Una buena

Hacia 1950, uno de los grandes politólogos de la Universidad de Chicago, el norteamericano Harold Lasswell, había propuesto una innovadora y creativa forma de hacer política, a partir de una metodología para el tratamiento y resolución de problemas públicos. La técnica, fue bautizada en castellano, aunque de manera inexacta, como políticas públicas. En esencia, el método propuesto por Lasswell, parte de la relación entre el gobierno y los grupos de ciudadanos organizados, como una forma, en donde ambos actores participan de los problemas y las alternativas.
En otras palabras, la técnica busca construir una agenda de gobierno compartida en responsabilidades, porque no es solamente el gobierno quien decide y resuelve problemas, sino que también los ciudadanos, participan en conjunto de las problemáticas y su solución. De cierta manera, se trata de la incorporación de los ciudadanos en el proceso decisorio del gobierno, siempre en campos pequeños y limitados, como la colonia, la comunidad, la escuela, el gobierno local. Pero ¿es aplicable este esquema en México, donde nuestra cultura política es precaria y contradictoria, pobre e incipiente? Más aún, ¿existen casos exitosos o ejemplos de políticas ciudadanas en nuestro entorno inmediato?

Sin caer en entusiasmos y efímeros optimismos, la respuesta es sí. Y casi, habrá que escribirlo con mayúscula, a pesar de las dificultades del entorno, las posibilidades de cambio, están sin lugar a dudas, en los espacios locales. Y para muestra, El Siglo de Torreón (24/03/09), dio cuenta en una de sus notas de la sección local, de qué manera los vecinos de la colonia El Fresno, lograron lo que parecía imposible: incidir en la agenda de gobierno para atender sus problemáticas específicas. El problema de los vecinos provenía de tiempo atrás, derivado de los ruidos generados por los antros que rodean la zona habitacional. Hartos del problema, intentaron por una y otra vía cambiar la situación. Ni los desplegados en la prensa, ni las peticiones al Ayuntamiento rindieron frutos.

Tras los infructuosos intentos, los propios vecinos, representados por Enrique Peña, presidente de la Asociación de Colonos, fueron autocorrigiendo la ruta para resolver el problema. Decidieron recurrir a su representarte popular, el diputado federal Carlos Bracho, a quien expusieron el problema, para luego exigirle en su participación legislativa, que llevara al Congreso la propuesta de actualización de la norma que regula el ruido. Así los vecinos, entendieron que al cambiar las reglas del juego, podrían entonces, incidir en el bienestar de su comunidad inmediata. La propuesta ciudadana para actualizar la obsoleta Norma Oficial Mexicana 081 (aprobada en 1994), se refiere a la regulación de los ruidos con la finalidad de mejorar el bienestar de las personas y del medio ambiente.

El punto de acuerdo, donde el diputado, dirigido por los ciudadanos, expresó así el problema: “El primer aspecto importante que deberá ser sujeto de revisión está en el campo de aplicación de la norma, donde se incluyen en una sola categoría a la pequeña, mediana y gran industria, comercios establecidos, servicios públicos o privados y actividades en la vía pública sin establecer diferencia alguna entre la amplia gama de actividades que se mencionan, mucho menos una distinción clara expresada en decibeles de los límites de emisión de ruido para cada una de las categorías. No se debería evaluar con el mismo criterio ni con la misma escala, el ruido que produce una fábrica instalada en una zona industrial durante la jornada de trabajo, que una cantina con música en vivo enclavada en los límites de una zona residencial y operando en horario nocturno permitía hasta 65 decibeles en espacios habitacionales, cuando el parámetro internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), establece 40 decibeles”. El interés ciudadano fue plasmado en el legislativo el 8 de abril de 2008, donde se exhortó al Ejecutivo Federal actualizar la norma. Finalmente este mes, lo ciudadanos organizados lograron que la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa.

