Jóvenes encapuchados dañan la Universidad Nacional. Jóvenes tranquilamente saqueando camiones comerciales en Morelia. Jóvenes en los bloqueos de carreteras en Guerrero. Pero estos jóvenes, por fortuna, no son una mayoría radical en el país, sino pequeños grupos que evidencian las carencias del estado mexicano. Un estado que prefiere dejar hacer, dejar pasar, en vez de actuar. Los costos son palpables: oficinas privatizadas, carreteras tomadas e impunidad en las calles. ¿Acaso nos sorprende?
Alejémonos de la radicalidad política, el vandalismo de una minoría y los paristas profesionales. Porque si esos extremos de la vida pública no representan a los jóvenes, entonces ¿dónde están? ¿cómo asumen la política? Esta discusión la abordamos en la Universidad Iberoamericana de Torreón el pasado 23 de abril. A la mesa asistieron el maestro Gerardo Rivera, un buen académico de la ciencia política, mi compañero de medios Miguel Crespo y un servidor. Retomo parte de mi intervención en la mesa.
Los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Valores en Juventud (n=5000, 2012) dan algunas pistas generales sobre los jóvenes, aunque sin duda, hay comportamientos y relaciones más profundas que no puede captar la encuesta, o apenas los atisba. En México la cuarta parte de la población tiene entre 15 y 29 años, por lo mismo es revelador de nuestras relaciones lo que reflejan los jóvenes.
Prácticamente al 90 por ciento no le interesa la política, y sólo el 9.5 por ciento declaró que le interesa mucho. Pero este dato aparentemente abrumador no significa que los jóvenes no hagan política, ni tampoco que estén ajenos a la misma. Más bien, lo que evidencia esa mayoría es un rechazo a las formas tradicionales de la política. Sólo piensen en los partidos y los principales líderes políticos. 37 por ciento percibe a los políticos como deshonestos, y sin duda, tienen razón. Al 22 por ciento no le interesa la política, y otro 22 por ciento declara que no le entiende.
Nuevamente, las formas tradicionales de política (partidos, candidatos, gobernantes, voto), son poco relevantes para los jóvenes. Para el 60 por ciento la política es poco o nada importante. Incluso, 40 por ciento no quisiera tener de vecino a “gente que ande mucho en la política”. Así o más desprestigiada la actividad más importante en toda sociedad. 45% de los jóvenes no se identifica con ningún partido. Quienes declaran alguna preferencia partidista, 25 por ciento se identifica con el PRI, 11 por ciento con el PAN y 10 por ciento con el PRD. 61 por ciento aprueba la democracia como forma de gobierno en México. Contrario a la calificación de otras generaciones, los jóvenes califican con 6.9 (en una escala del 1 al 10) a la democracia mexicana. Sin duda, a mayor edad nos depara el desencanto.
Como en todo, la información cuenta. El 61 por ciento se informa sobre noticias del país a través de la televisión. 11 por ciento lo hace por medio de Internet, 5.8 escucha noticias en radio, y mejor, 4.9 recurre al Facebook. Olvídense del Twitter, sólo alcanza para el 0.3 por ciento. Uno de los formatos tradicionales de la información es el periódico, pero el 40 por ciento no lee nunca un periódico. Sólo 9.6 por ciento lo lee una vez a la semana. No es casualidad que el dato coincida con el 9.5 que sí le interesa mucho la política. Sin embargo, en ese punto ya no estamos en la política, sino en la educación, y ahí, nos urge calidad.
Por acá el primer texto sobre los jóvenes y la política.
28 de abril 2013
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9179043
lunes, 29 de abril de 2013
Palos, piedras y capuchas
“Estudiantes” encapuchados, paristas profesionales, vándalos en nombre de la educación. Puede ser en Guerrero o en la rectoría de la UNAM, pero más grave es la parálisis de la autoridad que cobra por no ejercer el gobierno.
Leer por decreto
Para festejar el día del libro, y vaya que hay un día para todo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. La dichosa ley se aprobó en el 2008 con la finalidad de promover y fomentar la lectura a través del precio único. Por entonces la Librería de Porrúa Hermanos se amparó contra ley, por considerar que genera un trato inequitativo e invade el libre comercio.
