Defender la sociedad

El  estado es un mal necesario. Necesario ante la anarquía o la guerra de todos contra todos. Necesario como orden social. El estado fija ciertos límites a través de instituciones y actos de autoridad. Es significativo, que el origen de la misma palabra autoridad, refiera aumentar o hacer crecer. Pero ¿qué sucede cuando ese mal necesario no ayuda a crecer, ni tampoco a contener la sociedad? ¿Para qué sirve un estado que deja de dar sentido a la autoridad?  

A lo largo de las últimas semanas, hemos presenciado la degradación del estado de Guerrero. No sólo porque en esa entidad, como en otras del país, los criminales se han impuesto al gobierno. Lo indignante del caso, es la impunidad y la inutilidad de las instituciones más básicas del estado. Ni el gobierno estatal, ni el congreso y mucho menos las autoridades judiciales, tienen una respuesta ante la crisis que padece la población.

En la peor de las decisiones, el todavía gobernador Ángel Aguirre, sólo ha agravado el problema con su permanencia. Su actitud no podía ser mejor para crispar más la situación. Cuando el palacio está en llamas, él sale decir que el problema de ingobernabilidad sólo está en Iguala. Para él las cosas están bien como están, no importan que desaparezcan 43 personas, ni que su entidad concentre una tasa de homicidios espeluznante. En vez de callarse e irse, se enreda más. Por eso, el llamado a realizar una consulta popular sobre su permanencia en el gobierno, es una broma de mal gusto para ganar tiempo. No está la figura en la constitución estatal, ni es procedente en el corto plazo la propuesta a través de un reforma. Por lo tanto, sólo se trata de un garlito más para permanecer en el poder. Está claro que el hombre no se quiere ir, aunque sus oficinas estén quemadas.

¿Qué demuestra esa actitud de un gobernante? A) Que es más importante el gobernante que los gobernados; B) Que en México el poder público alienta y protege la impunidad. Lo preocupante del caso, es que la democracia mexicana está casi inerme ante los abusos de los gobernantes, o ante los casos, donde el gobierno es contraproducente a la sociedad. ¿Cómo defender entonces a la sociedad?  Ante el problema de ingobernabilidad de los poderes estatales, los ciudadanos de Guerrero no pueden llamar  a la revocación de mandato, por la sencilla razón de que la figura no existe. Ahí gana el gobernante, no los gobernados.  Tampoco pueden organizar una consulta popular para decidir si ve o se queda, porque no existe el mecanismo legal para proceder. Nuevamente gana el gobernante. En cambio sí existe la petición de licencia o el juicio político para destituir al gobernador. La licencia está a voluntad del gobernante, y ya sabemos que los cargos públicos son muy cotizados por el negocio que representan. Por lo tanto, es difícil que el gobernador deje el cargo por él mismo. 

El otro camino de juicio político está en manos de un congreso local que él mismo gobernador controla. En consecuencia gana otra vez el gobernante. Entonces ¿qué queda si su partido, el PRD, lo protege incluso a costa de aumentar su desprestigio? Tomar las calles como hasta ahora lo han hecho los ciudadanos. Aumentar la presión social, con el riesgo de que estalle un conflicto mayor. La cámara de diputados formó una comisión para cubrir las formas y no decidir nada. El senado aplaza su decisión y con ello serán otras dos semanas más donde el PRD y su apreciado gobernador defienden lo indefendible. 

Por donde se le vea, el PRD pierde y Ángel Aguirre es un cadáver político. Si mantiene al gobernador como hasta ahora lo ha hecho, pierde. Si quita al gobernador, también pierde. En ese cálculo del precipicio, el PRD ya está descarrilado como oposición y como partido. No tiene nada que ofrecer al igual que el PAN. En el mejor de los casos, la debacle de ambos partidos sólo fortalece PRI. Pero no perdamos de vista, independientemente del juego político, que los principales perdedores son los ciudadanos, no la pequeña minoría que gobierna o desgobierna al país. Mientras tanto, pueden desaparecer 43, 100  o los que sean, si finalmente no queda claro la existencia de un estado para defender a la sociedad.

