Tomando Torreón

Desde hace días que las balaceras no cesan por el poniente de la ciudad. Como zona de guerra, el estruendo de los fusiles, los estallidos de granadas, las ráfagas de metralleta, la movilización de personas armadas, la presencia del Ejército, las muertes violentas.

La espiral de violencia no parece acabar y ya se ha convertido en un suceso "normal", no nada más para los colonos de San Joaquín, la Durangueña, La Constancia y La Alianza, con los cerros convertidos en trincheras donde se concentran los enfrentamientos, sino para el resto de los habitantes de la Comarca donde viven temor, incertidumbre, desconfianza.

Es una guerra que lleva ya tres años y que se ha sentido particularmente en Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, Matamoros, Tlahualilo, San Pedro. La importancia geográfica y estratégica de Torreón en el árido noreste mexicano vuelve a La Laguna una plaza para tomar a toda costa, a todo fuego. El último episodio de violencia empezó el 20 de marzo, en Tlahualilo, con grupos bien armados, recién reforzados con material de Estados Unidos, que avanzaban rumbo a Torreón.

En las dos semanas siguientes La Laguna vivió una batalla sangrienta entre el Ejército federal y los grupos armados. Los cañonazos sonaban por todo el centro, las balas volaban de y hacia los cerros. Cuando se asentó el polvo, el 3 de abril, había miles de muertos y miles de heridos. Era 1914 y Francisco Villa había tomado Torreón por tercera vez.

Aniversario

Esta semana se cumplieron 95 años de la tercera toma de Torreón, que con 5 mil muertos ha sido, de lejos, el momento más violento en la historia de la Comarca Lagunera.
La coincidencia de la ola de violencia que azota a La Laguna con el aniversario de la tercera, última y más sangrienta toma de Torreón, invita a recordar la violencia de otra guerra, de la Revolución, y su impacto en la región. Era otra guerra, con otros objetivos y frentes de batalla más borrosos. No es ni remotamente comparable a la actual ola de violencia, pues no son comparables los bandos que pelean ahora, como tampoco son comparables las aspiraciones ni las líneas entre el bien y el mal. Hoy, a diferencia de hace un siglo, están perfectamente marcadas.
Pero la violencia es la misma, el desorden es el mismo y su marca en la vida cotidiana es la misma. Y, no es casualidad, los principales frentes de batalla son los mismos. El centro y el poniente de Torreón, con sus cerros protectores, y los cruces con Gómez Palacio y Lerdo eran antes, como ahora, los escenarios de los hechos más violentos.

Los primeros choques

Tras la primera toma de Torreón, el 15 de mayo de 1911, la caída de Porfirio Díaz fue inminente. Pero en Torreón, esa primera toma dejó auténticas horas de anarquía. Las huestes maderistas saquearon comercios y, en pleno acto de sevicia, masacraron a más de 300 chinos laguneros, en uno de los episodios más tristes de nuestra historia. Vendría luego la segunda toma de Torreón, en 1913, realizada por el mítico Francisco Villa. Torreón estaba defendida por unos 5 mil hombres al mando del general Eutiquio Munguía, y apoyados en el terreno por el fiero lagunero Benjamín Argumedo. Para combatirlos, la División de Norte desplegó poco más de 4 mil hombres que tomaron Lerdo, Gómez Palacio, San Pedro y finalmente Torreón, por la ruta del cañón del Huarache. La ofensiva empezó el 29 de septiembre y en tres días, para el primero de octubre, Villa había tomado Torreón. La estrategia consistió en realizar ataques nocturnos e irse apoderando, cerro tras cerro, de los cañones federales.

El saldo de la batalla, según el informe oficial de Villa a Venustiano Carranza, terminó con la vida de 467 federales y 38 rebeldes. Hubo 71 heridos. La cifra resulta increíble para la magnitud de la batalla, pero finalmente refleja el interés de la información oficial de un bando.
Otro resultado fue la confiscación al Ejército federal de considerable armamento, entre ellos dos cañones blindados -el Niño y el Chavalillo-, 300 granadas, 532 rifles calibre 7 mm. con 1.5 millones de cartuchos, ametralladoras y máquinas de ferrocarril.

