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Apagar el fuego

Nuestros políticos no serán acaso, buenos políticos, pero sí buenos actores. Después de la tragicomedia legislativa en la semana, los diputados aprobaron nuevos impuestos, eso sí, ya pasadas las elecciones. Entre tanto, tomaron una decisión que nos involucra nos a la mayoría. Conviene preguntarnos: ¿La miscelánea fiscal que aprobaron por mayoría los diputados hará de México un mejor país? ¿Estos nuevos impuestos generarán la infraestructura para el desarrollo en el futuro?

Predeciblemente la respuesta es no. No se sentaron las bases para una fiscalización moderna, ni tampoco de ahí saldrá la inversión para el desarrollo. Y si no es así, entonces qué fue lo que aprobaron la mayoría de los diputados. Aprobaron un paquete fiscal para “librar” el año que entra, 2010. Por lo tanto, para octubre y noviembre de ese año, estaremos nuevamente ante el mismo problema: un gobierno que no puede sostener su gasto. En este sentido, el alcance de la miscelánea responde al corto plazo, es decir, fue impulsada para inmediatez insostenible del gobierno, para unas finanzas que dependen enfermizamente del petróleo. La historia se repite, ante la urgencia de compensar el ingresó de la renta petrolera, nuestros diputados se han avocado a apagar el fuego, pero no a proponer un solución mayor.

La fórmula combina aumento de impuestos con déficit público. Otra vez, lo que imperó en el Congreso fue el posibilismo ante la incapacidad de no asumir los costos de lo necesario, lo deseable. No importa que en lo individual muchos legisladores reconozcan la necesidad de hacer las llamadas “reformas estructurales”. Igualmente resulta irrelevante el acertado diagnóstico y la pertinente propuesta del Centro de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso, si al fin los legisladores están atendiendo otras cosas menos al interés público, al bienestar del país. A pesar de la retórica de Francisco Rojas y su dolor por México, o la valentía patriotera de Fernando Gómez Mont.

Entones, si quienes toman las decisiones conocen los casos de éxito, si cuenta con la propuesta pertinente, si saben la importancia de construir el largo plazo ¿por qué no se materializa? Dado que ya no es posible encontrar una respuesta lógica, habrá que decir, como lo hizo hace algunas semanas Ciro Gómez Leyva, que nuestros animales políticos son “una generación política genéticamente mal dotada para la grandeza”.

Imposibilitado desde las elecciones federales, el PAN fracasó en impulsar la propuesta del presidente Felipe Calderón. El PRI más cauto, esperó a que pasara el tiempo, para luego decepcionar con su paquete fiscal. Pero ni uno ni otro atienden al largo plazo, son simples remedios inmediatos para una realidad que demanda compromiso, responsabilidad y resultados. La propuesta fiscal para aumentar impuestos recurre a la misma fórmula imaginativa: gravar a los de siempre.

Desde hace tiempo, uno de los órganos que sí funciona en el gobierno, la Auditoría Superior de la Federación, ha recordado que la ineficiencia fiscal de México, lo sitúa en el peor índice entre las naciones de la OCDE. En consecuencia, tenemos a unos cuantos sosteniendo al Estado y muchos “colgándose” de la aportación de estos. No se trata descubrir un misterio, sino de aplicar las líneas de acción empolvadas en los archiveros de los legisladores.

Por ejemplo, retomo el área de oportunidad señalada por la Auditoría: “Ante los retos y demandas sociales, así como la impostergable necesidad de un sano financiamiento del desarrollo del país, se requiere de decisiones consecuentes para mejorar la eficiencia recaudatoria del Estado, siendo necesario para ello dotar de mayores facultades recaudatorias a estados y municipios, ampliar el padrón de contribuyentes, combatir decididamente la evasión y elusión fiscal, eliminar el sector informal de la economía y el contrabando, simplificar y mejorar la progresividad del marco regulatorio impositivo, otorgar certidumbre jurídica al contribuyente, establecer una política fiscal de largo plazo que propicie certeza a las inversiones, y mejorar la recuperación de las obligaciones fiscales a través de juicios”.

