Era 2010, y el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira I, anunció la aplicación del mando único. Por esos días se utilizó un sofisticado nombre: “Modelo Coahuila”. Bajo dicho esquema se buscó unificar las instituciones, y sobre todo, fortalecer las carencias policíacas en los municipios. El resto de la historia ya la conocemos… el supuesto mando único se disgregó en corrupción, escándalo e ineficiencia. Ni los índices de criminalidad bajaron, ni tampoco se logró la deseada cohesión de las instituciones. Pero el costoso fracaso no fue para el gobierno estatal, sino para la sociedad. Nuevamente, el gobernador Rubén Moreira II, anuncia el mando único. La propuesta no es solamente local, sino responde a una política del gobierno federal, al fin, para ya van los mandos policiacos de los estados. Y en verdad esperamos que en esta ocasión, esa política sí tenga éxito, porque no sé cuántos intentos fallidos más podamos soportar.
No obstante, la situación de Coahuila no es única, porque se repite también en otras entidades. El más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la cuenta pública 2011, encontró que por entonces los recursos destinados a la creación y fortalecimiento del mando único en los estados presentó un desempeño desigual y alejado del propósito inicial. Incluso la información con la se evaluó la aplicación de los recursos públicos destinados al mando único, no fue “uniforme, confiable ni oportuna, y no se tiene un seguimiento puntual del cumplimiento de las metas convenidas ni de la aplicación de los subsidios”. Cambió el gobierno y el partido, pero ¿ha cambiado la situación?
La ASF exhibió el tamaño de la ineficiencia para tratar de crear el mando único. Así, poco importa la emergencia en la que viven algunas ciudades mexicanas, donde a diario se desborda la violencia. Como si llevaran dos tiempos distintos, el gobierno lleva un ritmo y los ciudadanos otro. De esa manera la ASF “comprobó que 17 entidades federativas no cumplieron con el porcentaje de avance en la aplicación de los recursos y en las metas convenidas”. Insisto: el retraso no lo pagan los gobiernos, sino los ciudadanos. Eso es lo grave cuando sabemos de la poca efectividad de las instituciones encargadas de la seguridad. En ese sentido, el problema no parece estar en el presupuesto, sino en la poca utilidad pública de los recursos que se destinaron desde 2011 al mando único. Visto así, aunado a la inercia de las instituciones responsables de seguridad, el problema no sólo está en las calles con los grupos criminales, sino adentro, con la herencia de una administración inconsistente, ineficaz y con cargo a los contribuyentes.
22 de febrero 2013
Milenio http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9173138