A diferencia de 1911, el saqueo no se generalizó en Torreón y Villa impuso, como lo atestiguó el cónsul norteamericano, George Carothers, un "espléndido orden".
¿Por qué La Laguna, y en particular Torreón, resultaban tan peleadas, tan codiciadas por los ejércitos revolucionarios y federales? Esta es una de claves para entender los conflictos armados. La región era el nudo ferroviario entre Chihuahua y Monterrey, eslabón de capitales e inversiones, a la par del acceso a rutas con El Paso y Piedras Negras.

La tercera toma

Los federales fueron capaces de recuperar Torreón, pero Villa regresó en los primeros meses de 1914. Para entonces, la región estaba bastante fortalecida por el Ejército federal, a cargo de uno de los mejores generales, José Refugio Velasco, con alrededor de 10 mil militares atrincherados en Torreón. La primera acción de Villa y su ejército de más de 10 mil soldados que venían de Chihuahua por ferrocarril, fue tomar el pueblo de Tlahualilo el 20 de marzo de 1914. Los villistas venían bien armados, por las recientes compras realizadas en los Estados Unidos. Ya posicionados en la estación Bermejillo, el general Felipe Ángeles habló por teléfono a Torreón con el general Velasco, a fin de pedirle la plaza y evitar así el derramamiento de sangre, pero la negociación no llegó a nada, después de que Villa tomó el teléfono.

Velasco, con los cerros de La Pila, Santa Rosa, La Cruz, Calabazas, Polvorera, Las Noas y el cañón del Huarache fuertemente artillados, estaba seguro de proteger la plaza. Al paso de los siguientes 14 días, la cruenta batalla por Torreón dejó casi 5 mil muertos, y más de 5 mil heridos.
A Velasco no le fueron suficientes las 1,700 granadas detonadas y el millón y medio de cartuchos disparados. El 2 de abril, antes del anochecer se levantó una formidable tolvanera. A media mañana del día 3, Villa era jefe de la plaza.

5 de abril 2009
El Siglo de Torreón

Auditar la seguridad

De una u otra manera todos, o casi todos, los caminos no llevan al tema de la seguridad, pero más allá del rumor, el temor y la psicosis, debemos preguntarnos sobre aquello en lo que sí pueden incidir los ciudadanos, y sobre todo, exigir a los gobiernos. Sin embargo, poco se valora en las conversaciones cotidianas, los datos duros, las cifras que despejan exageradas opiniones o fantasiosas especulaciones. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Cómo exigir cuentas en materia de seguridad? Una dimensión poco explotada tiene que ver con la información oportuna y veraz para la toma de decisiones. Si aplicamos esto al tema de la seguridad en nuestro entorno inmediato, para no perdernos en el ámbito nacional, habría que empezar por exigir los números concretos que refleja la (in)seguridad. Partamos de unas preguntas tan simples como urgentes: ¿Cómo medir la calidad de la seguridad pública en Coahuila? ¿Cuál es el índice delictivo que marca nuestro Estado? ¿Cuál es el costo-beneficio para los ciudadanos del dinero invertido en Seguridad? ¿Cuáles son los resultados?

En este momento, uno de los pocos informes bien fundamentado y minucioso sobre la seguridad en Coahuila, pero sobre todo, de dominio público, es el trabajo realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar la Cuenta Pública 2007, en el renglón de seguridad Estatal. El órgano fiscalizador, revisó dos fondos presupuestales aportados por el Gobierno Federal al Estado, que tienen que ver con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP); y el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las áreas del gobierno estatal revisadas fueron cuatro: La Procuraduría de Justicia, ahora flamante Fiscalía; la Secretaría de Seguridad Pública; el Centro de Comando, Control y Cómputo (C4); y Protección Ciudadana.
El objetivo de la auditoría consistió en evaluar la calidad de la gestión gubernamental, así como la efectividad de los procedimientos, políticas y sistemas aplicados para identificar y administrar los principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento de la seguridad pública en el Estado. El otro punto relevante que revisó la ASF fueron los índices delictivos y su relación con la eficacia y eficiencia de los recursos públicos. En este sentido, el resultado de la investigación no es nada alentador para los coahuilenses y revela al mismo tiempo, carencias y disfuncionalidades operativas.