Sin bloqueos de calles, ni afectaciones a terceros, los colonos lograron, de manera civil y sin violencia, recurriendo a los caminos institucionales establecidos, pero poco utilizados, incidir en la vida pública de su entorno inmediato; pero también, con su iniciativa, beneficiarán a los demás ciudadanos en el país. Entonces, el impacto de la política pública, trascendió más allá de un problema particular en una colonia de Torreón.

Varias lecciones nos quedan de esta valiosa experiencia: 1) Si se lo proponen, los ciudadanos organizados civilmente, pueden transformar para bien su entorno común; 2) Una participación responsable exige cuentas a sus gobiernos, como una clara forma de asumir su corresponsabilidad; y 3) Los cambios profundos en nuestra vida pública, o al menos sus posibilidades, tendrán que venir de abajo hacia arriba, porque de arriba hacia abajo, dejó de funcionar hace mucho tiempo.

Torreón visto por la Auditoría

Siempre resulta más fácil y cómodo gastar el dinero de los otros, al menos, esa parece ser la clara señal que envían los gobiernos: viajes con cargo al erario, concesiones repartidas como bienes privados, desvío de recursos, privilegios al amparo del poder, irracionalidad económica en el gasto, opacidad y para acabar pronto, una ausencia casi general de rendición de cuentas. Y así lo corroboran las irregularidades documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a cargo del contador Arturo González de Aragón. La semana pasada se publicó el extenso informe, basado en 962 auditorías que reflejan el manejo de la Cuenta Pública por el Estado Mexicano durante el año 2007. Tan sólo ese año, los malos manejos del dinero público ascendieron a la pequeña suma de 60 mil 723 millones de pesos. El informe de la Auditoría consta de diez tomos, y en especial el tomo X, volumen 8, está dedicado al Estado de Coahuila, donde se revisa a los municipios de Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras, San Pedro y algunas áreas del Gobierno Estatal.

¿Pero cómo le fue a Torreón? ¿Qué detalla la ASF sobre el ayuntamiento? Y sobre todo ¿Cómo está manejando los dineros públicos?

La ASF, órgano dependiente del Congreso de la Unión, auditó los recursos provenientes del Ramo 33, el cual se refiere a los dineros que la Federación destina a Estados y Municipios. Revisó dos fondos presupuestales: 1) Los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y 2) Los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento de Municipios (FORTAMUN). Las áreas auditadas del Ayuntamiento fueron: Obras Públicas, Servicios Administrativos, Desarrollo Humano y la Tesorería Municipal. En este sentido, el propósito de la Auditoría fue evaluar la calidad de gestión y control de los recursos federales aplicados en el municipio. En otras palabras, investigó sobre la eficacia y eficiencia de los recursos públicos administrados por el gobierno de Torreón. A grosso modo, dada la complejidad y extensión del informe, resumo las principales faltas e irregularidades que encontró la ASF en la operación de los recursos federales: a) Obras que presentaron atrasos sin justificar y sin aplicar sanciones correspondientes a las empresas que las operaban, incluso, no se aplicaron las multas respectivas por incumplimiento de contrato; b) Obras que terminaron costando más de lo presupuestado previamente, sin presentar razones fundadas y explícitas; c) Recursos que fueron utilizados con fines distintos para el cual ya estaban etiquetados; d) No se pagó los impuestos al SAT por la erogación de 12 millones de pesos aplicados al personal de Seguridad Pública. En tal caso, la ASF recomendó al SAT auditar al Ayuntamiento con el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales; e) Se adjudicó la compra directa de combustible por 22 millones de pesos, contraviniendo las leyes de Adquisiciones y Contratación de Servicios; y la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

En resumidas cuentas, la Auditoría concluyó que el municipio de Torreón debe fortalecer y mejorar sus mecanismos de control, operación y manejo de los recursos públicos, con la finalidad de obtener mayor eficacia, calidad y transparencia en las obras. De 86 millones ejercidos durante el 2007, el 46.0% de los recursos se aplicaron en fines no previstos por la normativa del fondo, mientras que el 44.5% se aplicó en obras y acciones que no están en los rubros que marca la Ley de Coordinación Fiscal.