En seis puntos la Corte revisó las quejas para luego desestimar cada una de ellas. El resultado: hay que leer por decreto. Con mayoría de votos, los ministros aprobaron la constitucionalidad de la ley. Tomo el argumento central del dictamen realizado por el ministro Luis María Aguilar Morales: “el precio único de venta de libro lejos de perjudicar a los consumidores, los beneficiaba en la medida en que facilita el acceso equitativo al libro, y garantizaba un mismo precio de venta al público en todo el territorio nacional, sin importar el lugar de adquisición, pudiendo incentivar la creación de librerías en aras de la promoción de la lectura”. Con esa decisión, los ministros de la Corte han demostrado ser buenos juristas y pésimos economistas.
Como mal reminiscencia de la economía setentera en México, el precio único del libro me recuerda al precio único de la tortilla. Si por decretos vamos, entonces podríamos esperar a la ley haga sus efectos. Pero entonces, si no funciona y los mexicanos tampoco leen más, ni compran más libros, ni tampoco se abren más librerías no es por culpa de la ley, sino de la mala costumbre.
Vayamos a los supuestos de la ley.
A)“Fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de librerías, bibliotecas y otros espacios públicos y privados para la lectura y difusión del libro”. Así sin más, como los panes se multiplicarán las librerías, las bibliotecas y hasta los lectores. Todo por una ley que así lo dice.
B) “Hacer accesible el libro en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional para aumentar su disponibilidad y acercarlo al lector”. En pocas palabras la oferta, la demanda y el mercado son un mito de los economistas.
C) “Fortalecer la cadena del libro con el fin de promover la producción editorial mexicana”. Para seguir con el mito del mercado, una mano invisible se encargará de mejorar la industria editorial.
D) “Estimular la competitividad del libro mexicano y de las publicaciones periódicas en el terreno internacional”. Lo mejor de esta ley, es que su influencia va trascender las fronteras, sin importar que en una librería local vendan el mismo libro a un precio más barato que enfrente. ¡Se acabaron los descuentos! Precio único constitucional. Al fin un lector en cada hijo te dio…
26 de abril 2013
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9178839
En seis puntos la Corte revisó las quejas para luego desestimar cada una de ellas. El resultado: hay que leer por decreto. Con mayoría de votos, los ministros aprobaron la constitucionalidad de la ley. Tomo el argumento central del dictamen realizado por el ministro Luis María Aguilar Morales: “el precio único de venta de libro lejos de perjudicar a los consumidores, los beneficiaba en la medida en que facilita el acceso equitativo al libro, y garantizaba un mismo precio de venta al público en todo el territorio nacional, sin importar el lugar de adquisición, pudiendo incentivar la creación de librerías en aras de la promoción de la lectura”. Con esa decisión, los ministros de la Corte han demostrado ser buenos juristas y pésimos economistas.
Como mal reminiscencia de la economía setentera en México, el precio único del libro me recuerda al precio único de la tortilla. Si por decretos vamos, entonces podríamos esperar a la ley haga sus efectos. Pero entonces, si no funciona y los mexicanos tampoco leen más, ni compran más libros, ni tampoco se abren más librerías no es por culpa de la ley, sino de la mala costumbre.
Vayamos a los supuestos de la ley.
A)“Fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de librerías, bibliotecas y otros espacios públicos y privados para la lectura y difusión del libro”. Así sin más, como los panes se multiplicarán las librerías, las bibliotecas y hasta los lectores. Todo por una ley que así lo dice.
B) “Hacer accesible el libro en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional para aumentar su disponibilidad y acercarlo al lector”. En pocas palabras la oferta, la demanda y el mercado son un mito de los economistas.
C) “Fortalecer la cadena del libro con el fin de promover la producción editorial mexicana”. Para seguir con el mito del mercado, una mano invisible se encargará de mejorar la industria editorial.