Resumo los principales puntos de la Auditoría: a) La mayoría de los delitos desde 2005 a 2007 se incrementó (robo común, patrimonial, lesiones, homicidios). Llama la atención que el secuestro se duplicó entre 2005 y 2007; b) De 158 millones de pesos del Fondo de Seguridad, se dejaron sin ejercer 77 millones, lo que significa un subejercicio de 49%; c) Ni siquiera el 10% de los policías estatales y municipales cuentan con el equipo básico antimotín; d) No se respetó en algunos casos, el destino de los recursos ni su aplicación para lo cual fueron etiquetados previamente; y e) No hubo un manejo claro de las cuentas y reportes financieros, a tal grado que la ASF instruyó tener claridad y transparencia, porque encontró faltantes y saldos negativos en las cuentas. De ahí instó a promover un procedimiento administrativo sancionatorio.

Paradójicamente, desde el año 2006 hasta la fecha, los recursos públicos invertidos en el reglón presupuestal de Procuración de Justicia y Seguridad Pública, aumentaron año con año. El presupuesto creció de 877 millones de pesos a 1,157, que maneja actualmente la recién creada Fiscalía General del Estado, a cargo de Jesús Torres Charles. Si correlacionamos los datos, encontramos dos caminos: el primero nos indica que el presupuesto aumentó, y por lo tanto la seguridad pública ofrecida a los coahuilenses creció, situación que no se ha dado.
El segundo camino nos muestra que el dinero invertido en la seguridad aumentó y por lo tanto, el índice delictivo también, lo cual resulta bastante grave, porque entonces, la inversión pública en seguridad no está ofreciendo resultados útiles. Dicho de otro modo, más dinero invertido en la seguridad, no implica necesariamente, ni tampoco es garantía de que disminuya el delito.

En conclusión, la ASF consideró que, en términos generales el Gobierno del Estado de Coahuila no cumplió con la mayor parte de los objetivos y metas planteados en los diversos Anexos Técnicos que fueron sujetos de revisión y que forman parte del Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública suscrito entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Coahuila (Tomo X, vol. 8, p. 117). Así nuestra Seguridad.

Una buena

Hacia 1950, uno de los grandes politólogos de la Universidad de Chicago, el norteamericano Harold Lasswell, había propuesto una innovadora y creativa forma de hacer política, a partir de una metodología para el tratamiento y resolución de problemas públicos. La técnica, fue bautizada en castellano, aunque de manera inexacta, como políticas públicas. En esencia, el método propuesto por Lasswell, parte de la relación entre el gobierno y los grupos de ciudadanos organizados, como una forma, en donde ambos actores participan de los problemas y las alternativas.
En otras palabras, la técnica busca construir una agenda de gobierno compartida en responsabilidades, porque no es solamente el gobierno quien decide y resuelve problemas, sino que también los ciudadanos, participan en conjunto de las problemáticas y su solución. De cierta manera, se trata de la incorporación de los ciudadanos en el proceso decisorio del gobierno, siempre en campos pequeños y limitados, como la colonia, la comunidad, la escuela, el gobierno local. Pero ¿es aplicable este esquema en México, donde nuestra cultura política es precaria y contradictoria, pobre e incipiente? Más aún, ¿existen casos exitosos o ejemplos de políticas ciudadanas en nuestro entorno inmediato?

Sin caer en entusiasmos y efímeros optimismos, la respuesta es sí. Y casi, habrá que escribirlo con mayúscula, a pesar de las dificultades del entorno, las posibilidades de cambio, están sin lugar a dudas, en los espacios locales. Y para muestra, El Siglo de Torreón (24/03/09), dio cuenta en una de sus notas de la sección local, de qué manera los vecinos de la colonia El Fresno, lograron lo que parecía imposible: incidir en la agenda de gobierno para atender sus problemáticas específicas. El problema de los vecinos provenía de tiempo atrás, derivado de los ruidos generados por los antros que rodean la zona habitacional. Hartos del problema, intentaron por una y otra vía cambiar la situación. Ni los desplegados en la prensa, ni las peticiones al Ayuntamiento rindieron frutos.