¿Por qué no se respetó la legalidad, y más aún, dónde está la labor de la Contraloría municipal para supervisar el uso de los dineros públicos? Al respecto, la valoración de la ASF es contundente: la Contraloría no tiene “el carácter preventivo deseable” que permita la optimización y buen manejo de los recursos públicos. La situación resulta tan precaria administrativamente, que la Auditoría insiste una y otra vez en la carencia de manuales de operación, pero también de una verdadera coordinación entre los órganos del gobierno municipal.

Para la ASF el ayuntamiento de Torreón está en color amarillo, igual que Saltillo. Esto quiere decir, que el indicador que evaluó el desempeño municipal, registró un punto medio, en el entendido de que verde, según el semáforo de la Auditoría, es alto, y rojo, como el municipio de Monclova, bajo.

Esta semana, escribía al respecto el prestigiado politólogo Mauricio Merino; “Nos falta mucha fontanería, para limpiar y destapar nuestras tuberías dañadas y obstruidas”.

En el fondo, no se trata sólo de ganar elecciones y estar en el poder, ni tampoco de ejercerlo en la marcha y “hacer” cosas, sino de hacerlas bien, y con racionalidad. Me refiero a generar, y aquí incluyo a los ciudadanos, un gobierno de calidad que basa su legitimidad en la rendición de cuentas.

Xcellerator

No es el nombre de una película, tampoco de un videojuego y mucho menos, una venta de autos deportivos. “Xcellerator” es el nombre de una larga y acuciosa operación que el gobierno norteamericano organizó para desarticular una banda del crimen organizado que operaba, como tratado de libre comercio, en México, Estados Unidos (EU) y Canadá. El operativo fue organizado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y tuvo su inicio en California durante el año 2007. Tras 21 meses de investigación y rastreo, el operativo tuvo resultados espectaculares, un tanto inusuales, para lo que se presenta en los EU.

El número de detenidos resulta congruente con el tamaño de la operación: 755 procesados. Materialmente el decomiso también fue a gran escala: 59.1 millones de dólares en efectivo, 12 toneladas de cocaína, así como 8 kilogramos de heroína y 1.3 millones de píldoras de éxtasis. Los resultados fueron contundentes, visibles y palpables, pero al mismo tiempo, evidenciaron el tamaño del problema, así como los alcances de las organizaciones criminales que operaran con redes bien tejidas y organizadas desde México, y que tienen presencia, según la propia agencia de inteligencia norteamericana, en más de 230 ciudades de EU. En la operación de la DEA, participaron más de 200 elementos que también lograron la incautación de 149 vehículos terrestres, 3 aeronaves, 3 vehículos marítimos y 169 armas de fuego.

Aunque sé que son odiosas las comparaciones, y sobre todo por el grado de corrupción que permea las instituciones en México, la operación Xcellerator es un espejo que refleja las carencias e incapacidades del Estado Mexicano, no sólo porque acá, a pesar de los más de 5 mil muertos durante el 2008, y el despliegue espectacular de fuerzas policiacas y militares, los resultados de los múltiples operativos han sido muchas veces, magros y decepcionantes.

¿Cuántas veces, después de intensas balaceras, las autoridades apenas si logran detener a unos cuantos, y no pocas veces, a ninguno? Por otro lado, las áreas de inteligencia de los diferentes cuerpos de seguridad en México, ya sea la Secretaría de Gobernación con el “invisible” CISEN, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública o la Unidad de Inteligencia Financiera en Hacienda, no nos han ofrecido a los mexicanos una operación de esa magnitud con resultados tajantes. Al decir esto, no pretendo negar los esfuerzos del Gobierno Federal y la política inédita impulsada por el presidente Felipe Calderón, como tampoco pretendo ignorar los decomisos y los enfrentamientos, los detenidos y los muertos. Sin embargo, muchas de las operaciones no logran en realidad golpear a fondo a los cárteles, más aún, los vemos operando y constantemente retando al Estado. ¿Dónde está nuestro Xcellerator? ¿Dónde los resultados que vayan, no a las ramas, sino a la raíz del problema?