D) “Estimular la competitividad del libro mexicano y de las publicaciones periódicas en el terreno internacional”. Lo mejor de esta ley, es que su influencia va trascender las fronteras, sin importar que en una librería local vendan el mismo libro a un precio más barato que enfrente. ¡Se acabaron los descuentos! Precio único constitucional. Al fin un lector en cada hijo te dio…
26 de abril 2013
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9178839
De impuestos y tenencia
Muchas cosas se dicen de los ciudadanos y del gobierno, pero en concentro, los derechos y sobre todo, las obligaciones nos dicen más de ambos en una democracia. A los ciudadanos nos gustan los derechos, ¡y a quién no! Pero cuando se trata de obligaciones parecemos rehuir. Algo así como ciudadanos a medias. Para recibir estamos atentos, para aportar nos vemos más tarde...
A nadie le gusta pagar impuestos, pero indudablemente, es una condición mínima para el orden del Estado y las instituciones. Mucho o poco, los impuestos, son el dinero público detrás de la mayoría de las obras, los espacios comunes, e inversiones. En ese sentido, hay toda una discusión acerca de la legitimidad de los impuestos, pero en lo que no hay duda, es en la inevitabilidad de los mismos. De acuerdo o no, la obligación de los impuestos es una condición de los ciudadanos. ¿O cómo pensar que se hace el gobierno?
Es cierto, hay unos impuestos más odiosos que otros. Por ejemplo la tenencia, que de unos años para acá se ha puesto de moda quitarla en algunos estados de la República: Querétaro, Durango, Chiapas, Morelos, Puebla, Guanajuato y Jalisco. En otros estados, como en Sonora la promesa no cumplida del gobernador Guillermo Padrés, originó un escandaloso movimiento por la no tenencia. Con menos fuerza, en Coahuila también han surgido grupos en contra de la tenencia. Nada más en Torreón, 18 mil automovilistas han “presentado” amparos contra el impuesto, según declaró Sergio Nava, dirigente de “Sociedad Civil Organizada”.
Uno de los argumentos que dan los quejosos, es la promesa incumplida del gobernador Rubén Moreira, pero aún y cuando la promesa se firme ante notario, ésta no tienen validez para obligar al gobernante. Por lo tanto, es un argumento improcedente.
El líder automovilista da también un argumento económico: “Hemos promovido alrededor de 18 mil demandas de amparo, que equivalen a vehículos que no podemos pagar el alto y excesivo impuesto de control vehicular”. Pero curiosamente entre los amparos están autos de lujo y modelos un tanto recientes. ¿En verdad no pueden o no quieren pagar los impuestos? Regresamos al punto. Derecho: sí queremos usar autos. Obligación: no queremos pagar impuestos por el uso.
Otra curiosidad del argumento económico, supone que es “alto y excesivo impuesto”, pero tener un auto, cuesta anualmente, según el vehículo entre 15 mil y 45 mil pesos nada más en gasolina. Por mucho, varias veces más que la misma tenencia. ¿En verdad no pueden o no quieren pagar el impuesto? A nadie le gusta pagar impuestos, y más con los gobierno que nos cargamos, pero independientemente del gusto, es una obligación del ciudadano. Y si no, ¿con qué cara reclamar luego? Hay quienes han encontrado la salida para evadir impuestos a través del amparo. Pero en el fondo, los supuestos 18 mil amparados, lo que están evitando no es el pago de los derechos vehiculares y la tenencia, sino la corresponsabilidad que implica la ciudadanía. Como su pares, los ciudadanos Onapaffa, lo que promueven los supuestos amparados son versiones de ilegalidad y evasión de impuestos. Tanto gusto encontraron, que hasta se indignan cuando se les cuestiona. En pocas palabras, nada más truhán que promover la evasión con miles de firmas bajo el pretexto de “sociedad civil”.
24 de abril 2013
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9178659
A nadie le gusta pagar impuestos, pero indudablemente, es una condición mínima para el orden del Estado y las instituciones. Mucho o poco, los impuestos, son el dinero público detrás de la mayoría de las obras, los espacios comunes, e inversiones. En ese sentido, hay toda una discusión acerca de la legitimidad de los impuestos, pero en lo que no hay duda, es en la inevitabilidad de los mismos. De acuerdo o no, la obligación de los impuestos es una condición de los ciudadanos. ¿O cómo pensar que se hace el gobierno?