Tras los infructuosos intentos, los propios vecinos, representados por Enrique Peña, presidente de la Asociación de Colonos, fueron autocorrigiendo la ruta para resolver el problema. Decidieron recurrir a su representarte popular, el diputado federal Carlos Bracho, a quien expusieron el problema, para luego exigirle en su participación legislativa, que llevara al Congreso la propuesta de actualización de la norma que regula el ruido. Así los vecinos, entendieron que al cambiar las reglas del juego, podrían entonces, incidir en el bienestar de su comunidad inmediata. La propuesta ciudadana para actualizar la obsoleta Norma Oficial Mexicana 081 (aprobada en 1994), se refiere a la regulación de los ruidos con la finalidad de mejorar el bienestar de las personas y del medio ambiente.

El punto de acuerdo, donde el diputado, dirigido por los ciudadanos, expresó así el problema: “El primer aspecto importante que deberá ser sujeto de revisión está en el campo de aplicación de la norma, donde se incluyen en una sola categoría a la pequeña, mediana y gran industria, comercios establecidos, servicios públicos o privados y actividades en la vía pública sin establecer diferencia alguna entre la amplia gama de actividades que se mencionan, mucho menos una distinción clara expresada en decibeles de los límites de emisión de ruido para cada una de las categorías. No se debería evaluar con el mismo criterio ni con la misma escala, el ruido que produce una fábrica instalada en una zona industrial durante la jornada de trabajo, que una cantina con música en vivo enclavada en los límites de una zona residencial y operando en horario nocturno permitía hasta 65 decibeles en espacios habitacionales, cuando el parámetro internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), establece 40 decibeles”. El interés ciudadano fue plasmado en el legislativo el 8 de abril de 2008, donde se exhortó al Ejecutivo Federal actualizar la norma. Finalmente este mes, lo ciudadanos organizados lograron que la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa.

Sin bloqueos de calles, ni afectaciones a terceros, los colonos lograron, de manera civil y sin violencia, recurriendo a los caminos institucionales establecidos, pero poco utilizados, incidir en la vida pública de su entorno inmediato; pero también, con su iniciativa, beneficiarán a los demás ciudadanos en el país. Entonces, el impacto de la política pública, trascendió más allá de un problema particular en una colonia de Torreón.

Varias lecciones nos quedan de esta valiosa experiencia: 1) Si se lo proponen, los ciudadanos organizados civilmente, pueden transformar para bien su entorno común; 2) Una participación responsable exige cuentas a sus gobiernos, como una clara forma de asumir su corresponsabilidad; y 3) Los cambios profundos en nuestra vida pública, o al menos sus posibilidades, tendrán que venir de abajo hacia arriba, porque de arriba hacia abajo, dejó de funcionar hace mucho tiempo.

Torreón visto por la Auditoría

Siempre resulta más fácil y cómodo gastar el dinero de los otros, al menos, esa parece ser la clara señal que envían los gobiernos: viajes con cargo al erario, concesiones repartidas como bienes privados, desvío de recursos, privilegios al amparo del poder, irracionalidad económica en el gasto, opacidad y para acabar pronto, una ausencia casi general de rendición de cuentas. Y así lo corroboran las irregularidades documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a cargo del contador Arturo González de Aragón. La semana pasada se publicó el extenso informe, basado en 962 auditorías que reflejan el manejo de la Cuenta Pública por el Estado Mexicano durante el año 2007. Tan sólo ese año, los malos manejos del dinero público ascendieron a la pequeña suma de 60 mil 723 millones de pesos. El informe de la Auditoría consta de diez tomos, y en especial el tomo X, volumen 8, está dedicado al Estado de Coahuila, donde se revisa a los municipios de Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras, San Pedro y algunas áreas del Gobierno Estatal.

¿Pero cómo le fue a Torreón? ¿Qué detalla la ASF sobre el ayuntamiento? Y sobre todo ¿Cómo está manejando los dineros públicos?