En el ámbito financiero, un informe reciente del Fondo Monetario Internacional revelado el mes de enero, deja las cosas en claro, en tanto el desempeño poco efectivo de México en el combate al lavado de dinero. El informe señala que la “inteligencia financiera” no ha investigado adecuadamente, a grado tal que entre 1989 y 2007, es decir, en los últimos 18 años, el Gobierno mexicano solamente obtuvo 25 sentencias condenatorias por el delito de “lavado” de dinero.

El asunto de la guerra abierta contra el narcotráfico y las variantes de crimen organizado, le ha valido al presidente Calderón credibilidad y confianza ante la ciudadanía, pues tiene casi el 70% de aprobación. No obstante, y más allá del empleo legítimo de la violencia, una guerra requiere algo más que fuerza y fusiles, al menos, esa fue la lección de inteligencia que los atenienses demostraron en la Antigua Grecia, a los militares espartanos, cuando la memorable guerra contra los persas.

PRI reloaded

Paso tras paso, victoria tras victoria, el PRI se apunta claramente como el próximo ganador de la campaña electoral. En la mayoría de los comicios electorales celebrados durante el 2008, el tricolor se impuso como el gran ganador, casi recordando los viejos tiempos del partido único. Por el contrario, el grueso de las derrotas las cargó el PAN, incluso en aquellos espacios que se consideraban históricamente favorables. Hoy por hoy, y esto resulta contradictorio para el partido en el poder, el panismo se derrumba, apenas el año pasado si consiguieron un 3% de victorias electorales; casi nada. Llámese decepción, incapacidad e ineficiencia para gobernar o exceso de confianza, son algunas razones de la derrota panista, y los electores están marcando sus preferencias hacia el PRI.

La reciente encuesta de Reforma (23 febrero), publicada el lunes pasado, dibuja en cierta forma la caída libre del PAN y el reposicionamiento del PRI. Tan sólo en los últimos dos meses, el partido de Felipe Calderón se desplomó doce puntos porcentuales, mismos que el PRI ganó consistentemente desde el año pasado. Los resultados de la encuesta nacional, son similares también, a los expuestos por El Universal (9 de febrero), donde la ventaja se abre 15 puntos a favor del PRI. Dicho de otra forma, si este mes fueran las elecciones, el PRI obtendría 39.9% de los votos, mientras que el PAN alcanzaría 25.1% y el PRD 15.4%. El panorama no podría ser mejor para el tricolor, ya que inicia en su mejor momento desde hace seis años, incluso, en la encuesta de Mitofsky (enero), donde se mide el rechazo de los votantes hacia los partidos, el PAN le ganó al PRI el segundo lugar del partido más rechazado (24%), sólo superado, y con creces, por el PRD, que suma ya un 43% de rechazo. Con estas cifras, está claro que la próxima legislatura quedará dominada por el PRI, quien ocupa actualmente la tercera posición en el Congreso, pero que se comporta y marca el ritmo de la agenda como si fuera primera fuerza. No obstante, se plantea ya la posibilidad, que desde 1997, un partido logre la mayoría absoluta, cincuenta por ciento más uno, lo que equivale a 251 diputados para controlar el Legislativo. De ser así, estaríamos ante un rechazo contundente al proyecto del presidente Calderón y consecuentemente, a la factibilidad del arribo del PRI a los Pinos.

Pero ¿qué puede ofrecer este regreso inminente del PRI, esta versión reloaded o recargada? Veamos un ejemplo. Hace un días, el presidente del PAN, Germán Martínez, criticó al PRI por el “fracaso de los gobiernos”. La respuesta no se hizo esperar y según un senador del PAN, esta discusión tumbó las negociaciones en el Senado para que se aprobaran tres iniciativas importantes del presidente Calderón en materia de seguridad y combate al crimen organizado, tales como, la extinción de dominio sobre los bienes del narco. Mientras el crimen organizado no descansa, la política se paraliza para dar paso al chantaje. No te apruebo porque me criticas. Al final no importa la urgencia ni la pertinencia de las iniciativas, porque nuestro tiempo, lo deja claro la clase política, es otro. Y ese es el mensaje que da el PRI, en un momento en que se apunta casi como el gran ganador de los comicios. Su desprecio hacia el tema de seguridad, nos deja en claro para qué quiere el poder.

