación de los ruidos con la finalidad de mejorar el bienestar de las personas y del medio ambiente.

El punto de acuerdo, donde el diputado, dirigido por los ciudadanos, expresó así el problema: “El primer aspecto importante que deberá ser sujeto de revisión está en el campo de aplicación de la norma, donde se incluyen en una sola categoría a la pequeña, mediana y gran industria, comercios establecidos, servicios públicos o privados y actividades en la vía pública sin establecer diferencia alguna entre la amplia gama de actividades que se mencionan, mucho menos una distinción clara expresada en decibeles de los límites de emisión de ruido para cada una de las categorías. No se debería evaluar con el mismo criterio ni con la misma escala, el ruido que produce una fábrica instalada en una zona industrial durante la jornada de trabajo, que una cantina con música en vivo enclavada en los límites de una zona residencial y operando en horario nocturno permitía hasta 65 decibeles en espacios habitacionales, cuando el parámetro internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), establece 40 decibeles”. El interés ciudadano fue plasmado en el legislativo el 8 de abril de 2008, donde se exhortó al Ejecutivo Federal actualizar la norma. Finalmente este mes, lo ciudadanos organizados lograron que la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa.

Sin bloqueos de calles, ni afectaciones a terceros, los colonos lograron, de manera civil y sin violencia, recurriendo a los caminos institucionales establecidos, pero poco utilizados, incidir en la vida pública de su entorno inmediato; pero también, con su iniciativa, beneficiarán a los demás ciudadanos en el país. Entonces, el impacto de la política pública, trascendió más allá de un problema particular en una colonia de Torreón.

Varias lecciones nos quedan de esta valiosa experiencia: 1) Si se lo proponen, los ciudadanos organizados civilmente, pueden transformar para bien su entorno común; 2) Una participación responsable exige cuentas a sus gobiernos, como una clara forma de asumir su corresponsabilidad; y 3) Los cambios profundos en nuestra vida pública, o al menos sus posibilidades, tendrán que venir de abajo hacia arriba, porque de arriba hacia abajo, dejó de funcionar hace mucho tiempo.

Torreón visto por la Auditoría

Siempre resulta más fácil y cómodo gastar el dinero de los otros, al menos, esa parece ser la clara señal que envían los gobiernos: viajes con cargo al erario, concesiones repartidas como bienes privados, desvío de recursos, privilegios al amparo del poder, irracionalidad económica en el gasto, opacidad y para acabar pronto, una ausencia casi general de rendición de cuentas. Y así lo corroboran las irregularidades documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a cargo del contador Arturo González de Aragón. La semana pasada se publicó el extenso informe, basado en 962 auditorías que reflejan el manejo de la Cuenta Pública por el Estado Mexicano durante el año 2007. Tan sólo ese año, los malos manejos del dinero público ascendieron a la pequeña suma de 60 mil 723 millones de pesos. El informe de la Auditoría consta de diez tomos, y en especial el tomo X, volumen 8, está dedicado al Estado de Coahuila, donde se revisa a los municipios de Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras, San Pedro y algunas áreas del Gobierno Estatal.

¿Pero cómo le fue a Torreón? ¿Qué detalla la ASF sobre el ayuntamiento? Y sobre todo ¿Cómo está manejando los dineros públicos?

La ASF, órgano dependiente del Congreso de la Unión, auditó los recursos provenientes del Ramo 33, el cual se refiere a los dineros que la Federación destina a Estados y Municipios. Revisó dos fondos presupuestales: 1) Los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y 2) Los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento de Municipios (FORTAMUN). Las áreas auditadas del Ayuntamiento fueron: Obras Públicas, Servicios Administrativos, Desarrollo Humano y la Tesorería Municipal. En este sentido, el propósito de la Auditoría fue evaluar la calidad de gestión y control de los recursos federales aplicados en el municipio. En otras palabras, investigó sobre la eficacia y eficiencia de los recursos públicos administrados por el gobierno de Torreón. A grosso modo, dada la complejidad y extensión del informe, resumo las principales faltas e irregularidades que encontró la ASF en la operación de los recursos federales: a) Obras que presentaron atrasos sin justificar y sin aplicar sanciones correspondientes a las empresas que las operaban, incluso, no se aplicaron las multas respectivas por incumplimiento de contrato; b) Obras que terminaron costando más de lo presupuestado previamente, sin presentar razones fundadas y explícitas; c) Recursos que fueron utilizados con fines distintos para el cual ya estaban etiquetados; d) No se pagó los impuestos al SAT por la erogación de 12 millones de pesos aplicados al personal de Seguridad Pública. En tal caso, la ASF recomendó al SAT auditar al Ayuntamiento con el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales; e) Se adjudicó la compra directa de combustible por 22 millones de pesos, contraviniendo las leyes de Adquisiciones y Contratación de Servicios; y la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

En resumidas cuentas, la Auditoría concluyó que el municipio de Torreón debe fortalecer y mejorar sus mecanismos de control, operación y manejo de los recursos públicos, con la finalidad de obtener mayor eficacia, calidad y transparencia en las obras. De 86 millones ejercidos durante el 2007, el 46.0% de los recursos se aplicaron en fines no previstos por la normativa del fondo, mientras que el 44.5% se aplicó en obras y acciones que no están en los rubros que marca la Ley de Coordinación Fiscal.