La ASF, órgano dependiente del Congreso de la Unión, auditó los recursos provenientes del Ramo 33, el cual se refiere a los dineros que la Federación destina a Estados y Municipios. Revisó dos fondos presupuestales: 1) Los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y 2) Los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento de Municipios (FORTAMUN). Las áreas auditadas del Ayuntamiento fueron: Obras Públicas, Servicios Administrativos, Desarrollo Humano y la Tesorería Municipal. En este sentido, el propósito de la Auditoría fue evaluar la calidad de gestión y control de los recursos federales aplicados en el municipio. En otras palabras, investigó sobre la eficacia y eficiencia de los recursos públicos administrados por el gobierno de Torreón. A grosso modo, dada la complejidad y extensión del informe, resumo las principales faltas e irregularidades que encontró la ASF en la operación de los recursos federales: a) Obras que presentaron atrasos sin justificar y sin aplicar sanciones correspondientes a las empresas que las operaban, incluso, no se aplicaron las multas respectivas por incumplimiento de contrato; b) Obras que terminaron costando más de lo presupuestado previamente, sin presentar razones fundadas y explícitas; c) Recursos que fueron utilizados con fines distintos para el cual ya estaban etiquetados; d) No se pagó los impuestos al SAT por la erogación de 12 millones de pesos aplicados al personal de Seguridad Pública. En tal caso, la ASF recomendó al SAT auditar al Ayuntamiento con el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales; e) Se adjudicó la compra directa de combustible por 22 millones de pesos, contraviniendo las leyes de Adquisiciones y Contratación de Servicios; y la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

En resumidas cuentas, la Auditoría concluyó que el municipio de Torreón debe fortalecer y mejorar sus mecanismos de control, operación y manejo de los recursos públicos, con la finalidad de obtener mayor eficacia, calidad y transparencia en las obras. De 86 millones ejercidos durante el 2007, el 46.0% de los recursos se aplicaron en fines no previstos por la normativa del fondo, mientras que el 44.5% se aplicó en obras y acciones que no están en los rubros que marca la Ley de Coordinación Fiscal.

¿Por qué no se respetó la legalidad, y más aún, dónde está la labor de la Contraloría municipal para supervisar el uso de los dineros públicos? Al respecto, la valoración de la ASF es contundente: la Contraloría no tiene “el carácter preventivo deseable” que permita la optimización y buen manejo de los recursos públicos. La situación resulta tan precaria administrativamente, que la Auditoría insiste una y otra vez en la carencia de manuales de operación, pero también de una verdadera coordinación entre los órganos del gobierno municipal.

Para la ASF el ayuntamiento de Torreón está en color amarillo, igual que Saltillo. Esto quiere decir, que el indicador que evaluó el desempeño municipal, registró un punto medio, en el entendido de que verde, según el semáforo de la Auditoría, es alto, y rojo, como el municipio de Monclova, bajo.

Esta semana, escribía al respecto el prestigiado politólogo Mauricio Merino; “Nos falta mucha fontanería, para limpiar y destapar nuestras tuberías dañadas y obstruidas”.

En el fondo, no se trata sólo de ganar elecciones y estar en el poder, ni tampoco de ejercerlo en la marcha y “hacer” cosas, sino de hacerlas bien, y con racionalidad. Me refiero a generar, y aquí incluyo a los ciudadanos, un gobierno de calidad que basa su legitimidad en la rendición de cuentas.

Xcellerator

No es el nombre de una película, tampoco de un videojuego y mucho menos, una venta de autos deportivos. “Xcellerator” es el nombre de una larga y acuciosa operación que el gobierno norteamericano organizó para desarticular una banda del crimen organizado que operaba, como tratado de libre comercio, en México, Estados Unidos (EU) y Canadá. El operativo fue organizado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y tuvo su inicio en California durante el año 2007. Tras 21 meses de investigación y rastreo, el operativo tuvo resultados espectaculares, un tanto inusuales, para lo que se presenta en los EU.