De esta manera, uno de los problemas de legitimidad en el tema de los impuestos es que estos no se traducen beneficios para los mexicanos, como una educación de calidad, servicios públicos de primera o telecomunicaciones competitivas. Al final, los impuestos sirven para sostener un Estado obeso e ineficiente.

En principio, estaría de acuerdo en que subieran de los impuestos, aunque no en el sentido en que lo hicieron los legisladores, sino de promoviendo una forma moderna, equitativa y generalizada a toda la población a través del consumo. Sin embargo, qué beneficio vamos a obtener a cambio: ¿un mejor país? ¿Leyes que se cumplen y políticos que las observan? ¿Condiciones para el desarrollo del futuro? Siento decepcionar al lector, pero nada a cambio. Dentro de dos meses, los mismos diputados que ahora nos incrementan los impuestos, serán lo que no los pagarán en diciembre.

Mediocridad pura

Decepcionante la propuesta, decepcionante la aprobacion de los nuevos impuestos. Nuestra clase política, tan imaginativa como pertinente, recetó a los ya contribuyentes, una nueva carga. ¿A cambio de qué? ¿Acaso de resultados palpables y benéficos para la población, para el país?
Al fin, una clase que no le interesa el futuro ni nada que implique más, es decir, mediocridad pura. Aquí un artículo de Ciro Gómez Leyva a propósito de la mediocridad.

Eduardo Olmos

Se confirmó al fin el amplio triunfo de Eduardo Olmos del PRI para la alcaldía de Torreón. La diefrencia con Jesús de León Tello según el PREP del IEPC quedó en 19.93 puntos, lo cual confirma varias cosas:
-La alternancia en el municipio y un votante proclive a apremiar y castigar. Desde finales de 1990 Torreón no está casado con un partido.
-La base tradicional de votantes del PAN se dispersó por lo menos desde 2008.
-Es cierto que los programas sociales (tinacos, pintura, tarjetas de la gente) empujaron el voto, pero no de forma significativa como sí lo hizo el ineficiente gobierno panista. Al final, eso pesó más.
-Tras el amplio margen de victoria, Olmos despierta una gran expectativa, por lo tanto, está obligado a realizar un buen gobierno: capaz y eficiente, con liderazgo e innovador, responsable y sobre todo, con miras al largo plazo (no sólo los próximos cuatro años).

Una Corte decorativa

En una película que me agradó, Backyard (Traspatio), del director Carlos Carrera, la actriz principal Blanca Bravo (Ana de la Reguera) hace el personaje de policía investigadora para el asunto de las muertas de Juárez. Una escena recordé esta semana: La agente Bravo encuentra el cadáver de una mujer asesinada y después llega el comandante de Juárez para afirmar tranquilo y con pausa: “Siempre llegamos tarde y mal”. Justamente esta aseveración me recordó el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al pronunciarse en la semana sobre el lamentable conflicto de Oaxaca. Llega tarde y mal. Tarde, porque tuvieron que pasar varios años para reconocer lo evidente: la omisión e incapacidad de las autoridades a la hora de resolver el conflicto y en particular su corresponsabilidad en los hechos. Mal, porque el pronunciamiento es un llamado de palabra que no tiene eco ni consecuencias.

Los argumentos de la Corte concluyeron que sí hubo violaciones graves a los derechos humanos y que también hubo negligencia por parte de las autoridades, en particular del Gobierno Estatal de Oaxaca. El Ministro Guillermo Ortiz comentó: "Para mí el reproche fundamental es que no se cuidó el orden público en la ciudad, y que esta omisión, que fundamentalmente la veo a cargo del señor Gobernador, dio como resultado que el desorden generalizado produjera, por parte de los particulares, la afectación de derechos humanos fundamentales". Un tono similar usó el Ministro Genaro Góngora: “El gobernador Ulises Ruiz Ortiz es responsable por tratar de solucionar el conflicto de manera tardía y por haber ordenado, pese a tener todo en contra, el operativo fallido para desalojar el zócalo”.