Es cierto, hay unos impuestos más odiosos que otros. Por ejemplo la tenencia, que de unos años para acá se ha puesto de moda quitarla en algunos estados de la República: Querétaro, Durango, Chiapas, Morelos, Puebla, Guanajuato y Jalisco. En otros estados, como en Sonora la promesa no cumplida del gobernador Guillermo Padrés, originó un escandaloso movimiento por la no tenencia. Con menos fuerza, en Coahuila también han surgido grupos en contra de la tenencia. Nada más en Torreón, 18 mil automovilistas han “presentado” amparos contra el impuesto, según declaró Sergio Nava, dirigente de “Sociedad Civil Organizada”.
Uno de los argumentos que dan los quejosos, es la promesa incumplida del gobernador Rubén Moreira, pero aún y cuando la promesa se firme ante notario, ésta no tienen validez para obligar al gobernante. Por lo tanto, es un argumento improcedente.
El líder automovilista da también un argumento económico: “Hemos promovido alrededor de 18 mil demandas de amparo, que equivalen a vehículos que no podemos pagar el alto y excesivo impuesto de control vehicular”. Pero curiosamente entre los amparos están autos de lujo y modelos un tanto recientes. ¿En verdad no pueden o no quieren pagar los impuestos? Regresamos al punto. Derecho: sí queremos usar autos. Obligación: no queremos pagar impuestos por el uso.
Otra curiosidad del argumento económico, supone que es “alto y excesivo impuesto”, pero tener un auto, cuesta anualmente, según el vehículo entre 15 mil y 45 mil pesos nada más en gasolina. Por mucho, varias veces más que la misma tenencia. ¿En verdad no pueden o no quieren pagar el impuesto? A nadie le gusta pagar impuestos, y más con los gobierno que nos cargamos, pero independientemente del gusto, es una obligación del ciudadano. Y si no, ¿con qué cara reclamar luego? Hay quienes han encontrado la salida para evadir impuestos a través del amparo. Pero en el fondo, los supuestos 18 mil amparados, lo que están evitando no es el pago de los derechos vehiculares y la tenencia, sino la corresponsabilidad que implica la ciudadanía. Como su pares, los ciudadanos Onapaffa, lo que promueven los supuestos amparados son versiones de ilegalidad y evasión de impuestos. Tanto gusto encontraron, que hasta se indignan cuando se les cuestiona. En pocas palabras, nada más truhán que promover la evasión con miles de firmas bajo el pretexto de “sociedad civil”.
24 de abril 2013
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9178659
Electorero
Se acerca el tiempo de elecciones, y con ello, viene todo tipo de sucesos, disputas, ánimos y hasta declaraciones insólitas. Pero no perdamos de vista que se disputa el poder. Nada más, ni nada menos. Todo lo demás es accesorio: “mejorar la ciudad”, “servir a los ciudadanos”, “arreglar las condiciones…” Así, lo que se dice en campaña trata de endulzar los oídos de los electores, cuando en realidad lo que mueve es la búsqueda del poder.
El próximo 7 de julio habrá elecciones para renovar ayuntamientos y diputaciones locales en los estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Durango, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Sólo habrá un proceso electoral de gobernador en Baja California. A pesar de las diferencias, en cada elección hay ciertos comportamientos que se repiten. Algunos recursos son tan predecibles, que hasta forman un patrón. Por ejemplo, hay una palabra casi mágica que resume los tiempos electorales: electorero. La usan los opositores cuando el partido en el gobierno hace tal o cual acción: la repartición de despensas son con uso electorero. La usan los gobernantes, para descalificar los ataques de sus oponentes: esas críticas son electoras. En el Manual de arte política, hay varias definiciones de electorero. Dícese de la sospecha del uso de recursos públicos para beneficiar al partido en el poder. También se define como la costumbre bien arraigada entre la clase política de aferrarse al gobierno. Otra acepción sugiere la acción y efecto para defenderse de los ataques de la oposición. En cada elección la palabra se multiplica. De un lado y de otro todo es electorero. En consecuencia, toda campaña política implica lo electoral y lo electorero. No hay diferencia, por más que las formas de corrección política se empeñen en las buenas costumbres. Entonces, electorero es el refugio de los lugares comunes. Vayamos a algunos.
