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| Fuente: ASF, 2012 |
Literalmente,
ya lo endeudado ni quien lo quita. El dicho aplica a la perfección a los
estados y municipios del país que se han endeudado, algunos hasta el tope,
haciendo inoperantes sus gobiernos. Se tratara del peor de los mundos para los
ciudadanos, y del mejor para los políticos: las deudas carecen de responsables.
Qué más da que el dinero público fuera saqueado y con el aval conveniente de
los bancos; qué más da que las deudas no aumenten la inversión pública ni el
valor social; qué más da, si las deudas se convirtieron en sinónimo de fraude
institucionalizado.
En
el México que por fortuna se nos fue, el problema de la deuda estaba en la
federación. Ahí cada sexenio les daba por quebrar, pero esa costumbre
institucional cambió a partir de la presidencia de Ernesto Zedillo. En el
México democrático, el problema ya no es el gobierno nacional, sino los estados
y los municipios. A vergüenza de los coahuilenses, el moreirazo quedó como paradigma de corrupción y deuda en los estados.
Actualmente la deuda de los estados y municipios asciende a unos 400 mil millones (ASF, 2012). Y aunque no es un foco rojo, si está en amarillo por la
carga que representa para las finanzas locales. Impunemente algunos deben más
de lo que tienen.
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| Fuente: ASF, 2012 |
En estas
circunstancias ¿qué protege a los ciudadanos? ¿cómo fijar límites a quienes
comprometen el dinero de los contribuyentes? ¿Cómo defender a los ciudadanos
ante deudas descomunales como en Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Jalisco,
Tamaulipas, Michoacán? (Nótese que el problema no es de partidos, sino de
voracidad).
Hace
algunos días, el diputado federal priista Javier López Zavala, presentó una iniciativa de
reforma para limitar la contratación de deuda en estados y municipios. La
propuesta consiste en reformar los artículos 115 y 117 de la
Constitución, es decir, los artículos donde se les puede amarrar las manos
gobiernos estatales y municipales. El propósito de la reforma es recuperar en
la legislación, la regla de oro de las finanzas: no gastar más de lo que se
tiene; no endeudarse más de lo que se puede.
De esa manera, la reforma propone limitar
la deuda a un máximo, homologar los criterios de contratación, transparentar
las condiciones e incluso, condicionar el endeudamiento sólo a la inversión
pública. En pocas palabras, todo lo contrario de lo que ahora sucede. En el
mismo sentido, la Auditoría Superior de la Federación promueve una reforma a la
Ley general de deuda pública. Por su parte, el club de los gobernadores, la
Conago, ya hablaron de cambios con la Secretaría de Hacienda. ¿Es el fin de la
fiesta? Todavía no lo sabemos, pero regresar a los principios básicos de las
finanzas, es un paso necesario para ordenar el desastre y limitar los abusos. Entre tanto, deuda
dada, ni Dios la quita.
Milenio 27 de marzo 2013