Pero la votación entre los ministros estuvo divida, de ahí que se expusieron también opiniones como la del ministro Salvador Aguiano: “Ni las autoridades estatales ni las federales incurrieron en violaciones de garantías. Los integrantes de la APPO son un grupo subversivo, que pese a ello eran seres humanos y tenían derechos”.
Finalmente, tras la investigación que duró 19 meses y costó alrededor de 15.4 millones de pesos, la Corte llegó a la conclusión de que el tristemente célebre Gobernador de Oaxaca por el PRI, Ulises Ruiz, violó las garantías.

El Pleno de la Corte determinó que los hechos y omisiones demostrados en la investigación sobre lo sucedido en Oaxaca entre 2006 y 2007 constituyeron una grave violación de las garantías. De paso los ministros resolvieron que el ex presidente Vicente Fox no tuvo responsabilidad, si a esto le llaman no hacer nada. Quizá por el fracaso de Atenco, Fox no pudo o no quiso entrarle al problema y tuvo que venir a finales de diciembre el presidente entrante, Felipe Calderón para solucionar el conflicto. Al respecto el ministro Gudiño comentó en el pleno que “el gobierno federal dejó por mucho tiempo en un estado de abandono absoluto a Oaxaca, al negarle el apoyo de las fuerzas federales que estaba obligado a brindar; parecía no haber estado”.

La resolución de la Corte a lo más que llegará, y ojalá me equivoque, será a publicarse en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta del Gobierno del Estado de Oaxaca y en el Semanario Judicial de la Federación. ¿Pero la justicia? ¿La rendición de cuentas? ¿Las pérdidas millonarias y el daño al patrimonio público? ¿La muerte de varias personas, incluyendo el periodista norteamericano Brad Will? ¿La impunidad de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)? ¿La responsabilidad de Ulises Ruiz y sus funcionarios?

En una democracia funcional, México no es el caso, un pronunciamiento similar como el que realizó hace unos días la Corte, obligaría en lo inmediato a la renuncia del gobernador. Acá sin inmutarse, nuestro Ulises contesta por medio de un comunicado de dos líneas que su gobierno estará “atento”. Ayer declaró: “no voy a renunciar”. Ulises Ruiz puede dormir tranquilo porque lo que diga la Corte se limita a un acto declarativo, y por lo tanto, decorativo. De esta manera, las pretensiones de hacerle un juicio político son irrelevantes porque al fin estarán en el dominio de su propio partido. Triste, predecible final.

Charrismo mexicano

Las noticias que se han ventilado sobre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y su infaltable líder esta semana, no son novedad. Más aún forman parte de un largo y certero diagnóstico sobre los problemas nacionales. Dicho de otra manera, el problema de los sindicatos es tan sólo uno de los capítulos que aquejan la vida nacional, pero también, es un asunto que expone a todas luces el subdesarrollo del país. Pero aclaro de una vez mi postura antes de entrar en materia. No estoy en contra de los sindicatos ni mucho menos de su existencia y su razón de ser. Más bien considero que son derecho ganado con mucho esfuerzo por las sociedades que nos antecedieron.

En ocasiones ese derecho llevó trágicamente un desenlace violento que les costó la vida a muchos trabajadores. Sin embargo, como ha sucedido con otros logros en el país, los sindicatos se distorsionaron, perdieron el rumbo y ahora, en vez de ser una defensa de los agremiados, son la palanca para riquezas personales, liderazgos perversos, chantajes nacionales. En realidad esta situación que marca lo mismo al sindicato de la educación, el petrolero, el minero y nuevamente el electricista, es producto de un marco institucional que alienta, cobija, tolera, reproduce y hasta respalda legalmente.

En buena medida, los excesos que conocemos son parte de ese arreglo institucional que impera en el país. Se trata de un esquema presente tan vivo como en el pasado. Algunos ejemplos como las partidas millonarias que transfiere el gobierno, eso sí, con cargo a los contribuyentes, para las privilegiadas dirigencias sindicales. Una vez ahí, no importa cuál es su destino, ni tampoco conocer en qué se gasta. Mucho menos pensar en rendir cuentas. Y justamente ese el significado de “autonomía” para los sindicatos gubernamentales.