Al final, lo que debiera interesar no es tanto si el PAN, el PRI o el PRD proponen, sino la calidad del trabajo que va encaminado a mejorar la vida pública en México, ahora tan degradada por la violencia. De poco ayuda un partido con la mayoría absoluta en el Congreso, si la política carece de una visión de Estado, pues al final, estará siempre al servicio de unos pocos. Resulta desalentador que mientras el crimen organizado actúa a diestra y siniestra, los políticos utilicen el tema de la seguridad como materia prima para las elecciones. Así de pequeña es nuestra política, así de efímera y estéril.

De tapados y bloqueos

Al principio, el bloqueo parecía una cosa normal, una protesta más de la que suelen aparecer en el país, sin embargo, la continuidad, la organización y los días fueron revelando otra cosa. No se trataba de una protesta más, ni tampoco de un simple reclamo, más bien, en los hechos, se asemejó a las formas que suele emplear un partido político a la hora de movilizar gente para su causa. Más tardó en reaccionar el gobierno, más tardó en entender la ciudadanía de qué se trataba, por qué se protestaba, en que los propios bloqueos se multiplicaran en distintos puntos y ciudades. La frontera en Ciudad Juárez, Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, pero también al interior del país, en ciudades como Victoria, Veracruz y Monterrey.

¿De qué se trata? ¿Por qué el malestar? Tras los días, la autoridad fue confirmando las suposiciones: detrás de las movilizaciones “ciudadanas”, del conjunto de “tapados” está el narco. Jugando con los medios y fines, utilizaron lo mismo jóvenes que niños, señoras que ancianos, para bloquear las avenidas, con la finalidad de exigir la salida del ejército de las colonias, el retiro de las operaciones militares contra el narcotráfico. No se trató de un demanda contra las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el ejército, como afirmaban los mensajes de los bloqueos, tampoco de una lucha civil para restablecer un servicio o exigir un beneficio social, sino de la utilización, previo beneficio económico, de la población de escasos recursos para los fines del narco. ¿Cómo explicar esto? ¿Por qué un sector de la sociedad está dispuesto a colaborar con el narco? ¿Qué beneficio les genera, más allá de los 200 o 500 pesos y una mochila con útiles escolares? Pasamos de las narcomantas a las narcoprotestas.

En 1995, el afamado politólogo y sociólogo norteamericano, Robert Putnam, publicó un influyente e innovador ensayo para explicar por qué unos pueblos son exitosos y otros no. Putnam utilizó el concepto de “capital social” para entender un conjunto de redes sociales, normas y confianza que posibilitan alcanzar beneficios sociales e incluso económicos para favorecer el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, la construcción del capital social, requiere de condiciones propicias y valores que le permiten a los grupos de la sociedad cooperar y asociarse para el beneficio mutuo (una comunidad cívica). En este sentido, el concepto de capital social es una útil herramienta para explicar una crisis social como la que vivimos con el crimen organizado. A diferencia de las sociedades exitosas, lo que estamos padeciendo en México, es el lado oscuro del capital social que se promueve desde dos vías: la ausencia de un estado de derecho (la impunidad) y un gobierno ineficaz.

El crimen organizado, por ejemplo, también teje redes de confianza y lealtad, que en ante el incentivo de esas dos vías, sustituye e implanta sus propias reglas. Piénsese en la Mafia. Por otro lado, existe una realidad lacerante entre los mexicanos: no confiamos entre nosotros, lo cual mina claramente el sentido de una comunidad cívica. Menciono un dato para dimensionar la afirmación: 6 de cada 10 mexicanos confían poco en las demás personas (ENCUP, 2005). El asunto de los tapados, los bloqueos y las protestas contra el ejército, son apenas la superficie de una distorsión. Desde hace buen tiempo, el ejército es una de las instituciones públicas que mantiene amplios niveles de confianza y credibilidad entre los mexicanos. En la más reciente encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica realizada en Monterrey (GCE, 18 de febrero), se demuestra que 8 de cada 10 está a favor de la presencia y el reforzamiento del ejército. Otra encuesta, hecha por El Norte (13 de febrero), demuestra que 93% de los regiomontanos, aprueban la presencia del ejército. Entonces, ¿dónde quedaron las protestas?