22 de oct 2014

El Siglo

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Guerrero en llamas

Era junio de 2013 y ante los medios dos hombres sonrientes se abrazan y posan frente a la cámara. Es el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre y el cantante Luis Miguel. Por entonces se anunció un cara campaña para promocionar la imagen del estado, no obstante que el municipio de Acapulco desbancó a ciudad Juárez como el sitio más violento del país, lo cual ya es mucho decir. Ahora, la viva imagen del gobierno es un edificio en llamas. ¿Para qué sirve un gobierno así?
 15 de oct 2014
El Siglo de Torreón
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1047472.ciudadanos-onappafa.html

Ciudadanos Onappafa II

Más que los políticos, son los ciudadanos los que dan contenido a la política. Prácticas, formas y expresiones perfilan la cultura política de una sociedad. Bien dicen, que no hay democracia sin demócratas. De la misma manera, son las prácticas de los ciudadanos las que afirman una cierta cultura cívica, unas relaciones socialmente compartidas. Así, la calle como espacio común, define la manera que en los ciudadanos asumen la política. por ejemplo, la limpieza de una calle depende más de los ciudadanos, que de las autoridades. Y vaya que las diferencias se notan cuando comparamos ciudades o colonias dentro de una misma ciudad. ¿Por qué unas son limpias y otras no? Igualmente cuando observamos el comportamiento vial entre automovilistas y peatones, damos cuenta de los valores que imperan en el espacio público. No se trata de una disquisición filosófica, sino en concreto de un respeto mínimo en el constante tráfico. ¿Han observado cómo en la ciudad los automovilistas no respetan siquiera las cebras que demarcan los pasos peatonales? Desde esas prácticas, tampoco extraña que en Torreón, 1 de cada 4 ciudadanos utilice indebidamente el espacio reservado para discapacitados en los estacionamientos (Enadis: 2010).

Si hay un ejemplo por excelencia que define los valores de los ciudadanos en una ciudad como Torreón, no son las desairadas elecciones, sino la amplia aceptación de portar en los automóviles placas ilegales. Sí, placas piratas bajo el emblema de la marca registra (no es broma), Onappafa. En los últimos años se multiplicaron las "placas" onappafas, y ya en el colmo de la semántica, hasta "copropafas" aparecieron. ¿Cuántos autos con placas piratas circulan por la calle? ¿Cuántos más bajo el sello de "amparados"? ¿20 o 30 por ciento de los vehículos en la ciudad? Lo significativo de esas "placas" es la aceptación bien extendida y hasta orgullosa de la ilegalidad en las calles. En otras palabras: ciudadanos Onappafa. ¿Quiénes son? Ciudadanos que exigen derechos, pero no quieren obligaciones. Ciudadanos que desean mejores calles, pero no pagan impuestos para mejorarlas. Ciudadanos afectados por la inseguridad, pero indignados porque la autoridad quiere aplicar la ley. Ciudadanos que se creen más "listos" que los demás, porque no pagan la tenencia. Ciudadanos dispuestos a romper la ley, pero exigirla cuando se trata de su problema. Ciudadanos disfuncionales que reflejan gobiernos disfuncionales. El "detalle" de las placas habla mucho de nuestros valores cívicos en la ciudad. De nadie más, más que de nosotros mismos.

Ahogado por la falta de dinero, el gobierno de Coahuila impulsó una reforma al código penal, para ahora sí proceder contra los onappafas. Ante el nuevo operativo, uno pensaría que ahora sí el gobierno va a meter orden, y ojalá así sea. Sin embargo, bajo la presunción de que se trata de otro operativo más, los ciudadanos onappafa saben bien que siempre habrá forma de darle la vuelta a las obligaciones. Si el gobierno aprieta, entonces las organizaciones presionan hasta hacer de los operativos, un esfuerzo irrelevante. Al mismo tiempo un gobierno que renuncia a sus deberes termina por alimentar el círculo vicioso. Lo grave del asunto es que en la calles siempre habrá, bajo esas reglas del juego, motivos para doblar la ley. Entonces ¿tendríamos que sorprendernos de la inseguridad que nos agobia? Es curioso cómo el gobierno mide con distintas varas. Mientras ciudadanos onappafa señalaron en las pancartas de protesta, "otro moreirazo", el mismo gobierno ha dejado impune la megadeuda. ¿Será que también tenemos un gobierno onappafa? Todo parece indicar que sí.