Electorero: salida fácil y económica para descalificar las críticas a cualquier gobierno. Al mismo tiempo, es toda señalamiento que se hace en la antesala de las elecciones. Como en la mitología, los tiempos electorales lo reaniman todo, y también todo lo justifican.
El Manual de arte política recomienda una defensa pragmática: Si usted no tiene cómo justificar su incompetencia en el cargo público, diga que se trata de una maniobra electorera para descalificar a su gobierno.
En la versión opuesta, si está en la oposición y carece de argumentos, diga que los programas ____________ (anote el de su predilección), son electoreros.
Por el contrario, si ya no aguante más la maledicencia de los medios a su gobierno, diga que se trata de una insidiosa campaña electorera.
Sin importar el cargo que ocupe en la federación, el gobierno estatal o en algún municipio, escúdese en una sola palabra: electorero.
Si lo sorprenden repartiendo despensas, no se enoje, sólo diga que se trata de una maniobra electorera. Las despensas al fin, son un programa social.
Si graban a sus colaboradores administrando los programas sociales, diga que son ardides electoreros.
Si está en la oposición, denuncie todo lo que haga el gobierno por tener fines electorales. Si está en el gobierno, salve su ineficiencia con una palabra: electorero. No lo olvide, e-l-e-c-t-o-r-e-r-o lo arregla todo.
21 de abril 2013
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9178388
El próximo 7 de julio habrá elecciones para renovar ayuntamientos y diputaciones locales en los estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Durango, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Sólo habrá un proceso electoral de gobernador en Baja California. A pesar de las diferencias, en cada elección hay ciertos comportamientos que se repiten. Algunos recursos son tan predecibles, que hasta forman un patrón. Por ejemplo, hay una palabra casi mágica que resume los tiempos electorales: electorero. La usan los opositores cuando el partido en el gobierno hace tal o cual acción: la repartición de despensas son con uso electorero. La usan los gobernantes, para descalificar los ataques de sus oponentes: esas críticas son electoras. En el Manual de arte política, hay varias definiciones de electorero. Dícese de la sospecha del uso de recursos públicos para beneficiar al partido en el poder. También se define como la costumbre bien arraigada entre la clase política de aferrarse al gobierno. Otra acepción sugiere la acción y efecto para defenderse de los ataques de la oposición. En cada elección la palabra se multiplica. De un lado y de otro todo es electorero. En consecuencia, toda campaña política implica lo electoral y lo electorero. No hay diferencia, por más que las formas de corrección política se empeñen en las buenas costumbres. Entonces, electorero es el refugio de los lugares comunes. Vayamos a algunos.
Electorero: salida fácil y económica para descalificar las críticas a cualquier gobierno. Al mismo tiempo, es toda señalamiento que se hace en la antesala de las elecciones. Como en la mitología, los tiempos electorales lo reaniman todo, y también todo lo justifican.
El Manual de arte política recomienda una defensa pragmática: Si usted no tiene cómo justificar su incompetencia en el cargo público, diga que se trata de una maniobra electorera para descalificar a su gobierno.
En la versión opuesta, si está en la oposición y carece de argumentos, diga que los programas ____________ (anote el de su predilección), son electoreros.
Por el contrario, si ya no aguante más la maledicencia de los medios a su gobierno, diga que se trata de una insidiosa campaña electorera.
Sin importar el cargo que ocupe en la federación, el gobierno estatal o en algún municipio, escúdese en una sola palabra: electorero.
Si lo sorprenden repartiendo despensas, no se enoje, sólo diga que se trata de una maniobra electorera. Las despensas al fin, son un programa social.
Si graban a sus colaboradores administrando los programas sociales, diga que son ardides electoreros.