Si hoy vemos una y otra vez los abusos como en los viejos tiempos del monopolio partidista, es porque las antiguas estructuras nunca se desmontaron. Son los resabios del autoritarismo. Esto significa que seguimos jugando con las mismas reglas del juego, luego entonces, los resultados no tendrían que ser de otra manera sino los mismos. Los desastres que ya conocemos: empresa pobre, sindicato rico.

En medio de la crisis económica, el presidente Felipe Calderón bien pude impulsar la revisión de este añejo problema, sobre todo ante la urgencia y el carácter inaplazable con el asunto del SME. Una posible hipótesis sugiere, tras negarle la “toma de nota” al líder de los electricistas de Luz y Fuerza, Martín Esparza, que ahora sí se hará algo de fondo con el problema que se viene arrastrando desde hace varios sexenios. A principio de su gobierno, Calderón no recurrió al “golpe de timón” para deponer a líderes sindicales corruptos. Le apostó al gradualismo, incluso a negativa la alianza con la maestra Elba Esther. Ahora que las cosas se han vuelto más complicadas, se abre una valiosa oportunidad de retomar el problema a fin de recomponer el rumbo. ¿Qué pasa con otros líderes sindicales? ¿Por qué siguen impunes?

Bien dicen que en la política no hay casualidades, y ojalá así lo sea con la orden de aprehensión que le espera al líder virtual de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia. También, esta semana surgió una oposición al sindicato de Petróleos Mexicanos, en particular para que su líder Carlos Romero Deschamps −el mismo que presume a los reporteros exclusivos relojes−, no se reelija como de costumbre.
¿Esto nos indica que hay una estrategia trazada por el Gobierno Federal? De ser así, son buenas noticias, porque en muchos años, los gobernantes toleraron la corrupción. Por el contrario, si en estos conflictos el Gobierno termina cediendo al chantaje, a la extorsión, el intento por resolver el problema quedará como un discurso de buenas intenciones.

A todo esto ¿qué tienen qué decir y hacer nuestros productivos, visionarios legisladores? La legislatura anterior nos presumió de sus avances y logros, pero no fue capaz de construir las condiciones para el largo plazo. Prestos a apagar el fuego con reformas pequeñas, porque era “lo posible”, renunciaron al futuro por atender el corto plazo. La legislatura anterior dejó el tema de la reforma laboral guardado. No quiso asumir el complicado asunto en materia de trabajo, incluyendo el espinoso caso de los sindicatos. En este sentido, la responsabilidad ahora la tiene el Congreso, en especial el PRI, aunque no le guste, aunque e no lo quiera reconocer. Una razonable reforma laboral puede cerrar la pinza con el problema de los sindicatos que carga el Estado y paga la sociedad.

La solución no está en propinar un “golpe de timón” a estos poderosos personajes de nuestra débil democracia, pero cómo ayudaría, sobre todo, sí necesariamente va acompañado el golpe con cambio radical en las reglas del juego. ¿Le entrarán los legisladores? ¿El PRI nos mostrará su compromiso?

Amhates

Por lo general es más fácil hacer la crítica, señalar lo que no funciona, exhibir las carencias, encontrar culpables. El entorno mexicano es abundante en ejemplos, casos y malestares donde la realidad es rebasada. Con facilidad sobresalimos negativamente en los indicadores internacionales cuando no en los locales. Llámese competitividad, educación, transparencia, corrupción y hasta violencia. De esta manera, el duro presente encarece las alternativas, mientras el futuro no es alentador. Entonces la salida nos lleva al pesimismo, al cinismo o la inquina. En el mejor de los casos el escepticismo se vuelve una opción. ¿Pero todo está perdido? ¿Debemos aceptar el fracaso del país y conformarnos, como escribe Enrique Serna, con las “finísimas” personas de la política? ¿Hasta aquí llegó la democracia?