15 de octubre 2014
El Siglo de Torreón
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Cuando despertó, la violencia todavía estaba allí

Como una mala película de terror, se repiten las escenas de barbarie y violencia. Justo en el año de las reformas, cuando nos dijeron que todo iba ir mejor, que al fin México se mueve, la realidad parece anclarnos. No se trata solamente de casos aislados, de eventos o hechos esporádicos en algunos estados.Tampoco se trata, como tantas veces se dijo en el sexenio calderonista, de criminales contra criminales, sino de la amenaza a la sociedad misma. Cuando por fin las cosas tomaban mejores rumbos, una matazón nos recuerda donde estamos. Cuando por fin el gobierno logró cambiar la narrativa de la violencia por las reformas, una serie de ejecuciones como las ocurridas en Tlatlaya por el ejército, empañan el camino. Y las cifras, por más rasuradas y arregladas en algunas procuradurías estatales, muestran aumentos de robos y secuestros. Aunque los homicidios bajaron en el país, no bajó así la impunidad de los criminales que marcan el camino en estados como Michoacán, o que deciden terminar con docenas de normalistas en Guerrero. Ni qué decir de Tamaulipas.

Desde antes de la toma de posesión como presidente, Enrique Peña Nieto logró cambiar el discurso oficial, antes dominado exclusivamente por la inseguridad. Así se pasó a un discurso de optimismo con un endeble contenido, pues las reformas todavía están por verse en acción. A través de las archinombradas reformas se suplantó aquella terrible narrativa de robos, secuestros y muertos. Pero la realidad no cambió. Sin embargo, como advertimos en aquel momento, dejar de hablar de un problema, no es resolverlo, ni tampoco componerlo. De esa manera, a la vuelta de dos años y ante la expectativa de reformas como la energética, la violencia reclama su lugar en el discurso. Ante los terribles sucesos en Iguala, el presidente no le quedó más que regresar a un tema que ya se creía olvidado en la narrativa oficial.

Michoacán o Guerrero acusan una descomposición mayor donde el crimen tomó los gobiernos. A pesar de que lo negó una y otra vez, el mejor ejemplo es Fausto Vallejo. Egidio Torres en Tamaulipas conduce un gobierno de palabra, porque en los hechos, en el estado mandan otros. Ángel Aguirre, tan brabucón con los medios y la crítica, sólo contará los días para que su gobierno termine después de Ayotzinapa. Por lo pronto, el gobierno federal ya envió a la precaria Gendarmería a apagar el fuego en Iguala. Pero lejos de sorprendernos que un alcalde esté coludido con el crimen, sólo ratifica la película de terror que aún no termina en varios sitios del país. Entonces el problema no sólo era de partido, o de que se fuera del gobierno un hombre como Calderón, que basó su legitimidad en policías y militares. En el sexenio anterior vivimos una violencia sin precedentes de la cual todavía no nos reponemos. A pesar de la gravedad del problema, hemos avanzado muy poco en construir instituciones sólidas y eficientes para impartir justicia. Tal vez ahora tenemos un gobierno más ordenado en su control de medios y opinión pública, pero en lo que respecta a la seguridad, la herida sigue peligrosamente abierta.

Muy eficiente ha sido el PRI para ganar elecciones, aunque no queda claro que sea eficiente en una de las funciones primordiales del estado: la seguridad.

Tlatlaya y Ayotzinapa son dos extremos que enfrentan al gobierno de Peña Nieto. Está claro que la estrategia de sacar del discurso la inseguridad llegó a su límite, porque la violencia lo sobrepasó. Habrá quien en medio de todo esto piense en las elecciones y la disputa por el poder. Desarticulado el PAN como oposición y ahora el PRD con el caso de Guerrero, el camino queda libre para un partido único. Aun así, estamos lejos como lo evidencia el gobierno actual, de garantizar la seguridad. No necesitamos recordar las cifras: la impunidad está tan presente ayer como ahora. Cuando despertó, la violencia todavía estaba allí.

8 de octubre 2014

El Siglo de Torreón 

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Barril sin fondo

El gobierno de Coahuila anunció la contratación de un nuevo crédito para pagar más deuda. Como un alcohólico que no puede dejar de beber, la autoridades del estado nos hablan de 2 mil millones de pesos más para pagar las deudas con proveedores. ¿Y los 35 mil millones de Moreira I no fueron suficientes? Como mal parroquiano, las finanzas estatales se definen por "la última y nos vamos", o "que tanto es tantito". Desde su adicción, el alcohólico sigue y sigue, al igual que la cuenta. En estado actual de cosas Coahuila no puede solventar más gasto, por la sencilla razón de que todo lo tiene comprometido. Después de tanta negación, Moreira II bien podría reclamar el dinero que saqueó Villarreal y compañía. Pero claro, eso sólo pasa en Estados Unidos. Nosotros somos especiales.