En el fondo, lo que sí está bien arraigado, es esa cultura de ilegalidad que ha tejido con fuerza sus propias redes sociales, su confianza y solidaridad, ante la ausencia de autoridad. En otras palabras, implanta sus propias reglas con base a un capital social negativo.
Ante la amenaza que impone el narco, ante el poderoso mensaje que manda la violencia, ante las dificultades que implica esta lucha entre gobiernos y entre los propios grupos del crimen organizado, no podemos creer que el problema es sólo de restricciones y mercados, como han propuesto recientemente diversos exmandatarios; ni tampoco es meramente un problema de corrupción e impunidad arrastrada por el gobierno. A lo que me quiero referir, es que todo esto está inmerso en la sociedad, es decir, proviene de ahí, y de las reglas del juego que lo han permitido, que lo han impulsado, pero también que lo han tolerado.

El problema no viene de fuera de la sociedad, ni se originó de algo muy lejano, ajeno a la sociedad misma. Y en este punto, no podemos ignorar la relación que guardan gobierno y sociedad, por dos razones, porque el poder emana o se legitima a través de los ciudadanos, pero también, porque las personas que dan vida al gobierno, provienen de ahí. Entonces, no tenemos el gobierno que nos merecemos, sino el que se nos parece. De la misma manera, el medio millón de “ciudadanos” que el gobierno federal afirma que es parte del narco, proviene de esa sociedad. Lo paradójico del caso, es que cuando se le pregunta a la gente, qué tan responsable es la propia sociedad en la solución del problema, ésta piensa que es el gobierno, el presidente, la policía, los jueces, y casi al final, los ciudadanos (GCE, 2008). Un cambio profundo en la cultura y las instituciones, diría Putnam, requiere tiempo y lentitud.

Sindicalismo trasnochado

Del optimismo presidencial al catastrofismo del empresario, nuestro país sufre en cadena los efectos de la crisis mundial: despidos masivos en las empresas, depreciación de la moneda, caída de las ventas en el mercado interno, contracción de la exportaciones, aumento en los precios y finalmente el riesgo que implica no ver la luz al final del túnel. Es cierto que en México no se generó esta crisis como tanto insiste el Gobierno Federal; y también es cierto, que ahora, las finanzas públicas están mejor preparadas que en la catástrofe irresponsable de 1994, cuando la economía mexicana se colapsó.

Sin embargo, también hay que señalar que en muchos sentidos, nuestro país, sigue siendo frágil por una serie de rezagos históricos que han impedido sistemáticamente el crecimiento y desarrollo, o en el mejor de los casos, sólo han privilegiado el crecimiento de unos pocos, en detrimento de la mayoría. Por eso resultan incompletas las declaraciones de Carlos Slim cuando le exige apertura y competencia al gobierno de Felipe Calderón, siendo que el mismo controla una industria con servicios caros y poco competitivos, como bien lo demuestra en sus informes mundiales la OCDE.

Por otro lado, la presencia del Estado Mexicano para regular lo que sí puede y debe regular, ha sido débil e irrelevante, o para decirlo de otra manera: no ha generado la condiciones para una economía competitiva, pero tampoco una economía lo suficientemente dinámica para beneficiar a la mayoría de la población. Revisemos un ejemplo actual, donde claramente la herencia del pasado resulta un obstáculo para el desarrollo, pero al mismo tiempo evidencia las tareas pendientes y básicas que no ha producido el Estado, esa enorme institución, ahora señalada por algunos como “fallida”. Desde el domingo pasado, la Sección 64 del Sindicato Nacional Minero está en huelga al interior de una de las empresas más importantes de la región, Met Mex Peñoles. El asunto parecería trivial y la exigencia de aumentos por parte del Sindicato, en 9% directo al salario y 4% más en prestaciones, se mantiene en el estira y afloja de las negociaciones.