Si está en la oposición, denuncie todo lo que haga el gobierno por tener fines electorales. Si está en el gobierno, salve su ineficiencia con una palabra: electorero. No lo olvide, e-l-e-c-t-o-r-e-r-o lo arregla todo.
21 de abril 2013
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9178388
Ciudades del futuro
Ensimismados en el día a día. Embebidos en el presente, es fácil olvidar la perspectiva sobre el futuro. Pero hablar de ese tiempo parece una puntada, una profesión digna de prestidigitadores, profetas y charlatanes. Es la imagen que nos queda de la bola de cristal. Quevedo, que entendía más de esto, lo escribió así: “Ayer se fue; mañana no ha llegado; hoy se está yendo sin parar un punto…”
Aún así, la expectativa sobre el futuro también es un negocio. La apuesta sobre el mañana denota orden, paciencia y hasta cierto optimismo sobre el azaroso devenir. A pesar del azar, una lectura cuidadosa de las conductas, nos puede revelar comportamientos, tendencias y regularidades que apuntan el futuro. Bajo ese riesgo, pero lucrativo supuesto, hay empresas que parecen ver el futuro.
FDi Intelligence, una publicación especializada del Financial Times, elaboró un extenso y ambicioso ranking sobre las ciudades del futuro: América Latina, ciudades del futuro, 2013/2014.
Dividido en regiones, los datos son reveladores de lo que se espera de las principales ciudades en el mundo. Para Norteamérica y Latinoamérica, el estudio tomó como referencia a 405 ciudades, entre las cuales evaluó seis ámbitos de análisis: potencial económico, recursos humanos, costo-beneficio, calidad de vida, infraestructura y ambiente amigable para los negocios.
En Latinoamérica, el top de las primeas diez lo ocupan Sao Paulo, Santiago, Buenos Aires, Bogotá, Monterrey, San José, Panamá, Distrito Federal y Montevideo. Lo novedoso de la actualización del ranking, es la inclusión de ciudades medias. En México destacaron ciudades como Mazatlán, Durango, Morelia, Tuxtla Gutiérrez, Mérida, Saltillo y hasta Torreón.
En el ámbito de costo-beneficio, León, San Luis Potosí, Hermosillo, Tuxtla Gutiérrez, Matamoros, Torreón, Colima y Guaymas aparecen entre los primeros 10 lugares en el rango subnacional. Empeñados en los problemas presentes, solemos perder de vista la responsabilidad que tenemos ahora en la construcción del futuro. Para una ciudad como Torreón, agobiada desde hace años por problemas de violencia e inseguridad, es vital la reconstrucción, las inversiones inteligentes y la apuesta de sus ciudadanos. En algunos aspectos del estudio aparecemos en el mapa del futuro. Es decir, claramente ¡hay potencial para salir adelante! Pero necesitamos difundirlo, creer en nosotros y sobre todo, trabajar para que el futuro deseable sea posible. A pesar de todo, sí hay luz al final del túnel.
Sintomático
En el ranking de FDi Intelligence, ninguna ciudad latinoamericana ocupó un lugar en las primeras 10 urbes de las categorías infraestructura, recursos humanos, ciudad del Futuro de gran tamaño y calidad de vida.
19 de abril 2013
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9178211
Impertinentes palabras
A partir de diciembre se acabaron los muertos. No importan que existan, eso ya no es relevante. Da lo mismo si las ejecuciones fueron en el Estado de México, Durango, Acapulco o Michoacán. Para el caso, ya no existen en el discurso oficial. Y eso es lo que cuenta. Tan fácil como borrarlos, como dejar de hablar de ellos. Nada de impertinentes noticias, ahora la política es otra, otros los temas, otro el partido y otro el presidente. ¡Y vaya que se nota! A cuatro meses del cambio de gobierno, hay un cierto optimismo y buenos niveles de aprobación de la presidencia en la opinión pública. Se habla de al menos un año para ver algunos frutos en la seguridad, y sobre todo en la pacificación. Pero mientras eso sucede, la estrategia inmediata del gobierno federal, fue cambiar el tono de las declaraciones cuando se habla de los problemas de seguridad. De esa manera, el primer cambio está en omitir “esas” impertinentes palabras. Al fin, percepción es realidad. Porque tanto se abusó en el sexenio anterior, que fue difícil hablar de otra cosa. Y así nos fue.