Día mundial sin auto

Los cambios también empiezan por los mensajes y las pequeñas acciones. El lunes pasado el colectivo de mujeres ciclistas "Bicionarias Laguna" invitó a los alcaldes de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo a realizar acciones con motivo del Día Mundial Sin Auto. Algunos servidores públicos fueron en bici a su trabajo, otros compartieron el coche, e incluso, el alcalde Luis de Villa, se fue caminando al trabajo. El objetivo fue dar un descanso al automóvil y hacer conciencia de ciudades más humanas e incluyentes. La movilidad es fundamental para espacios más equitativos y eficientes, pero la mayoría de los presupuestos públicos se destina a los automóviles, que sólo transportan a la tercera parte de la población. En consecuencia pagamos por una exclusión urbana de peatones y ciclistas. Ya es hora de equilibrar la cosas.

El Siglo de Torreón 24 de sept 2014
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1040405.de-moyotes-mosquitos-y-zancudos.html

Fina persona

Con razón de sobra, nuestros políticos son el centro de las críticas, el repudio y hasta los males públicos. Ese discurso está bien aceptado en la opinión pública, de tal forma que cuestionarlo es inadmisible. En la avasallante lógica de la colectividad, los culpables son ellos y nadie más. Sin embargo, para decepción de ese pensamiento, los políticos no son los únicos actores en la vida pública, y no siempre, son los más decisivos. Tampoco, para desilusión de los críticos, son los únicos responsables de eso que llamamos política. Con desdén suele decirse que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Pero como bien apunta Antonio Navalón, tenemos los gobiernos que se nos parecen. Frecuentemente aquellos hombres que despreciamos hasta la ignominia, no vienen de fuera de la sociedad, sino provienen de la sociedad misma. Cuando señalamos a los diputados como representantes del desprestigio público, señalamos también a la representación de los ciudadanos de tal o cual distrito en país. Pero lejos de haber un ruptura entre unos y otros, como sugiere la crítica convertida en cliché, hay una cierta congruencia entre las prácticas políticas de ambos. No es solamente que el político al obtener el poder se transforme, sino que sus prácticas para bien o mal, reflejan un mismo piso compartido con los ciudadanos. De nadie más. A los nombres particulares, sean regidores, diputados o distinguidos gobernadores, lo que se corresponde son una serie de prácticas compartidas que se aceptan y se reproducen. No descubro nada nuevo, más bien trato de describir la correspondencia que hay entre políticos y ciudadanos. Más que hacer una distinción, habría que empezar por reconocer un piso común. La crítica más recurrente supone una separación de ambos. Unos, los ciudadanos, son puros. Otros, los políticos, son el mal. No obstante, cada vez que apuntamos de los hombres públicos sus vicios, errores o corruptelas, habría que dar un paso atrás para comprender, no las diferencias, sino la congruencia de las prácticas. De esa manera, encontramos cotidianamente similitudes que no deseamos ver, porque al final es más sencillo culpar a unos, que aceptar lo propio. Así, es más revelador de nuestra vida pública lo que hacen los ciudadanos, que los representantes públicos.

Recientemente, tras el huracán que afectó a Baja California, se evidenció en extremo el comportamiento de los ciudadanos. No de todos, pero sí de una significativa masa que se apoderó de las calles mientras el caos reinó en la ciudad. El paso de "Odile" causó graves daños, pero esa fuerza natural mostró que al no haber autoridad todo está permitido. En consecuencia se generalizaron los saqueos y la rapiña en los comercios. Pero no se trató solamente de "recolectar" alimentos o agua para la supervivencia, sino de ir por televisores, cerveza y hasta artículos navideños, como quien prepara con antelación las fiestas. Al mismo tiempo, en las colonias de Los Cabos, también se organizaron defesas contra los delincuentes que más tarde volvieron a saquear comercios. Bajo cierta variante, "Odile" también convocó a Fuente Ovejuna. Con el pretexto de la masa anónima saquear se volvió común. En un acto de congruencia, Joaquín Téllez Álamo, coordinador de Protección Civil en el municipio de Cabo San Lucas, salió del anonimato de la masa. Su domicilio se convirtió en bodega de motocicletas, refrigeradores, estufas, camas, bicicletas, aparatos electrodomésticos, y hasta muebles de salas. El hombre hizo su propia tienda departamental, según mostró la Procuraduría General de Justicia de Baja California, quien detuvo a la fina persona. Sólo falta que el ayuntamiento le otorgue un bono de productividad.

Pero dejemos las eventualidades climáticas, porque es en el día a día cuando los ciudadanos demuestran el contenido de la política. Más vale que no nos sorprendamos.

El Siglo de Torreón
1 de octubre 2014

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