No obstante, resulta irrazonable la petición del sindicato ante los efectos de la propia crisis. Mientras miles de trabajadores en la industria automotriz mundial, la cual también afecta directamente a Coahuila, están sufriendo recortes en su planta laboral, algunos parece que viven en otra realidad, una ajena a los colapsos financieros y las contracciones del mercado. Tal es el caso del Sindicato minero, que lejos de valorar su plaza laboral, ante el paro técnico de sus compañeros en otras industrias, rompen toda lógica, o al menos cordura en el mercado. Y ya sabemos que la huelga no sólo es un asunto interno de una empresa, sino que el hecho desencadena una serie efectos negativos en la economía regional. Y esa es justamente unas de las relaciones obsoletas entre las empresas y los trabajadores. Si lo pensamos en el Estado, la situación es mayor y peor entre la institución y los sindicatos. Y este es sin lugar a dudas, uno de los temas que nos llevan al retraso y que en algún momento nuestros honorables legisladores tendrán que tratar en el Congreso de la Unión.

Actualmente, nuestro país se rige bajo una Ley Federal del Trabajo emitida en 1970, cuando el país vivía otras circunstancias y condiciones hace 39 años. Y no es que lo diga el Secretario de Trabajo, Javier Lozano, en el foro “México ante la crisis ¿Qué hacer para crecer?”, sino se trata de una reforma que los gobiernos mexicanos han dejado legislatura tras legislatura. En el fondo se aspira a modernizar al país y dotarlo de un marco institucional adecuado a las necesidades. Ahí están como muestra, los privilegios perpetuos y las plazas hereditarias del Sindicato de la Educación, o qué decir, de los petróleos y su seguro e inamovible líder corrupto. Cada año el gobierno transfiere miles de millones para mantenerlos tranquilos y apaciguados.

El sindicato minero y su líder virtual no se quedan atrás, al fin que la tecnología facilita las labores de un cacique que nadie puede llamar a cuentas.
Mientras tanto, la crisis no distingue los entusiasmos y los discursos, requiere ante todo acciones inteligentes y duraderas, y si este momento difícil para muchos, no nos lleva a revisar y replantear, a responder y renovar, difícilmente saldremos del atraso en el que llevamos atorados desde mucho tiempo atrás, pero no por la crisis, sino por la pobreza institucional, esa suerte de progreso improductivo que generan los gobiernos.

Nuestros legisladores tienen la palabra, pero la más de las veces, guardan silencio, o simplemente no les importa porque están al servicio de otros intereses que no son los públicos. Si no es esta legislatura, no veo cuándo, pero la reforma laboral no puede esperar más, mientras otros países, incluyendo nuestros vecinos del sur, han presentado mejores condiciones jurídicas para favorecer inversiones, y consecuentemente el empleo, el país mantiene condiciones obsoletas y contraproducentes como la caduca relación que guardan las empresas e instituciones con los sindicatos. ¿Vendrá la reforma que necesita el país, o nos saldrán con la excusa de que aprobaron lo posible a sabiendas de lo deseable?

Prueba de fuego

Más aburridos que los juegos del futbol de la liga mexicana, resultaron sin lugar a dudas, los famosos spots políticos que veremos repetirse ad nauseam o por millones, que es lo mismo. El inicio del proceso electoral para elegir “representantes” populares en la Cámara de Diputados, estrena la reforma electoral aprobada en el 2007 tras la crisis de la elección presidencial en el 2006. Una de las supuestas bondades que el nuevo código electoral promovía, era hacer campañas menos caras y dispendiosas, pero también quitar las transferencias millonarias de dinero público a las dos principales televisoras, que durante años habían gozado.