Acostumbrados a mandar, hasta los gobernadores siguen la misma línea discursiva. Ya todo está bien, ya la seguridad está mejorando, ya no hay muertos. Con la llegada de Enrique Peña Nieto, a los gobernadores no les quedó más que callar, obedecer y estar siempre a los órdenes del señor presidente. Y si no, basta ver como, los antes bravucones, son ahora mansos zalameros de la presidencia. Pero no basta con ordenar a la mayoría de los estados, faltan los municipios, donde los problemas siempre se multiplican.
“Gobernar es comunicar” dice un funcionario de la Secretaría de Gobernación. Como todo empieza por las palabras y la manera de expresarlas, entonces hay que alinear también a los voceros. Por eso Gobernación organizó el Primer Encuentro Nacional de Comunicadores en Seguridad Pública, a fin de homologar el discurso. Por ejemplo, se sugirió evitar palabras impertinentes como “capo”, “encajuelado”, “ejecutado”, “cártel”, “jefe de finanzas”, “lugarteniente”, “encobijado”… y no es que tales palabras no existan en eso que llamamos realidad, por el contrario, tan existen que su peso ya es cotidiano. Lo que se busca es quitarles protagonismo, sacarlas del día a día.
Extirpar esas palabras del discurso oficial tiene sentido dentro la comunicación gubernamental. No es deseable hablar en esos términos, ni tampoco reproducirlos a la manera del lenguaje criminal. Sin embargo, una política así requiere necesariamente de una correspondencia de resultados en las calles. Porque de otra manera, omitir las indeseables palabras, no omite la realidad ni mucho menos el problema. Los muertos siguen ahí, aunque no se quiera hablar de ellos. Si en el largo plazo la política no es consistente con los resultados, sencillamente los supuestos de la comunicación se derrumban. Entonces conoceremos los verdaderos resultados.
17 de abril 2013
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9178011
Acostumbrados a mandar, hasta los gobernadores siguen la misma línea discursiva. Ya todo está bien, ya la seguridad está mejorando, ya no hay muertos. Con la llegada de Enrique Peña Nieto, a los gobernadores no les quedó más que callar, obedecer y estar siempre a los órdenes del señor presidente. Y si no, basta ver como, los antes bravucones, son ahora mansos zalameros de la presidencia. Pero no basta con ordenar a la mayoría de los estados, faltan los municipios, donde los problemas siempre se multiplican.
“Gobernar es comunicar” dice un funcionario de la Secretaría de Gobernación. Como todo empieza por las palabras y la manera de expresarlas, entonces hay que alinear también a los voceros. Por eso Gobernación organizó el Primer Encuentro Nacional de Comunicadores en Seguridad Pública, a fin de homologar el discurso. Por ejemplo, se sugirió evitar palabras impertinentes como “capo”, “encajuelado”, “ejecutado”, “cártel”, “jefe de finanzas”, “lugarteniente”, “encobijado”… y no es que tales palabras no existan en eso que llamamos realidad, por el contrario, tan existen que su peso ya es cotidiano. Lo que se busca es quitarles protagonismo, sacarlas del día a día.
Extirpar esas palabras del discurso oficial tiene sentido dentro la comunicación gubernamental. No es deseable hablar en esos términos, ni tampoco reproducirlos a la manera del lenguaje criminal. Sin embargo, una política así requiere necesariamente de una correspondencia de resultados en las calles. Porque de otra manera, omitir las indeseables palabras, no omite la realidad ni mucho menos el problema. Los muertos siguen ahí, aunque no se quiera hablar de ellos. Si en el largo plazo la política no es consistente con los resultados, sencillamente los supuestos de la comunicación se derrumban. Entonces conoceremos los verdaderos resultados.
17 de abril 2013
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9178011
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