Amatlán de los Reyes, un pequeño municipio de 38 mil habitantes en el Estado de Veracruz ofrece evidencia de que no puede ni debe quedarse así la realidad mexicana. Diversos grupos de ciudadanos organizados de ese municipio han encontrado vías de incidir para cambiar las cosas, corregir el rumbo, proponer nuevos caminos. Al igual que otras partes del país, los habitantes han sido testigos, pero también han padecido políticas estériles, gobiernos opacos, decisiones contrarias al desarrollo de la comunidad. Tal y como sucedió con el caso de la basura. Allá su alcalde decidió que instalaría un relleno sanitario para recibir la basura de otros siete municipios aledaños a Córdoba. Los vecinos protestaron, se quejaron con las autoridades, organizaron foros, a fin de evitar la instalación de basurero, pues argumentaron que el relleno contaminaría los mantos freáticos de los que se abastecen. Sin embargo, el gobierno no tomó en cuenta su opinión y continuó con el proyecto.

“Los veracruzanos de Amatlán de los Reyes, narra Marcela Turati en su excelente reportaje de Proceso (27-IX-09), no estaban dispuestos a que su municipio se convirtiera en basurero de otros siete. A ratos parecía que sus protestas no despeinaban al gobierno, pero de pronto se revirtió la historia. Fue cuestión de conseguir un papel oficial que demostró que el relleno sanitario en realidad dañaría al medio ambiente, y que las autoridades, con tal de construir su basurero, habían mentido. Y como dicen por ahí que información es poder, frenaron las obras. Un síndico amenazó con denunciarlos por «sustracción de documentos oficiales». Pero los amatecos no tuvieron que robar nada, sólo pedirlo por internet, y resultó que el papel no era secreto y que era más público que un baño de a tres pesos: resulta que invocando la Ley de Transparencia le pidieron al gobierno que les mostrara los permisos que tenía el tiradero para funcionar. Y se los dieron”.

El suceso de Amatlán ilustra cómo la sociedad organizada puede utilizar medios prácticos y establecidos para incidir en el rumbo de su comunidad. Al solicitar la información vía transparencia, los “Amhates” (así se autodenominó el grupo de vecinos, en su mayoría mujeres) obtuvieron el estudio ambiental donde se señaló el daño ambiental, pero al mismo tiempo exhibieron a su gobierno municipal, que con tal de instalar la inversión, no dudó en hacer informes falsos, sin importar siquiera el riesgo para las personas.

Turati señala que “un año antes ninguno de los Amhates usaba internet y menos sabía que desde 2003 en México funciona una ley que reconoce el derecho de todos a pedirle al gobierno información pública y obliga a los burócratas a proporcionarla. Ellos formaban parte de un experimento llamado IFAI-Comunidades, que enseñó a los desfavorecidos que tienen derecho a saber y que con la Ley de Transparencia pueden pedir la información existente”.

Los Amhates son un claro ejemplo de lo mucho que pueden lograr los ciudadanos organizados para su entorno inmediato. La salida fácil y común habría sido cerrar calles, hacer destrozos, recurrir a la violencia como medio de presión, o peor aún, no hacer nada, quedarse en la inmovilidad como tantos ciudadanos que no se perciben así mismos como corresponsables del cambio. Justamente hace unas semanas me refería en este mismo espacio a la urgencia de una revolución ciudadana capaz de generar como los Amhates, cambios impensables.

El gran ausente en la vida pública del país es el ciudadano porque no termina de aceptarse como tal, con derechos y obligaciones, porque como argumenta Fernando Escalante Gonzalbo, no deja de ser súbdito para asumirse ciudadano.

No obstante, hay pequeños grupos de mexicanos, organizaciones civiles, asociaciones, juntas de vecinos, amas de casa que forman redes de compromiso cívico para beneficio común. Esa aportación por más pequeña o insignificante que parezca, demuestra que se puede influir favorablemente, que poco a poco se puede recuperar la confianza e incluso construir un buen gobierno.