El número de detenidos resulta congruente con el tamaño de la operación: 755 procesados. Materialmente el decomiso también fue a gran escala: 59.1 millones de dólares en efectivo, 12 toneladas de cocaína, así como 8 kilogramos de heroína y 1.3 millones de píldoras de éxtasis. Los resultados fueron contundentes, visibles y palpables, pero al mismo tiempo, evidenciaron el tamaño del problema, así como los alcances de las organizaciones criminales que operaran con redes bien tejidas y organizadas desde México, y que tienen presencia, según la propia agencia de inteligencia norteamericana, en más de 230 ciudades de EU. En la operación de la DEA, participaron más de 200 elementos que también lograron la incautación de 149 vehículos terrestres, 3 aeronaves, 3 vehículos marítimos y 169 armas de fuego.

Aunque sé que son odiosas las comparaciones, y sobre todo por el grado de corrupción que permea las instituciones en México, la operación Xcellerator es un espejo que refleja las carencias e incapacidades del Estado Mexicano, no sólo porque acá, a pesar de los más de 5 mil muertos durante el 2008, y el despliegue espectacular de fuerzas policiacas y militares, los resultados de los múltiples operativos han sido muchas veces, magros y decepcionantes.

¿Cuántas veces, después de intensas balaceras, las autoridades apenas si logran detener a unos cuantos, y no pocas veces, a ninguno? Por otro lado, las áreas de inteligencia de los diferentes cuerpos de seguridad en México, ya sea la Secretaría de Gobernación con el “invisible” CISEN, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública o la Unidad de Inteligencia Financiera en Hacienda, no nos han ofrecido a los mexicanos una operación de esa magnitud con resultados tajantes. Al decir esto, no pretendo negar los esfuerzos del Gobierno Federal y la política inédita impulsada por el presidente Felipe Calderón, como tampoco pretendo ignorar los decomisos y los enfrentamientos, los detenidos y los muertos. Sin embargo, muchas de las operaciones no logran en realidad golpear a fondo a los cárteles, más aún, los vemos operando y constantemente retando al Estado. ¿Dónde está nuestro Xcellerator? ¿Dónde los resultados que vayan, no a las ramas, sino a la raíz del problema?

En el ámbito financiero, un informe reciente del Fondo Monetario Internacional revelado el mes de enero, deja las cosas en claro, en tanto el desempeño poco efectivo de México en el combate al lavado de dinero. El informe señala que la “inteligencia financiera” no ha investigado adecuadamente, a grado tal que entre 1989 y 2007, es decir, en los últimos 18 años, el Gobierno mexicano solamente obtuvo 25 sentencias condenatorias por el delito de “lavado” de dinero.

El asunto de la guerra abierta contra el narcotráfico y las variantes de crimen organizado, le ha valido al presidente Calderón credibilidad y confianza ante la ciudadanía, pues tiene casi el 70% de aprobación. No obstante, y más allá del empleo legítimo de la violencia, una guerra requiere algo más que fuerza y fusiles, al menos, esa fue la lección de inteligencia que los atenienses demostraron en la Antigua Grecia, a los militares espartanos, cuando la memorable guerra contra los persas.

PRI reloaded

Paso tras paso, victoria tras victoria, el PRI se apunta claramente como el próximo ganador de la campaña electoral. En la mayoría de los comicios electorales celebrados durante el 2008, el tricolor se impuso como el gran ganador, casi recordando los viejos tiempos del partido único. Por el contrario, el grueso de las derrotas las cargó el PAN, incluso en aquellos espacios que se consideraban históricamente favorables. Hoy por hoy, y esto resulta contradictorio para el partido en el poder, el panismo se derrumba, apenas el año pasado si consiguieron un 3% de victorias electorales; casi nada. Llámese decepción, incapacidad e ineficiencia para gobernar o exceso de confianza, son algunas razones de la derrota panista, y los electores están marcando sus preferencias hacia el PRI.