¿Por qué no se respetó la legalidad, y más aún, dónde está la labor de la Contraloría municipal para supervisar el uso de los dineros públicos? Al respecto, la valoración de la ASF es contundente: la Contraloría no tiene “el carácter preventivo deseable” que permita la optimización y buen manejo de los recursos públicos. La situación resulta tan precaria administrativamente, que la Auditoría insiste una y otra vez en la carencia de manuales de operación, pero también de una verdadera coordinación entre los órganos del gobierno municipal.

Para la ASF el ayuntamiento de Torreón está en color amarillo, igual que Saltillo. Esto quiere decir, que el indicador que evaluó el desempeño municipal, registró un punto medio, en el entendido de que verde, según el semáforo de la Auditoría, es alto, y rojo, como el municipio de Monclova, bajo.

Esta semana, escribía al respecto el prestigiado politólogo Mauricio Merino; “Nos falta mucha fontanería, para limpiar y destapar nuestras tuberías dañadas y obstruidas”.

En el fondo, no se trata sólo de ganar elecciones y estar en el poder, ni tampoco de ejercerlo en la marcha y “hacer” cosas, sino de hacerlas bien, y con racionalidad. Me refiero a generar, y aquí incluyo a los ciudadanos, un gobierno de calidad que basa su legitimidad en la rendición de cuentas.

Xcellerator

No es el nombre de una película, tampoco de un videojuego y mucho menos, una venta de autos deportivos. “Xcellerator” es el nombre de una larga y acuciosa operación que el gobierno norteamericano organizó para desarticular una banda del crimen organizado que operaba, como tratado de libre comercio, en México, Estados Unidos (EU) y Canadá. El operativo fue organizado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y tuvo su inicio en California durante el año 2007. Tras 21 meses de investigación y rastreo, el operativo tuvo resultados espectaculares, un tanto inusuales, para lo que se presenta en los EU.

El número de detenidos resulta congruente con el tamaño de la operación: 755 procesados. Materialmente el decomiso también fue a gran escala: 59.1 millones de dólares en efectivo, 12 toneladas de cocaína, así como 8 kilogramos de heroína y 1.3 millones de píldoras de éxtasis. Los resultados fueron contundentes, visibles y palpables, pero al mismo tiempo, evidenciaron el tamaño del problema, así como los alcances de las organizaciones criminales que operaran con redes bien tejidas y organizadas desde México, y que tienen presencia, según la propia agencia de inteligencia norteamericana, en más de 230 ciudades de EU. En la operación de la DEA, participaron más de 200 elementos que también lograron la incautación de 149 vehículos terrestres, 3 aeronaves, 3 vehículos marítimos y 169 armas de fuego.

Aunque sé que son odiosas las comparaciones, y sobre todo por el grado de corrupción que permea las instituciones en México, la operación Xcellerator es un espejo que refleja las carencias e incapacidades del Estado Mexicano, no sólo porque acá, a pesar de los más de 5 mil muertos durante el 2008, y el despliegue espectacular de fuerzas policiacas y militares, los resultados de los múltiples operativos han sido muchas veces, magros y decepcionantes.

¿Cuántas veces, después de intensas balaceras, las autoridades apenas si logran detener a unos cuantos, y no pocas veces, a ninguno? Por otro lado, las áreas de inteligencia de los diferentes cuerpos de seguridad en México, ya sea la Secretaría de Gobernación con el “invisible” CISEN, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública o la Unidad de Inteligencia Financiera en Hacienda, no nos han ofrecido a los mexicanos una operación de esa magnitud con resultados tajantes. Al decir esto, no pretendo negar los esfuerzos del Gobierno Federal y la política inédita impulsada por el presidente Felipe Calderón, como tampoco pretendo ignorar los decomisos y los enfrentamientos, los detenidos y los muertos. Sin embargo, muchas de las operaciones no logran en realidad golpear a fondo a los cárteles, más aún, los vemos operando y constantemente retando al Estado. ¿Dónde está nuestro Xcellerator? ¿Dónde los resultados que vayan, no a las ramas, sino a la raíz del problema?

En el ámbito financiero, un informe reciente del Fondo Monetario Internacional revelado el mes de enero, deja las cosas en claro, en tanto el desempeño poco efectivo de México en el combate al lavado de dinero. El informe señala que la “inteligencia financiera” no ha investigado adecuadamente, a grado tal que entre 1989 y 2007, es decir, en los últimos 18 años, el Gobierno mexicano solamente obtuvo 25 sentencias condenatorias por el delito de “lavado” de dinero.

El asunto de la guerra abierta contra el narcotráfico y las variantes de crimen organizado, le ha valido al presidente Calderón credibilidad y confianza ante la ciudadanía, pues tiene casi el 70% de aprobación. No obstante, y más allá del empleo legítimo de la violencia, una guerra requiere algo más que fuerza y fusiles, al menos, esa fue la lección de inteligencia que los atenienses demostraron en la Antigua Grecia, a los militares espartanos, cuando la memorable guerra contra los persas.