Ahora sabemos que en realidad las campañas no nos salen sustancialmente más baratas, sino que siguen costando varios miles de millones no obstante los efectos de la crisis mundial. ¿Dónde quedó el ahorro? ¿Dónde el beneficio para los ciudadanos? Y si bien, el dinero de los contribuyentes no pasó a carretadas hacia las televisoras, los spots tan preciados por la clase política, se multiplicaron entre 2006 y 2009 más de tres veces, hasta acumular la insensata suma de 24 millones con el derecho de los tiempos oficiales. Lo particular del asunto, a pocos días de iniciadas las precampañas, fue la actitud de las dos principales y omnipresentes televisoras ante las nuevas reglas electorales.

La oportunidad para probar las nuevas reglas, se materializaron ante la mirada de quienes observaban los juegos deportivos. Una leyenda interrumpió la trasmisión del Ajusco: “lamentamos esta interrupción, su programación favorita se reanudará en dos minutos. A continuación damos paso a mensajes políticos trasmitidos por orden del IFE, en cumplimiento de las disposiciones del COFIPE aprobadas por el Congreso y promovidas Gobierno Federal y los tres principales partidos políticos “. De esa manera, las televisoras buscaron molestar a los televidentes y pasarle la factura al instituto y de paso a los partidos. Al día siguiente, el conflicto entre IFE y las televisoras llevó al desacuerdo con la disposición de los tiempos oficiales dedicados a las campañas políticas.

Los consejeros del IFE plantearon iniciar un procedimiento administrativo para sancionar a las empresas Televisa y TV Azteca por presuntas violaciones a la ley durante la transmisión de spots, porque técnicamente no siguieron los acuerdos dispuestos. De ser así, aunque no lo aseguro, la próxima semana podríamos ver una sanción clara y contundente contra las intocables televisoras, y entonces, tras el conflicto y las irregularidades, estaríamos conociendo la calidad y capacidad de autonomía y sanción del árbitro electoral, tan urgido de fuerza y legitimidad después de la complicada elección de hace tres años, donde el IFE perdió lo que había ganado en independencia. Hasta hace días, los consejeros del IFE analizaban un estudio técnico y jurídico en el cual encontraron argumentos para sancionar a las televisoras que manipularon y modificaron la pauta de los spots electorales transmitidos el sábado, domingo y lunes pasados.

El monitoreo del instituto ha mostrado que mientras la televisión abierta transmitió en bloques de hasta seis minutos los spots de los partidos políticos y el IFE, la televisión por cable sustituyó ese tiempo aire con anuncios de Televisión Azteca, de sus telenovelas o anuncios promocionales de leche. Los consejeros analizaron dos posibles violaciones manifiestas: la que señala que las televisoras de paga no pueden modificar la pauta que reciban de las televisoras con señal abierta, y la que establece que los concesionarios no pueden comercializar los tiempos que, por ley, deben destinar a los spots de los partidos políticos. De esta manera, la relevancia del conflicto, le abre al IFE y a sus consejeros, la posibilidad de enviar un mensaje poderoso a los diferentes actores que participan en las elecciones, pero sobre todo, un mensaje de confianza al ciudadano.

Se trata de una prueba decisiva, una prueba de fuego para nuestro árbitro electoral, que hasta hace no mucho, fue asaltado por una clase política afectada por sus decisiones. En una democracia funcional, esta historia abierta la semana pasada, estaría acompañada de sanciones inmediatas y ejemplares, y justamente esa es la vulnerabilidad de las instituciones que conforman el Estado, ahora tan puesto en duda por propios y extraños como “Estado fallido”. Sin embargo, y aunque todavía no comparto esa tesis del “Estado fallido”, sí pienso que las actuales condiciones hacen un Estado vulnerable a los imposición de los intereses particulares sobre los públicos. Sin mucha dificultad, un interés creado, un poder fáctico puede sobreponer su interés por encima del bien general y así lo demostraron las televisoras al tratar de imponer una ley de radio y televisión a su medida. El otro escenario posible, lo cual no es ninguna buena noticia, es un IFE nuevamente acorralado y vulnerado por los poderes fácticos.
7 de febrero 2009
El Siglo de Torreón