La reciente encuesta de Reforma (23 febrero), publicada el lunes pasado, dibuja en cierta forma la caída libre del PAN y el reposicionamiento del PRI. Tan sólo en los últimos dos meses, el partido de Felipe Calderón se desplomó doce puntos porcentuales, mismos que el PRI ganó consistentemente desde el año pasado. Los resultados de la encuesta nacional, son similares también, a los expuestos por El Universal (9 de febrero), donde la ventaja se abre 15 puntos a favor del PRI. Dicho de otra forma, si este mes fueran las elecciones, el PRI obtendría 39.9% de los votos, mientras que el PAN alcanzaría 25.1% y el PRD 15.4%. El panorama no podría ser mejor para el tricolor, ya que inicia en su mejor momento desde hace seis años, incluso, en la encuesta de Mitofsky (enero), donde se mide el rechazo de los votantes hacia los partidos, el PAN le ganó al PRI el segundo lugar del partido más rechazado (24%), sólo superado, y con creces, por el PRD, que suma ya un 43% de rechazo. Con estas cifras, está claro que la próxima legislatura quedará dominada por el PRI, quien ocupa actualmente la tercera posición en el Congreso, pero que se comporta y marca el ritmo de la agenda como si fuera primera fuerza. No obstante, se plantea ya la posibilidad, que desde 1997, un partido logre la mayoría absoluta, cincuenta por ciento más uno, lo que equivale a 251 diputados para controlar el Legislativo. De ser así, estaríamos ante un rechazo contundente al proyecto del presidente Calderón y consecuentemente, a la factibilidad del arribo del PRI a los Pinos.

Pero ¿qué puede ofrecer este regreso inminente del PRI, esta versión reloaded o recargada? Veamos un ejemplo. Hace un días, el presidente del PAN, Germán Martínez, criticó al PRI por el “fracaso de los gobiernos”. La respuesta no se hizo esperar y según un senador del PAN, esta discusión tumbó las negociaciones en el Senado para que se aprobaran tres iniciativas importantes del presidente Calderón en materia de seguridad y combate al crimen organizado, tales como, la extinción de dominio sobre los bienes del narco. Mientras el crimen organizado no descansa, la política se paraliza para dar paso al chantaje. No te apruebo porque me criticas. Al final no importa la urgencia ni la pertinencia de las iniciativas, porque nuestro tiempo, lo deja claro la clase política, es otro. Y ese es el mensaje que da el PRI, en un momento en que se apunta casi como el gran ganador de los comicios. Su desprecio hacia el tema de seguridad, nos deja en claro para qué quiere el poder.

Al final, lo que debiera interesar no es tanto si el PAN, el PRI o el PRD proponen, sino la calidad del trabajo que va encaminado a mejorar la vida pública en México, ahora tan degradada por la violencia. De poco ayuda un partido con la mayoría absoluta en el Congreso, si la política carece de una visión de Estado, pues al final, estará siempre al servicio de unos pocos. Resulta desalentador que mientras el crimen organizado actúa a diestra y siniestra, los políticos utilicen el tema de la seguridad como materia prima para las elecciones. Así de pequeña es nuestra política, así de efímera y estéril.

De tapados y bloqueos

Al principio, el bloqueo parecía una cosa normal, una protesta más de la que suelen aparecer en el país, sin embargo, la continuidad, la organización y los días fueron revelando otra cosa. No se trataba de una protesta más, ni tampoco de un simple reclamo, más bien, en los hechos, se asemejó a las formas que suele emplear un partido político a la hora de movilizar gente para su causa. Más tardó en reaccionar el gobierno, más tardó en entender la ciudadanía de qué se trataba, por qué se protestaba, en que los propios bloqueos se multiplicaran en distintos puntos y ciudades. La frontera en Ciudad Juárez, Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, pero también al interior del país, en ciudades como Victoria, Veracruz y Monterrey.

¿De qué se trata? ¿Por qué el malestar? Tras los días, la autoridad fue confirmando las suposiciones: detrás de las movilizaciones “ciudadanas”, del conjunto de “tapados” está el narco. Jugando con los medios y fines, utilizaron lo mismo jóvenes que niños, señoras que ancianos, para bloquear las avenidas, con la finalidad de exigir la salida del ejército de las colonias, el retiro de las operaciones militares contra el narcotráfico. No se trató de un demanda contra las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el ejército, como afirmaban los mensajes de los bloqueos, tampoco de una lucha civil para restablecer un servicio o exigir un beneficio social, sino de la utilización, previo beneficio económico, de la población de escasos recursos para los fines del narco. ¿Cómo explicar esto? ¿Por qué un sector de la sociedad está dispuesto a colaborar con el narco? ¿Qué beneficio les genera, más allá de los 200 o 500 pesos y una mochila con útiles escolares? Pasamos de las narcomantas a las narcoprotestas.

En 1995, el afamado politólogo y sociólogo norteamericano, Robert Putnam, publicó un influyente e innovador ensayo para explicar por qué unos pueblos son exitosos y otros no. Putnam utilizó el concepto de “capital social” para entender un conjunto de redes sociales, normas y confianza que posibilitan alcanzar beneficios sociales e incluso económicos para favorecer el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, la construcción del capital social, requiere de condiciones propicias y valores que le permiten a los grupos de la sociedad cooperar y asociarse para el beneficio mutuo (una comunidad cívica). En este sentido, el concepto de capital social es una útil herramienta para explicar una crisis social como la que vivimos con el crimen organizado. A diferencia de las sociedades exitosas, lo que estamos padeciendo en México, es el lado oscuro del capital social que se promueve desde dos vías: la ausencia de un estado de derecho (la impunidad) y un gobierno ineficaz.

El crimen organizado, por ejemplo, también teje redes de confianza y lealtad, que en ante el incentivo de esas dos vías, sustituye e implanta sus propias reglas. Piénsese en la Mafia. Por otro lado, existe una realidad lacerante entre los mexicanos: no confiamos entre nosotros, lo cual mina claramente el sentido de una comunidad cívica. Menciono un dato para dimensionar la afirmación: 6 de cada 10 mexicanos confían poco en las demás personas (ENCUP, 2005). El asunto de los tapados, los bloqueos y las protestas contra el ejército, son apenas la superficie de una distorsión. Desde hace buen tiempo, el ejército es una de las instituciones públicas que mantiene amplios niveles de confianza y credibilidad entre los mexicanos. En la más reciente encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica realizada en Monterrey (GCE, 18 de febrero), se demuestra que 8 de cada 10 está a favor de la presencia y el reforzamiento del ejército. Otra encuesta, hecha por El Norte (13 de febrero), demuestra que 93% de los regiomontanos, aprueban la presencia del ejército. Entonces, ¿dónde quedaron las protestas?

En el fondo, lo que sí está bien arraigado, es esa cultura de ilegalidad que ha tejido con fuerza sus propias redes sociales, su confianza y solidaridad, ante la ausencia de autoridad. En otras palabras, implanta sus propias reglas con base a un capital social negativo.
Ante la amenaza que impone el narco, ante el poderoso mensaje que manda la violencia, ante las dificultades que implica esta lucha entre gobiernos y entre los propios grupos del crimen organizado, no podemos creer que el problema es sólo de restricciones y mercados, como han propuesto recientemente diversos exmandatarios; ni tampoco es meramente un problema de corrupción e impunidad arrastrada por el gobierno. A lo que me quiero referir, es que todo esto está inmerso en la sociedad, es decir, proviene de ahí, y de las reglas del juego que lo han permitido, que lo han impulsado, pero también que lo han tolerado.

El problema no viene de fuera de la sociedad, ni se originó de algo muy lejano, ajeno a la sociedad misma. Y en este punto, no podemos ignorar la relación que guardan gobierno y sociedad, por dos razones, porque el poder emana o se legitima a través de los ciudadanos, pero también, porque las personas que dan vida al gobierno, provienen de ahí. Entonces, no tenemos el gobierno que nos merecemos, sino el que se nos parece. De la misma manera, el medio millón de “ciudadanos” que el gobierno federal afirma que es parte del narco, proviene de esa sociedad. Lo paradójico del caso, es que cuando se le pregunta a la gente, qué tan responsable es la propia sociedad en la solución del problema, ésta piensa que es el gobierno, el presidente, la policía, los jueces, y casi al final, los ciudadanos (GCE, 2008). Un cambio profundo en la cultura y las instituciones, diría Putnam, requiere tiempo y lentitud.